Por Soledad Carrizo (*)

La alternancia sindical ha sido una bandera de labor legislativa desde los comienzos de mi función parlamentaria, proponiendo un límite para la reelección indefinida para los cuerpos de dirección y administración sindicales; buscando con ello la renovación de las cúpulas dirigenciales y combatir los arraigos personalistas.

La situación actual del sindicalismo argentino nos muestra entidades sujetas a procesos de apropiación personales muy peligrosos para la función de protección de sus trabajadores, provocando no sólo el debilitamiento de la confianza ciudadana sobre su funcionamiento, sino el de sus propios afiliados.

Las prácticas de dominio personalista, representadas en organizaciones sindicales con dirigentes con una trayectoria ininterrumpida de más de 30 años en el mando y reproducida a través de la idea de clanes familiares, han provocado una confusión entre la institución y sus autoridades, poniendo nombres propios a las entidades y viciando la representación genuina de los trabajadores miembros.

Los principales déficit se centran en las condiciones que en la práctica impiden el acceso a los cargos dirigenciales a los propios afiliados, anulando los canales internos de renovación y volviendo imposible que los propios trabajadores logren revertir la crisis de desconfianza y desacreditación que estas instituciones hoy atraviesan.

Sumado a ello, el amplio universo de intervención de los sindicatos en procesos de negociación colectiva, conflictos laborales, huelgas y protestas, disposición de fondos, y la participación en servicios de distinta naturaleza para sus afiliados -como por ejemplo obras sociales propias-, dotan a estas organizaciones de un enorme poder incompatible con personalismos eternos.

Todo esto se traduce finalmente en un impedimento de diálogo efectivo entre el gobierno y los trabajadores, ya que los referentes sindicales en muchos casos no son reconocidos realmente por sus representados, provocando una fricción institucional hacia adentro y hacia afuera.

En este contexto, nos encontramos frente a una compleja situación: la libertad sindical -como ejercicio de autodeterminación en sus asuntos internos-, en un extremo; y en el otro, el empoderamiento de personalismos en los órganos de dirección y administración sindical que produce un vicio y afectación a la participación plural de sus afiliados y a la legitimidad de estas entidades.

La propia ley 23.551 define en su articulado la obligación por parte de las asociaciones sindicales de garantizar la efectiva democracia interna procurando a sus integrantes participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.

Sin embargo, hoy vemos cómo estas loables intenciones se vuelven simples declaraciones de deseos imposible de ejercitar en la práctica por una degenerada apropiación personal de sus autoridades.
Sin embargo, la mayor preocupación se encuentra en el hecho de que el monopolio dirigencial dentro de estas entidades se traduce en un incentivo para gestiones poco transparentes, irregulares y corruptas, tal como los casos que han tomado estado público en los últimos años. 

Por ello, para este nuevo periodo legislativo 2018 la propuesta original de alternancia sindical se traduce en dos nuevos proyectos de ley que ya he presentado, modificatorios tanto de la ley 23.551 de asociaciones sindicales como de la ley 23.660 de obras sociales.

Nuestro país asiste hoy a un proceso de reconfiguración institucional, implantándose desde el gobierno nacional herramientas de transparencia y presupuestos éticos y de conducta para todas las áreas de gestión pública; y los sindicatos no deben ser ajenos a ello. 

Las entidades sindicales deben ser actores centrales de este proceso de reconfiguración y modernización, y deben participar de forma activa del fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción, procurando prevenir y corregir las deficiencias en su gestión. 

(*) Diputada nacional UCR-Cambiemos.