Pena de muerte

Por Luis Bruschtein.
viernes, 9 de febrero de 2018 00:00
viernes, 9 de febrero de 2018 00:00

Otra vez la saturación, el tema que se repite hasta centralizar la agenda. La denuncia contra los testigos mapuche en el caso Maldonado aparece en medio del desmoronamiento de la figura de Mauricio Macri, el presidente más protegido por los medios corporativos, que ahora se lanzan a ese ametrallamiento temático, ese taladro de cerebros sobre los derechos sagrados de las fuerzas de seguridad para cortar cabezas o realizar las famosas cirugías de la dictadura contra la guerrilla y el delito.
La imagen de Macri se viene cayendo desde fines del año pasado. El blindaje mediático fue perforado. El saqueo a los jubilados con la reforma previsional, el escándalo Triaca con acomodos de amigos en sindicatos intervenidos sumados a las amenazas a su personal doméstico y ahora la alta inflación, los súper aumentos de tarifas, más el precio de las naftas que las ubica entre las más caras del mundo en un país que tiene petróleo, todos esos desastres tienen la cara del ingeniero. Fue imposible de evitar. El asalto a los jubilados ablandó el muro de protección que Triaca terminó de agujerear y fue desbordado por el malestar por la carestía de la vida.
Con las defensas frontales caídas, el Gobierno abrió otro frente lateral. Viene disputando el centralismo de la agenda socioeconómica con una campaña a favor de la mano dura y el gatillo fácil. Cree que la autopsia de Santiago Maldonado fue desfavorable para los mapuches y el movimiento de derechos humanos y sabe que con la mano dura fideliza el voto propio y genera turbulencias en la oposición.
Con ese discurso tratan de desplazar la atención sobre  la situación socioeconómica: Durán Barba habla de instaurar la pena de muerte, Patricia Bullrich deja trascender que se propondrá una ley por la cual todas las situaciones de violencia que involucren a fuerzas de seguridad, ya sean muertes violentas de cualquier manera, deben ser consideradas como “actos de servicio”. Ahora le tocó el turno a esta denuncia del Gobierno y la gendarmería por falso testimonio contra los testigos mapuches.
Técnicamente es una denuncia que funciona para el ruido mediático porque todavía faltan declarar testigos que pueden corroborar lo que dijeron los ahora acusados. Pero también es una forma de amedrentamiento a esos testigos que ven cómo son perseguidos quienes los antecedieron. Ningún juez podrá expedirse hasta que declaren todos los testigos y se presenten todas las pruebas. No esperaron para hacerla porque aunque tenga esas fallas de origen, necesitan difundirla ahora como parte de la campaña para frenar la caída de la imagen presidencial.
Primera sospecha: a los intelectuales orgánicos de la derecha no les interesa debatir sobre la reforma judicial o sobre la defensa escandalosa del gobierno al ministro de Trabajo que tenía a su personal contratado en negro y les pagaba con acomodos en sindicatos intervenidos. A esos intelectuales no les interesa debatir sobre las tarifas sobredimensionadas. Pero les interesa que el progresismo, la izquierda y los sectores populares hagan un debate “democrático” sobre el derecho a la represión “democrática” por parte de un gobierno “democrático”. Todos muy democráticos. Segunda sospecha: la sobreactuación en el caso del policía Chocobar fue llamativa. Apareció como una provocación para que la oposición reaccione con enojo. Y la frutilla del postre, la confirmación de la maniobra, fueron las declaraciones de Durán Barba. Todo parece una exageración y esa característica es la confirmación de que se trata de una maniobra, que por supuesto también tiene un objetivo específico en el caso de la muerte de Santiago Maldonado.
El Gobierno abre un nuevo flanco de confrontación. Se siente más seguro reivindicando la mano dura que defendiéndose de las protestas. No intenta aparentar que busca la unidad. Sale a provocar y a generar bronca. Faltan dos semanas para una gran movilización popular y trata de correr el eje de atención. Busca afectar esa convocatoria. Es la misma estrategia de la derecha desde que asumió el gobierno. Y la oposición ha corrido detrás de ella. Los medios abandonan el tema Triaca, el precio de la nafta y se centran en Chocobar, Durán Barba y Patricia Bullrich. Aunque lo critiquen, al Gobierno no le interesa porque en el tema de la mano dura lleva la ofensiva, mientras que en el socioeconómico está totalmente a la defensiva. La disyuntiva de la oposición es la contraria: redoblar la ofensiva en el plano en el escenario de los salarios, las jubilaciones, la inflación y las tarifas sin abandonar el nuevo flanco que abrió el Gobierno y no permitir que avance en esa línea de represión.
 

Comentarios

9/2/2018 | 13:10
#149006
¡Tienen cada columnista en El Esquiú! ¿Que sabe de los jubilados este señor subdirector de página 12? La Reparación Histórica ha sido genial para los jubilados a LOS QUE EL GOBIERNO KIRCHNERISTA LES METÍA LA MANO EN EL BOLSILLO EN UN 40-45% TODOS LOS MESES DURANTE AÑOS. Y Durán Barba no está con la pena de muerte sino dice QUE MUCHA GENTE ESTÁ CON LA PENA DE MUERTE PARA CASOS ABERRANTES. No distorsione comentarios de otros señor Subdirector... además Página 12...¿no es kirchnerista?
9/2/2018 | 11:48
#149005
Pero no está errado, ¿o si?
9/2/2018 | 09:36
#149004
El autor de la nota propugna que nos comportemos como Venezuela, Cuba o Corea del Norte los paises modelos que sigue como ejemplo.
9/2/2018 | 07:23
#149003
Luis Marcelo Bruschtein (11 de julio de 1954, Argentina), es un periodista argentino, subdirector del diario Página/12, que vivió exiliado en México, luego de eventos como la desaparición forzada de sus tres hermanos y su padre. Es hijo de Laura Bonaparte, una de las fundadoras de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo

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