"Luchar por la igualdad siempre que las diferencias nos discriminen, luchar por las diferencias siempre que la igualdad nos descaracterice” BoaVentura De Sousa Santos.

En un sentido clásico se ha entendido el acceso a la Justicia como acceso a la jurisdicción, es decir como un derecho individual de toda persona de acceder a los órganos judiciales. Este concepto, producto de una ideología liberal, exige del Estado no otra cosa que una actitud pasiva, limitada a reconocer que los individuos pueden defender sus derechos.
Avanzando en su evolución, pero orientado en un mismo sentido, encontramos que el acceso a la Justicia también puede ser definido como la posibilidad de obtener asesoramiento legal y judicial, en forma adecuada, sin costos, costos bajos o accesibles y sin discriminación. Es así que surgen, de la mano de los procesos de reforma judicial, los denominados mecanismos de resolución alternativa de conflictos (RAC), en los ámbitos administrativos y judiciales, mediante la incorporación de dispositivos tales como la mediación, conciliación, el arbitraje, etc.
Sin embargo, la noción de acceso a la Justicia ha ido transformándose de manera dinámica al ritmo de los nuevos desafíos que las democracias actuales plantean frente a los Estados. Tanto es así que con la incorporación de los derechos sociales, comienza a centrarse la importancia en el acceso efectivo a la Justicia y la necesidad de acciones afirmativas por parte del Estado. Es decir, una superación del concepto clásico liberal, por una visión social e inclusiva del acceso a la justicia en el marco de la lucha por la igualdad.
Desde esta nueva perspectiva, sin dejar de lado el acceso a la Justicia como un derecho fundamental, nos interesa la idea del acceso a la justicia desde su dimensión política, es decir como un servicio público, que garantiza un adecuado cumplimiento de los derechos de las personas, y que por ello exige la adopción de políticas públicas integrales y coordinadas, las que deben dirigirse principalmente a cubrir las necesidades de aquellas poblaciones históricamente excluidas. Bajo esta nueva mirada ya no será solamente el poder Judicial el principal obligado de brindar un acceso a la justicia, sino el Estado en su conjunto.
En nuestro país, a partir del año 2003 se ha generado un sinnúmero de políticas inclusivas, que han fortalecido esta idea de acceso a la justicia como servicio público, generando un quiebre en la lógica de intervención estatal a través de la presencia real, cotidiana y descentralizada del Estado en los barrios más vulnerables.
Ahora bien, dentro de este nuevo paradigma, interesa preguntarnos si existen y cuáles son las experiencias de articulación entre las agencias judiciales (Ministerio Público y Poder Judicial) y aquellas pertenecientes al Poder Ejecutivo, en relación al acceso a la justicia como servicio público. La respuesta es que existen varias experiencias de este tipo, las cuales se han venido desarrollando durante los últimos años de manera creativa y novedosa.
De todas ellas, nos interesa detenernos en las que involucran, por un lado, al ministerio público de la Defensa, y por el otro, al ministerio de Justicia de la Nación, respecto a la conflictividad vinculada a la migración, violencia institucional y violencia de género.
Como resultado de la firma de acuerdos marcos de colaboración entre ambas agencias, profesionales dependientes del Ministerio Publico de la Defensa, prestan servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en los Centros de Acceso a la Justicia, ubicados en las villas y asentamientos más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Permitiendo de este modo, la presencia estratégica de la Defensa Publica en el territorio asumiendo un rol activo en la búsqueda del acceso a la justicia, generando vínculos de proximidad y de mayor cercanía entre el patrocinado, la conflictividad existente y el profesional.
Esta presencia conjunta de ambos organismos, ha significado la posibilidad de brindar una respuesta efectiva y eficiente a quienes resultan víctimas de los conflictos mencionados. Dicha práctica trajo aparejados resultados muy interesantes que demuestran que, cuando el Estado decide articular de manera inteligente y coordinada, de cara a la sociedad y en contacto cotidiano con la realidad, el acceso a la justicia se hace presente, marcando el camino que día a día debemos recorrer en pos de la igualdad.

 Florencia Molina Chávez - Abogada. Miembro Asociación Pensamiento Penal.