“El crimen de Estado no se define por la característica de la víctima sino del victimario”.

Hace escasas horas, las fuerzas de seguridad de la vecina provincia de Tucumán se encontraron envueltas en un episodio (teñido de sospechas, por cierto) en virtud del cual un niño de tan solo 11 años que acompañaba a otro de 14 años en una motocicleta cayó muerto con un disparo en la nuca.

Que un niño (porque nadie puede discutir que una persona de 11 años es tan solo un niño, sin importar a que sector de clase social pertenezca) muera de una forma tan brutal debería avergonzarnos como Estado, como Nación.

Claro que la democracia también tiene sus muertos, pero salvo contadas excepciones, casi nadie habla de ello.

En los últimos meses, el término “gatillo fácil” resonó en los medios, debido a algunos casos de asesinatos policiales que llamaron la atención por la alevosía.

Ahora bien, llegamos al punto en el que debemos preguntarnos por qué en la mayoría de los casos las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad son tan jóvenes.

Pensemos por unos instantes hechos recientes que en su debido momento resonaron en los medios. Ergo, existen muchos más.

Uno de ellos fue el del subteniente Hugo Pos, que mató de un disparo en la nuca a Rodrigo Correa, de 14 años, en Billinghurst, partido de San Martín.

Según el efectivo, el joven y otros dos adolescentes le apuntaron con un arma para robarle. Sin embargo, luego se constató que los chicos no iban armados, y se encontraron 16 cartuchos pertenecientes al agente de seguridad.

Otro caso fue el de Cristian “Paragüita” Toledo (22 años), de la Villa 21-24, que volvía de bailar junto a dos amigos cuando el bombero de la Policía de la Ciudad Adrián Gustavo Otero lo mató de un disparo.

Franco Amaya (18 años) murió tras recibir un tiro en el abdomen por parte de un uniformado que, junto con otro, hacía un control vehicular en Villa Carlos Paz. Fue hace más un año, el 22 de febrero de 2017 a la madrugada.
Franco iba en moto y no había alcanzado a frenar cuando el policía le disparó. La fiscal Jorgelina Gómez envió a este efectivo a juicio junto con su compañero por homicidio agravado. Lo considera un caso de “gatillo fácil”.

Este caso fue un escándalo porque en ese asesinato el ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia mediterránea tuvo que tomar tres decisiones veloces: una purga en la Policía de Villa Carlos Paz, extender el tiempo de preparación de los suboficiales y, finalmente, emitir un “protocolo” de actuación para controles vehiculares.

El manual señala que “no se puede tirar” por más que el conductor no frene. O sea, un protocolo en el que sólo se indica que el policía tiene que actuar como manda la ley.

En 2017, hubo otra muerte tomada como homicidio agravado. Fue la de Ezequiel Varela (17 años), quien falleció en el barrio cordobés Marqués de Sobremonte Anexo tras recibir disparos por la espalda de parte de dos policías que lo buscaban por un asalto. Ambos agentes están presos por homicidio agravado.

En nuestra provincia, precisamente en la ciudad de Andalgalá, sucedió el caso del policía que mató de un balazo a un joven de 17 años, quien, según se informó, no estaba armado, tampoco estaba cometiendo un delito flagrante. Podría haber sido reducido sin armas de fuego, pero recibió un disparo letal en la cabeza de manos del uniformado.

Finalmente, en el caso Chocobar, Kukoc tenía 19 años.

Podríamos formular un largo listado de jóvenes y adolescentes que murieron de esta forma y a manos del Estado, no obstante excederíamos la extensión de esta columna.

Por otro lado, debo resaltar que estos datos pueden compararse con las estadísticas carcelarias actuales. 

Las fuentes oficiales informan que el 96% de la población encarcelada es de hombres. El 61% de los presos son menores de 35 años de edad y que casi el 70% solamente cursaron hasta la escuela primaria. 

En definitiva, el Estado ha encarcelado en estos últimos años a varones, jóvenes y pobres.

La juventud está siendo víctima de mucha violencia social, mediática e institucional y no es ya sorpresivo (aunque sí lamentable y vergonzoso) que los resultados de esta violencia se traduzcan en asesinatos o encierros indiscriminados por la falta de compromiso en la generación de oportunidades inclusivas por parte del Estado.

Evidentemente, las políticas públicas del país en estos últimos años no han beneficiado a los más jóvenes, solo han llevado al agravamiento de su vulnerabilidad social y en respuesta a ello, el Estado, aparentemente, tiene dos respuestas: ¡los encarcela o los asesina!

Desde los albores de la democracia, el Estado se viene manchando de sangre y, cuando esa sangre es de niños y adolescentes, cuyas vidas son quitadas en forma cruel y arbitraria por agentes estatales, la democracia se debilita y ese propio Estado comienza a perder legitimidad.

*Juez  de Menores e integrante de la Asociación Pensamiento Penal.