En la generalidad de los casos, la Justicia penal de la provincia (también del país) suele ser blanco de críticas por distintos estamentos sociales y estatales, no sólo en cuanto a su accionar, sino y ante todo, referenciándola como “garantista”, “permisiva”, la de las “puertas giratorias”, la generadora de la inseguridad reinante y creciente.

Sin embargo, basta con revisar las estadísticas oficiales elaboradas por los organismos estatales (ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) para verificar que esas críticas (provengan de quien provengan) son absolutamente infundadas.

En efecto, según el último informe elaborado por el SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE EJECUCIÓN DE LA PENA (SNEEP) del año 2016, establecía que la población carcelaria de la provincia respondía a los siguientes números: la unidad penal de varones contaba con una cantidad de 321 condenados y 173 procesados (personas detenidas aún sin juicio) lo que hacía una totalidad de 494 personas detenidas; mientras que en el caso del Correccional de Mujeres se encontraban alojadas 9 condenadas y 6 procesadas, haciendo un total de 15 mujeres encarceladas; o sea, una población carcelaria total de 509 personas presas sobre una capacidad máxima de alojamiento de 592.
Ello, sin tener en cuenta el año 2017 y lo que va de este 2018, donde con seguridad puede haber aumentado.

Como se podrá advertir, los números detallados lo son tan sólo respecto de las personas privadas de libertad en establecimientos de encierro, pues muchas personas sufren condenas en suspenso (sin detención por la entidad del delito pero condena al fin), que también deben ser tenidos en cuenta.

En cuanto a la edad de las personas detenidas, la franja etaria ha sido tomada entre los 18 y 65 años y más, haciendo en fuerte pico entre los 25 y 44 años.

Respecto al nivel de educación, la gran mayoría cuenta con educación sólo primaria, habiéndola completado un 40% (204 personas) mientras que el 23% (115) no pudo culminarla.

Por otro lado, la mayor parte de la población carcelaria se encuentra condenada por delitos contra la propiedad (225) y delitos contra la integridad sexual (151), le siguen en menor medida los homicidios (dolosos y culposos) amenazas, lesiones (dolosas y culposas), etc.

A partir de estos detalles ¿pueden sostenerse las críticas que señalé al comienzo? La verdad, ¡no!

La cárcel está llegando a su capacidad total de alojamiento, siempre y cuando funcione en toda su magnitud, sin problemas de ninguna índole, caso contrario, el colapso llegará mucho antes.

A ello debemos agregarle que año a año se van sumando presuntos hechos delictivos que llegan a conocimiento de las autoridades judiciales para su respectiva investigación, lo cual traerá, sin dudas, consecuencias y variaciones en las tasas antes señaladas.

Evidentemente, la Justicia penal lleva adelante su tarea conforme lo establece la ley penal local: investiga, ordena restricciones a la libertad cuando corresponde, lleva adelante los juicios respectivos y si las pruebas colectadas lo permiten, condena, ergo de lo contrario no tendríamos los números carcelarios indicados.

Entonces, insisto con el interrogante ¿puertas giratorias? ¿garantistas? ¡No pareciera ser así!

Es importante enfatizar que las estadísticas son fundamentales para elaborar estrategias de abordaje del delito y sus consecuencias, sin embargo, no puede dejar de destacarse lo señalado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en la elaboración de su informe del año 2016, al indicar claramente que:

• Cualquier mejora en el sistema de estadística criminal, por ejemplo a través de una mayor y mejor carga de las denuncias, se traduce mecánicamente por un aumento de la cantidad de delitos registrados. En otras palabras, una mejora en la calidad de la estadística tiende a generar un aumento de la cantidad registrada de los delitos, sin que éste signifique necesariamente un aumento de la cantidad verdadera de los delitos.

• Una mejora de la eficacia policial en la lucha contra la criminalidad puede llevar al mismo tiempo a una reducción de la cantidad verdadera de los delitos y un aumento de la cantidad registrada de éstos. En efecto, si la población percibe que el trabajo policial se vuelve más eficaz a la hora de prevenir, disuadir o resolver los delitos, puede tener más incentivos para denunciar los delitos de los cuales ha sido la víctima.

En definitiva, al ser el delito un flagelo de origen social, será fundamental la PREVENCIÓN y el abordaje concreto a través de políticas públicas eficaces de las causas que lo generan, sin dudas, garantizar los derechos fundamentales y necesarios de las personas llevará a una sociedad más pacífica e igualitaria y con menor cantidad de hechos de inseguridad. 

*Juez de Menores y miembro de la Asociación Pensamiento Penal.