Resulta preocupante que grandes sectores sociales no sepan diferenciar una ficción vendida como verdad teniendo la realidad a ojos vista que les muestra todo lo contrario. La sutileza en el trabajo educativo mediático podría ser el único atenuante para sus víctimas. La matriz generadora de razonamientos cuyas aplicaciones direccionales se presentan tan opuestamente absurdas, gobierna hoy el país.
Las disparatadas argumentaciones se presentan  como las más claras pruebas de las diferentes varas de medición a la hora de verbalizar su utilización. Estas aparecen en funcionarios para evadir responsabilidades en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería Nacional; pero también en las disparatadas afirmaciones de legisladores y “simpatizantes” PRO-Cambiemos para justificar ese gravísimo delito. Para eso recurren a un pueril y unidireccional relato que pretende vender como necesarias “las medidas que se adoptan para “ordenar” –o “normalizar”-  la sociedad.
Acá aparece la “posverdad” enfrentada a la realidad en formato de ejemplos claros.
Vara 1: Para no pocos “jueces” al servicio del poder de turno, la responsabilidad del accidente ferroviario de Once que tantas vidas costó, es del Estado en las figuras del exministro De Vido y la expresidenta Cristina Fernández, un relato creado y difundido mediáticamente hasta el hartazgo y su instalación definitiva en el inconsciente colectivo. 
Vara 2: Llamativamente en el gravísimo hecho de la desaparición de Santiago Maldonado el Estado, en este caso en las figuras de  la ministra de Seguridad Bullrich y el propio presidente Macri no aparece como responsable del  hecho. 
Según esta posverdad construida mediáticamente, la desaparición de Maldonado no fue “ordenada” por dichos funcionarios. Viendo las maniobras distractivas en marcha seguramente terminará siendo responsabilidad de un “loquito” Gendarme a quien “se le fue la mano”. 
El motorman que no accionó los frenos de la formación del Sarmiento  y produjo las muertes que produjo, ni siquiera es uno de los “corruptos k” hasta para el  delegado gremial “pollo” Sobrero, sino que el accidente fue “desidia” producto de una planificada corrupción K”. Una disparatada argumentación que atenta cualquier razonamiento jurídico pero que desnuda esa doble vara a la hora de instalar en la opinión pública ciertos juicios de valor. 
Si el accidente de Once era evitable por ser responsabilidad del Estado la seguridad en el transporte público; la pregunta cae de maduro: en la desaparición de Maldonado, ¿no? ¿Quién debe velar por la seguridad de los ciudadanos si no es el Estado? Para el Gobierno PRO ¿el Estado sólo debe cuidar la integridad física y bienes de manera selectiva? (llamese Lewis, Benetton, Turner o lo que sea). Lo de la estación Once, los peritajes prueban que fue un accidente por imprudencia del motorman. La desaparición de Maldonado ¿fue también por imprudencia de un gendarme? ¿Se puede llamar imprudencia a una desaparición forzada? La responsabilidad del Estado ¿existe para un caso y para el otro no? ¿Qué es más grave? ¿Tener al responsable del accidente de Once pero correrlo del hecho para accionar políticamente contra el gobierno anterior?  ¿O tener una cadena de complicidades para que la socialización de responsabilidades entremezcle a ejecutantes de la desaparición con los que ordenaron la represión y el accionar de los gendarmes buscando que todo se diluya? Los gendarmes sostienen que sólo actúan bajo “órdenes” (obediencia debida). La “obediencia debida” no habilita un crimen de lesa humanidad y el ejecutante es tan criminal como el autor intelectual del hecho  junto a los que bajaron la directiva.    
La preocupación es lógica en tanto el Estado de derecho es el que está en riesgo. El desmadre y la falta de control político de las fuerzas de seguridad por estar armadas (literal) pone al resto de la sociedad en  total estado de indefensión. 
Que ningún funcionario del gobierno quiera reconocer que dio orden para que la desaparición forzosa de Maldonado se produjera es aceptar explícitamente que: 
a)    A las fuerzas de seguridad  no las controla nadie.
b)    Que dichas fuerzas deciden las políticas de seguridad del Estado con criterios propios.
c)    Que para la “Justicia PRO” el accionar de las fuerzas de seguridad no es enjuiciable; o sólo para utilizar a algunos de ellos como “perejiles” a quien cargarle la culpa.  
d)    Que la fuerza es el derecho de las bestias y es claro que hoy a esas bestias se la usa políticamente según sean los intereses en juego a defender, en este caso de los sectores económicamente privilegiados.
e)    Que frente al Estado de derecho que decían venir a defender, son los propios gobernantes, funcionarios y legisladores PRO-Cambiemos  los que aceptan en los dichos, hechos y actitudes su incapacidad política para un control racional de las normas constitucionales y para que el desmadre de ese Estado de derecho continúe desgraciadamente vigente y día a día se ahonde.

Víctor Leopoldo "Tico" Martínez

(*) Periodista - documentalista catamarqueño