Por Arturo Trinelli (*)

La expectativa de que Vaca Muerta, la formación neuquina de petróleo y gas, se convierta en un nuevo “campo” argentino, como se escuchó en boca del propio presidente Mauricio Macri, ameritaría un debate previo: el llamado “campo” ha sido un proveedor histórico de divisas para la economía argentina pero con escaso despliegue de mano de obra y acotados márgenes de valor agregado en la producción.

El desafío entonces, más que reproducir linealmente aquella trayectoria, sería consolidar un sector hidrocarburífero en condiciones de facilitar un tejido productivo con mayores eslabonamientos a todo nivel.
Hoy la producción de petróleo no convencional supone el 35,5 por ciento del total del país y para el caso del gas, que explica más del 50 por ciento de nuestra matriz energética, ese porcentaje llega al 12,9 por ciento. Las proyecciones son alentadoras pero en buena medida el optimismo proviene de la propia geología: Argentina posee en Vaca Muerta las segundas reservas de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo en una superficie total similar a la de Bélgica pero de la cual solo se ha explotado en forma masiva un 2 por ciento  del total.

A grandes rasgos, podría decirse que las certezas que confirman las expectativas sobre Vaca Muerta hoy residen en: (i) la centralidad que ha asumido YPF en la producción del shale oil, siendo la compañía que no solamente dispone del yacimiento más grande de la zona (Loma Campana), sino la que más ha ganado en experiencia y eficiencia en el diseño de los pozos: es, por ejemplo, la primera en haber puesto en producción un pozo de 6527 metros de profundidad y 3200 metros de longitud lateral; (ii) el despliegue de inversiones alcanzado: solo YPF, junto a sus socios, lleva invertidos 8400 millones de dólares y Tecpetrol, la segunda compañía en importancia de la zona, ha comprometido otros 2300 millones para los próximos dos años; (iii) la posibilidad de que todo este presente continúe alentando el desembarco de otros grandes jugadores del sector, como Sinoec, el mayor productor de no convencionales de China.  

Sin embargo, esta realidad también convive con dilemas propios de las políticas públicas o interrogantes de naturaleza institucional. En primer lugar, los montos invertidos son todavía insuficientes para los desembolsos que una producción en fase de desarrollo masivo demandaría (estimaciones variadas la ubican en aproximadamente 15.000 millones de dólares anuales).

En segundo lugar, los incentivos a la producción están acotados a los contratos comprendidos en la Resolución 46 del ex Ministerio de Energía (el llamado “nuevo Plan Gas”), con volúmenes de subsidios comprometidos con los productores que en este contexto oscilarán entre las exigencias del FMI y, elecciones mediante, el cada vez más acotado margen de trasladar el costo a la demanda, además de saber si el Gobierno respetará las cuotas comprendidas en la Resolución 97/2018 a partir de la cual terminaría de pagar a las productoras en 2021 el gas de 2017 (más de 1500 millones de dólares, con la propia YPF como máximo acreedor). Por otro lado, habrá que ver si la lenta recuperación en la cotización internacional del petróleo permite asegurar a mediano plazo la rentabilidad económica de los proyectos que buscan sacar provecho de Vaca Muerta y de otras formaciones geológicas complejas. 

Finalmente, cabe plantear si las expectativas de que en 5 años Vaca Muerta asegure para el país “30 mil millones de dólares en exportaciones” supone tener garantizado un desarrollo de infraestructura compatible para abastecer otros mercados (gasoductos, redes viales y ferroviarias, terminales de licuefacción, entre otros). Asimismo, preguntarnos si el Estado está dispuesto a que YPF, la compañía líder del sector y en la cual posee mayoría accionaria, sea conducida en función del interés general y, en virtud de ello, sea fondeada con recursos públicos a ser aplicados en inversión directa en la explotación masiva de los no convencionales. O si, por el contrario, le exigirá compromisos adicionales de ajuste del gasto fiscal como le está demandando, en general, a todas sus empresas públicas. 

(*) Docente UBA, Flacso y UNPa. Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep)