En nuestra relativamente novel democracia, solemos plantearnos hasta dónde es saludable la participación ciudadana en la “cosa pública”, por acudir a una acepción más amplia que la mera alusión a los intereses del Estado como foco de atracción. Interrogante que no deja de ser oportuno, atento a la atención que concitó en la prensa el trámite de las PASO, que como es por todos conocido, fue el inicio de la ruta que desembocará en las elecciones generales de octubre.

¿Fueron importantes las PASO? Claro que sí. ¿En ellas y en octubre se agota la participación del ciudadano? Desde luego que no.

Ante estos interrogantes, como ciudadanos, reitero, nos sentimos interpelados acerca de cuáles son las obligaciones que nos caben como “propietarios” de este país tan maltratado; no sólo deberes legales, sino de carácter ético, en tanto compartimos con nuestros congéneres y desde luego, con la familia, el destino y el carácter de la República.

No hace falta recalcar en qué medida nos condiciona la marcha de esta gigantesca entente, en la realización de nuestros objetivos, calidad de vida y la búsqueda de la felicidad a que todos estamos llamados por ley natural.

En este sentido, el ciudadano ha de ser consciente de que no es un mero “habitante” que ocupa un espacio físico en el territorio nacional y de que sus derechos-deberes como tal no se agotan en la participación como elector o candidato, sino que trascienden a otros espacios que deben ser también ocupados pro-activamente.

Así pues, es menester activar y profundizar esa sensación de pertenencia que se tiene sobre las cosas e intereses que están en el ámbito también de pertenencia, que en este caso es la “cosa pública”.

Si bien la figura del “mandatario” es sin duda la resultante de un “mandato” otorgado por el ciudadano a través del sufragio y como es sabido, aquel entraña el ejercicio de una función pública —que de más está decir debe ser ejercida con lealtad y patriotismo—, el que confiere ese apoderamiento debe controlar y exigir su fiel cumplimiento. Para ello, existen recursos legales y político-sociales que por falta de compromiso, pasividad, desinterés (abulia) o tendencia al no te metas no se ejercen como corresponde a un verdadero “propietario”, como está dicho.

 Ya en los manuales escolares de aquellos tiempo recuerdo haber estudiado que la democracia no es sólo una forma de gobierno en que el ciudadano se limita a intervenir en la elección de los representantes, amén de ser elegidos cuando los méritos (o la suerte…) lo justifican, sino que se trata de un estilo de vida, esto es una forma de relacionarse y compartir los éxitos y fracasos del sistema. ¿O acaso el Estado no se asemeja a un gigantesco cuerpo familiar en que nos afectan las venturas y desventuras de sus integrantes? ¿O es esto idealismo?

¿Por qué no ejercer como es debido el derecho de petición consagrado en la Constitución? ¿Por qué no organizarse socialmente para la defensa de esa Ley Magna y aportar nuestras razones, convicciones y esfuerzo para el sostén de los gobiernos legal y legítimamente constituidos? ¿O son únicamente las “organizaciones sociales” (gremios, piqueteros) los que pueden salir a la calle? ¿Por qué no participar más en la vida de los partidos políticos? ¿O eso es sólo para los profesionales de la política?

 Así pues, el reclamo de los tiempos que vivimos es más participación política, más respeto a las minorías, mejores mecanismos para canalizar el acceso a los cargos de aquellos que exhiben los méritos de idoneidad que marca la Constitución, aunque carezcan de la “militancia” partidaria  que mata la pureza de la República. En fin, en definitiva, lo que el pueblo quiere es más democracia como forma de vida.

En este sentido, el campeón judicial de la lucha anticorrupción en Italia, el fiscal Antonio Di Pietro, dijo en La Nación hace unos días –hablando de la corrupción estatal- que “los ciudadanos deben exigir a los jueces que actúen” y que “si es necesario, los ciudadanos deben salir a las plazas, a las calles, a defender sus derechos”.

Por Víctor Manuel Monti