El tarifazo aplicado como castigo a la clase media y sectores populares contiene en su ejecución las peores características del gobierno nacional.
Desde la perspectiva de la macroeconomía carece de toda racionalidad, ya que su intensidad conspira contra el ataque a la inflación que se supone una política esencial del esquema económico gubernativo. Dentro de este ámbito, también impide que los sectores productivos ingresen, aunque sea lentamente, en un ambiente competitivo: los precios de la energía, gas y electricidad, desalientan cualquier avance de la industria y el comercio en otra pauta del gobierno, la competitividad. Sus niveles están totalmente alejados de los regionales y mundiales, sin necesidad, no son competitivos y deben ser revisados. Estos precios de la energía hacen insustentable el desarrollo económico argentino, inclusive su evolución actual.
Todo ello muestra una gran contradicción entre los supuestos propósitos en el área económica, o directamente la ausencia de un plan económico.
Por otra parte muestra una gran insensibilidad con la población, ya que el ajuste la somete a un cambio sustancial de sus hábitos de vida sin estar preparados para ello. Sin la previsión adecuada, como dice la Corte. Pero en muchos casos esta circunstancia hace impagable las tarifas a vastos sectores residenciales, a las pymes, a organizaciones sociales y de la salud. Incluso a algunas industrias las enfrenta a un triple dilema: subir los precios de su producción si se lo permite el mercado en baja; despedir trabajadores y achicar la producción; o abandonar el negocio, la actividad y a veces quebrar.
Eso significa un gran desprecio por los efectos de un proceso de ajuste fenomenal, que tiene que reemplazar el festival de beneficios otorgados en su momento a sectores del campo, de la minería y de las finanzas. Al igual que con la quita a los jubilados, las tarifas vienen a compensar aquellas dádivas. 
Entonces, ¿por qué tanta irracionalidad, tanto desprecio, tanta insensibilidad, tanta obcecación? El principal argumento es que hay que pagar por los servicios públicos lo que cuestan y que este proceso es llevado en forma gradual, ya que hay sectores del gobierno y de la sociedad que piden un modelo de shock, un verdadero ajuste. Esta justificación, lanzada por el propio Gobierno, olvida que los centros del pensamiento económico neoliberal o moderado advertían hace muchos años, pensando en un cambio de política, que la quita de subsidios debía llevar varios años, 5 o 6 como mínimo. Claro, en una economía en crecimiento y con la capacidad de pago de la gente en aquel momento.
Está claro que el tarifazo no es de shock solamente. Es, en muchos casos, confiscatorio, ya que en el caso del gas los incrementos no tienen justificación en varios aspectos y suponen una traslación de los usuarios a las petroleras que promueve y avala el gobierno. Un verdadero despojo. 
La otra justificación es que el anterior gobierno había dilapidado la energía con precios subsidiados y que ese beneficio a la población era inconcebible. Quizás aquí encontremos la verdadera motivación del tarifazo y de su medida de agresión, más allá de la necesidad de algún proceso de adecuación: el odio al pasado, el odio a la política anterior que permitió, con todos sus errores, un crecimiento del nivel de vida de mucha gente. Solamente el odio puede justificar tamañas incongruencias, agresiones y el lanzamiento de la economía a este nivel de crisis.

Por Marcos Rebasa - Director del Observatorio de Tarifas de la UMET, miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.