Recuerdo hace algunos años el Renatre local, con el apoyo técnico personal de la jefa del Departamento de Gestión para la Seguridad Vial de Vialidad Provincial, puso en práctica en el ámbito educacional y laboral rural un programa de prevención de accidentes  “in itínere”  denominado “Hacete ver”, donde además de las charlas y cursos formativos se hacía entrega de material reflectante para ser colocado en la ropa de trabajo con la que se trasladen los trabajadores cuando se movilizaran en vehículos livianos como bicicletas, ciclomotores o motos.

Una forma eficaz de formación vial acompañada con una acción preventiva; hacerse ver antes de que la sorpresa de lo imprevisto se convierta en un hecho tan lamentable como irreversible.

No siempre lo que se ve es lo más grave, sino lo que no vemos o no vimos a tiempo y finalmente nos sorprende su consecuencia y otro error consiste en no saber entender la causa u origen de esa consecuencia.

Desde un tiempo a esta parte estamos asistiendo como meros convidados de piedra al cierre y desmantelado del escaso, por insuficiente, desarrollo económico logrado con la radicación industrial y agropecuaria originadas en la Ley Nacional Nº 22.702.

A nadie que se precie de conocer mínimamente el sistema de promoción puede sorprender este final anunciado, el cálculo es muy simple: los proyectos industriales comprometen: inversión, producción y mano de obra por quince años y los agropecuarios en un promedio de veinte, desde el más tardío proyecto industrial iniciado con la reasignación de cupos allá por los años 2000/2001 ya han pasado más de los de su vigencia y también en los agropecuarios, desde el último cupo presupuestario nacional disponible del año 1999, casi en su completa expiración.

En todo ese interregno, de una parte a la otra de los sectores políticos que se fueron alternando en el ejercicio de la autoridad de aplicación local, incluso con algunos años de concurrencia funcional, repasaron críticas recíprocas de gestión; y finalmente hoy asistimos, ante el siniestro inminente y el fracaso (por ausencia) de la acción preventiva,  a encontrar la excusa fácil de echar las culpas al sistema de promoción como si se tratara de un vehículo que no necesitara de un conductor que lo dirija o bien que el chofer aduzca, por incompetencia supina, que el obrero industrial o el peón rural siniestrados no se “hicieron ver” a tiempo.

Así como nuestro mayor problema de desarrollo, no es la crisis de lo que tenemos sino lo que nos falta tener para dar cabida a las personas que se agregan año a año a la población económicamente activa o en condiciones de trabajar; el mayor problema laboral de Catamarca no es el empleo, sino la falta de trabajo productivo, lo que nos ha llevado, en un proceso acumulativo sin solución de continuidad, a conformar una matriz laboral absolutamente dependiente, directa o indirectamente de la nómina salarial estatal o de sus partidas de gastos.   

Invito a todas las voces, locales o foráneas que desde una posición política o académica han mostrado, ante la consecuencia del evento previsible, una acérrima posición adversa (en mi opinión adversamente oportunista) al régimen de la ley nacional de desarrollo económico, a que discutamos seriamente herramientas de reemplazo efectivo si las tienen o las hay; mientras tanto renuncio a quedar simplemente como observador pasivo de su pérdida y mucho menos sometido al prejuicio de “Provincia Inviable” que se nos ha querido imponer para eludir el legítimo compromiso resarcitorio asumido por el Estado Nacional en el Acta de Reparación Histórica del año 1973.

Raúl E. Macaroff

Contador Público Nacional Universidad Nacional de Catamarca -Posgrado Estrategia y Adm. Agrop. (Univ. de Belgrano) . Especialista en Regímenes de Promoción. remacaroff@hotmail.com