Por Enrique M. Castro Riglos (*)

La Argentina tiene que elaborar un proyecto propio que se convierta en la expresión formalizada de sus intereses, desarrollando una estrategia de País que surgirá identificando los nuevos escenarios mundiales a través de Políticas de Estado necesarias para encarar las nuevas oportunidades que brinda la economía global.

El problema de Argentina no es económico sino político.

Durante décadas las incorrectas decisiones que se tomaron, sin un horizonte previsible, llevaron a que el mal funcionamiento que las mismas generaron, impactaron negativamente en nuestra sociedad.

El punto de partida sería un cambio del Sistema Organizativo Político donde esté considerada la autonomía Provincial y Municipal desde el punto de vista económico, Político y Jurídico dentro del marco Soberano del Estado y alcanzar un equilibrio fiscal en cada nivel de Gobierno a través de un buen manejo del esquema presupuestario.

El camino correcto en lo económico es llevar adelante las reformas estructurales que aporten genuinamente competitividad y solvencia fiscal.
Si se insiste con ajustes a través de impuestos directos e indirectos a nivel Nacional, Provincial o Municipal sólo se producirá más recesión y desocupación.

Hay que promover fuentes de trabajo genuinas y esto sólo se puede lograr si creamos un ámbito favorable, ético, competitivo y eficiente con reglas claras laborales, tributarias y con seguridad jurídica.
Para lograr transparencia en el manejo tributario y eliminar el déficit fiscal se propone como Política de Estado:

Una reforma Constitucional para alcanzar un verdadero Federalismo Político y Económico a nivel Provincial y Municipal dentro del marco Soberano del Estado.

Esta propuesta en cuanto al Sistema de Ingresos Públicos consistiría en invertir la pirámide tributaria recaudando en el origen los impuestos directos e indirectos que se determinen de acuerdo a la planificación presupuestaria prevista en los niveles de administración inferiores (presupuesto municipal o comunal sobre base cero) y coparticipando a los niveles administrativos superiores (Provincias y CABA) en función a las acciones delegadas.

Lo mismo ocurriría a nivel Provincial y de CABA donde el aporte a la Nación se efectuará de acuerdo a las acciones delegadas en materia de (Defensa Nacional, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales, Política monetaria y financiera, etc.) o sea las erogaciones que involucrarían las Políticas de Estado en las distintas áreas de Gobierno (Presupuesto Nacional Sobre base Cero).

Participación activa de la ley 24156 de Administración Financiera y Control de Empresas del Estado cambiando las atribuciones de los Órganos de Control y ampliando su rol a los Organismos Descentralizados y Fondos Fiduciarios (SIGEN y AGENA).

Se propone, básicamente correspondencia fiscal en todos los niveles de administración que no es, ni más ni menos, que la relación cuantitativa compatible entre el total de los recursos tributarios recaudados y el total de erogaciones en un mismo nivel de Gobierno de acuerdo a las metas físicas y volúmenes de trabajo que se determinen y de esta forma corregir el desbalance fiscal de los Municipios, de las Comunas y de las Provincias, Ciudad Autónoma y Gobierno Central.

La reactivación económica será una consecuencia de las buenas prácticas en la aplicación de Políticas Públicas y de Políticas de Estado donde la capacidad de los dirigentes políticos, y de nuestro sistema organizativo político, le den credibilidad a las instituciones de nuestra Nación y que éstas, a su vez, generen orden, confianza y previsibilidad.

Para eliminar subsidios hay que crear trabajo y para ello basta analizar la Balanza de Pago de nuestro país para advertir donde están las falencias.

Nuestra cuenta corriente en materia de balanza de bienes es deficitaria. La respuesta es porque el costo de nuestros productos medidos en dólares de acuerdo al momento del valor de la divisa no es competitivo, en muchos casos, y cuando ingresan productos del exterior con un dólar retrasado hace que importemos inflación.

Nuestra balanza de servicios también es deficitaria por el mismo motivo.

Los productos a exportar por su costo de energía, créditos bancarios, carga tributaria, costo laboral, costo de transporte, entre otros, los hacen inviables para competir con otras economías de la región perdiendo capacidad exportadora por ende mano de obra e ingresos de divisas.

Nosotros somos básicamente productores de materia prima a la cual hay que agregarle valor. Para ello necesitamos que los componentes de sus costos de elaboración sean lógicos para crear trabajo.
Como es útil exponer al debate público algunas políticas de reactivación, se pueden enumerar algunos objetivos posibles:
- Construcción de 100.000 viviendas sociales por año con fondos de organismos internacionales que permitirían su repago por los futuros adquirentes sin generar déficit fiscal. Unos 140.000 trabajadores podrían estar involucrados en forma directa disminuyendo el flagelo de la desocupación y de los subsidios, otorgando viviendas dignas a 500.000 personas.
- Políticas de forestación y Obras del Paraná Medio para revitalizar todo el norte Argentino y generar energía en su curso fluvial.
- Canalización del ría Bermejo que permitiría controlar las inundaciones y aprovechar su caudal hídrico recuperando las tierras inundadas del norte chaqueño y formoseño, circuito vial integral de autopistas, agroindustrias por mencionar algunas de las actividades que se podrían desarrollar.
Ninguna de estas actividades producen déficit fiscal puesto que en un contexto previsible estas obras serían encaradas por empresas del sector privado con concesiones lógicas pactadas e incluyendo el concepto de Participación Público Privada.

Dinero sobra en el mundo, pero si los capitales no advierten un modelo creíble nunca van a venir a invertir en nuestro país.

Para ello tenemos que crear un ámbito favorable competitivo y eficiente a través de un Sistema Político que interprete la fuerza del mercado y donde se brinde a la sociedad igualdad de oportunidades y libertad, pilares de la formación de una sociedad democrática y donde el Estado -como mediador de la tensión social- cree las condiciones necesarias para la justa distribución de los logros económicos.

(*) Enrique M. Castro Riglos es arquitecto y economista.