Recientemente, el programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, emitió una entrevista en la expuso a un niño bautizado con el alias "El Polaquito”.
Durante la entrevista, el niño comenta que habría cometido toda clase de delitos, incluso asesinatos a tan corta edad, colocando prácticamente (la nota) al niño en una situación de demonio social, el enemigo que hay que combatir y si es posible, eliminar.
¡Cuánta irresponsabilidad de un medio! ¿En busca de qué? ¿Más rating? No lo sabemos; lo que sí podemos decir es que a través de la nota de mención se vulneraron normas que consagran derechos humanos de los niños.
En efecto, en primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido muy clara en cuanto a la importante función que cumplen los medios de comunicación en relación a una información responsable que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes (art. 17 CDN).
Igualmente, el tratado internacional más ratificado de la historia del mundo señala que "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación” y que, a su vez, "el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques” (art. 16.1 y 2).
Sin dudas, el niño que fue expuesto ante las cámaras de televisión fue víctima de una injerencia arbitraria que mancilló su dignidad como persona, como sujeto de derechos y el Estado a través de la ley debe brindarle protección.
Y digo brindarle protección, porque además de las normas señaladas anteriormente, existe una ley específica que, a pesar de sus años, conserva plena vigencia; me refiero a la ley 20.056 que "prohíbe la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de dieciocho (18) años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos, o cuando por esa difusión o publicidad fuera escuchado o exhibido el menor o se hagan públicos sus antecedentes personales o familiares de manera que pueda ser identificado” (art. 1).
Evidentemente, el programa Periodismo para Todos incurrió en violación a esta norma, ergo, se difundió supuestos sucesos que la ley califica como delito respecto de un niño. Igualmente, por intermedio de esa difusión, el niño fue escuchado y exhibido, haciéndose públicos sus antecedentes personales y siendo claramente identificado.
Entonces, tal y como expresa la norma, el ciclo periodístico debería responder con una sanción de multa que determine un juez o el órgano administrativo de protección integral, además del comiso de los instrumentos donde conste la difusión o publicidad (arts. 2 y 3).
Ahora bien, más allá de las consecuencias legales que deberían haberse suscitado, lo cierto y verdaderamente preocupante es el trato que a diario muchos de los chicos que generalmente pertenecen a los sectores más postergados y en un alto grado de vulnerabilidad social reciben en los medios de comunicación cuando entran en conflicto con la ley penal.
Lo central de la nota no era mostrar las necesidades básicas insatisfechas y la vulneración de los derechos fundamentales del niño, tampoco lo era la falta de contención y amor familiar ni el problema de su deserción escolar; lo medular era mostrar a un niño demonizado, asesino a sangre fría (aun cuando no se probó que realmente hubiese matado), consumidor crónico; en definitiva, a un enemigo social, insisto, al que hay que combatir y eliminar, pero para nada ayudar.
Vivimos en un país en donde entre el 25% y el 32% del total de niñas y niños son pobres. Esto implica un valor que oscila entre 3,3 y 4 millones de niñas y niños; o sea, 6 de cada 10 niños aproximadamente y si bien pobreza no es sinónimo de delincuencia, por experiencia debo advertir que este flagelo unido a otros como la deserción escolar, la falta de contención familiar, el consumo de drogas y la falta de oportunidades pueden llevar a los niños a la comisión de delitos.
No tengo dudas de que el rol de los medios es trascendental para la construcción y fortalecimiento de la democracia y así lograr sociedades más justas y equitativas, sobre todo respecto de aquellos grupos o colectivos en riesgo constante y con mayor grado de vulnerabilidad social como son los niños, evitando arbitrariedades y exponiendo ante la opinión pública la violación a sus derechos humanos fundamentales; sin embargo, los medios (sin generalizar, obvio) están exponiendo a los niños ya no como sujetos de derecho en peligro, sino como sujetos peligrosos, cuando las estadísticas actuales no dejan traslucir esa realidad.