Durante el año 2017, se produjeron en materia de infancia distintos acontecimientos que no pasaron desapercibidos y tampoco deben dejar de debatirse por las consecuencias que generan para el futuro de nuestro país. 

En efecto, el debate en 2017 comenzó a partir del lamentable asesinato de Brian Aguinaco.
Recordemos que el adolescente de 14 años fue asesinado en un robo en Flores (Buenos Aires) a fines de 2016. Lo baleó un chico de su misma edad.

Como es de rutina hacerlo, el Estado tomó el toro por las astas; pero no en forma diferente a la que nos tiene acostumbrados, sino, con la misma receta de siempre: la vieja y ya ajada respuesta ineficaz de endurecer el sistema penal (en este caso, bajar la edad de punibilidad).

Ahora bien, no tengo dudas de que debe impulsarse una urgente reforma al régimen penal juvenil vigente a nivel nacional por el solo hecho que el decreto ley 22.278 es de la época de la dictadura -25/8/1980 y aplicado a los niños en democracia hace ya 37 años- y debe ser modificado.

Sin embargo, el Estado debe asumir nuevos desafíos más profundos que tiendan a prevenir los delitos y no a proponer soluciones sin respuesta, en otras palabras, un Estado siempre debe atacar las causas que llevan a la comisión de delitos y no resignarse a intervenir a partir de los efectos del delito.

Evidentemente, hace años que a través de esta receta no se vislumbra solución alguna, pues es lo más facilista que se ha realizado.

Las causas del delito (sea adulto o juvenil, ergo son las mismas), son: la pobreza, la marginalidad y la exclusión, la falta de contención y posibilidades, necesidades básicas insatisfechas (vivienda, alimentación, educación, trabajo, etc.), el consumo de drogas (legales e Ilegales), la violencia familiar,  entre otras. 

Es allí donde el Estado debe trabajar fuertemente para minimizar el delito; sólo con prevención, ya que trabajar en los efectos del delito, siempre nos llevará a tener víctimas y victimarios, siempre habrá más delito.

Durante 2017 los niveles de pobreza de la infancia puestos en conocimiento fueron alarmantes, actualmente en la Argentina existen 5,6 millones de niños pobres. 

El 47,7% de los niños viven en la pobreza en nuestro país, pero quienes más sufren sus consecuencias son los adolescentes, los que tienen una mamá al frente del hogar, padres desocupados o que apenas pudieron ir algunos años al colegio, según los datos que presentó Unicef, habiendo analizado una población etaria entre los cero y 17 años de edad.

La pobreza siempre será un gran desafío para los Estados, con mayor razón, respecto de la niñez pobre. Ello, por una sencilla razón: no podemos continuar escondiendo bajo la alfombra nuestros propios fracasos y miserias invisibilizando a las personas y eso es lo que hacemos a través del encierro indiscriminado de los chicos en institutos.

La niñez pobre siempre está en grave peligro, ergo corre riesgos de sufrir malos tratos y ser explotados (y de hecho ocurre demasiado), sus posibilidades de acceder a servicios y bienes esenciales es prácticamente imposible y esto amenaza gravemente su capacidad para participar plenamente algún día en la sociedad. 

En definitiva, enfrentar la exclusión que genera la pobreza como violencia estructural es un deber prioritario e imprescindible.

El consumo de drogas legales e ilegales es otro de los grandes desafíos a los que debe enfrentarse el Estado en materia de infancia. 

En nuestra provincia el problema del consumo en los adolescentes en conflicto con la ley penal (y no tan sólo de ellos, sino también en otros que no lo están) está dado por la excesiva ingesta de alcohol y psicofármacos. 

Es por ello que hay que redoblar los esfuerzos a través del control de las autoridades públicas encargadas, como así también, apelar cotidianamente a los medios de comunicación, quienes juegan un rol fundamental en la publicación de campañas que tiendan a la concientización y sensibilización a tal problemática.

En relación con estos flagelos, pueden suceder consecuencias terribles en la salud de los adolescentes que exceden este comentario, sin embargo, pueden mencionarse algunas de ellas. Así, por ejemplo, más o menos 4 de cada 10 personas que comienzan a beber antes de los 15 años de edad finalmente se convierten en alcohólicos; infectarse con VIH por tener relaciones sexuales sin protección, ya que no pueden pensar con claridad porque están borrachos o drogados, siendo muy posible que los jóvenes olviden cuidarse es otra de estas consecuencias, por supuesto entre otras más.

Ante este panorama resulta primordial la educación primaria, como también la información e incorporación en las currículas escolares de charlas de concientización hacia la franja etaria más expuesta y vulnerable a las drogas legales e ilegales que son los adolescentes.

Y digo ello, en razón a muchas cuestiones que influyen en la psiquis de los niños, niñas y adolescentes de hoy; fundamentalmente, la tecnología y hasta la diversión. 

Sí, claro. La diversión como lo es la música, pues cuántas canciones escuchamos a diario en donde se dice algo acerca de las drogas, el alcohol y el sexo sin control ¿ello influye? La verdad, no lo sé, pero debemos tenerlo en cuenta.

En definitiva, las consecuencias del abuso de drogas (legales e ilegales) son muy amplias y variadas (médicas, sociales, económicas, penales, etc.) y afectan a personas de todas las edades.
La deserción escolar también es otro gran desafío. 

No tengo dudas de que la educación es una herramienta fundamental para el pleno desarrollo de una sociedad y achicar la brecha de desigualdad existente.

De acuerdo a los últimos datos de Unesco, sólo el 43% de los estudiantes argentinos termina la escuela media en tiempo y en forma y el abandono ahora también crece en las primarias argentinas.
Garantizar el derecho a la educación, reitero, es trascendental para el futuro del país.

Finalmente, otro gran desafío del Estado provincial es la sanción definitiva de una nueva ley penal juvenil, no sólo para garantizar los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, sino también, los de las víctimas.

Esta nueva ley penal juvenil ya recibió un consenso histórico unánime por parte de la cámara de Diputados de la provincia y fue remitida a la cámara de Senadores para su estudio y sanción definitiva.

Un nuevo proceso penal juvenil es de fundamental importancia debido al notable anacronismo del actual régimen penal juvenil tanto a nivel nacional como provincial.

Son muchos los desafíos que la infancia presenta para el Estado en este nuevo comienzo de año y su atención y respuesta resultan prioritarias, ergo, de ello depende nada más y nada menos que el futuro de nuestro país.

*Juez de Menores, integrante de la Asociación Pensamiento Penal.