Por Juan Cruz Esquivel (*)

La reciente media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es el resultado de un largo proceso, iniciado hace más de una década, cuando en 2005 se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Merced a la infatigable tarea militante, quienes conforman la Campaña han organizado innumerables talleres con múltiples referentes de la sociedad civil y del Estado (en el área de la salud, educación, judicial, etc.) a lo largo y a lo ancho del país.

En simultáneo, desplegaron una activa estrategia de sensibilización sobre el Congreso Nacional, bregando una y otra vez para la inclusión de la despenalización del aborto en la agenda parlamentaria.

Con el paso de los años, la causa fue ganando densidad al ser abrazada por diversos colectivos sociales y también por dirigentes políticos de distintas extracciones partidarias. Esa construcción cotidiana cimentó las bases de la “marea verde” de jóvenes y adolescentes que se movilizaron durante estos días, convencidas/os que los derechos se conquistan también en las calles. He aquí un primer aprendizaje.

En paralelo, cuando la iniciativa ya había cobrado estado parlamentario, la decisión de incluir en el proyecto original aspectos que pudieran interpelar a legisladores/as aún sin definición sobre su votación, evidenció una madurez en quienes impulsaban el proyecto.

La incorporación de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud en uno de sus articulados, lejos de desdibujar el espíritu del mismo, lo tornó aún más coherente, habida cuenta que la objeción de conciencia (siempre individual, jamás institucional) es un ejercicio que deviene del derecho a la libertad de conciencia.

Y el fundamento más profundo del proyecto remite justamente al derecho a decidir. La apertura a consensuar la “mejor ley posible”, frente a un repertorio de argumentos que no trascendía de la enunciación de la “defensa de las dos vidas”, contribuyó de igual modo para construir una mayoría parlamentaria.

Asimismo, el proceso social que contextualizó el debate en Diputados y el resultado de la votación arrojan otros elementos para el análisis.

En primer lugar, la erosión de las capacidades de los poderes religiosos para regular cuestiones que hacen a la intimidad de las personas, entre ellas, las relativas a la sexualidad. Esto no supone necesariamente una pérdida de religiosidad, pero sí una mayor autonomía de los sujetos en la toma de decisiones sobre asuntos que atañen a sus propios cuerpos. Secularización es el concepto que la sociología utiliza para ilustrar esos procesos.

En segundo lugar, las exposiciones y declaraciones de un número considerable de diputados/as reflejan también grados de autonomización creciente en torno a influencias y/o presiones de referentes religiosos, así como también una separación entre sus convicciones personales y la toma de decisiones en la función pública. Laicidad es el término que la sociología emplea para dar cuenta de esos procesos. Fernando Espinoza, diputado del Frente para la Victoria, manifestó ser católico, “pero los representantes del pueblo debemos legislar en función del bien común y la justicia social.

Tenemos que dejar de lado las creencias particulares”. José de Mendiguren, diputado del Frente Renovador, coincidió con Espinoza: “soy católico y tengo convicciones profundas sobre la vida y la ética. No estoy de acuerdo con el aborto. Pero mis convicciones son mías y mi responsabilidad como legislador nacional es legislar para toda la sociedad”. Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos aclaró que “en este debate, no se trata de imponer nuestras posiciones morales o religiosas, ni siquiera nuestras convicciones personales. El Congreso es uno de los tres poderes del Estado y tiene la obligación de dar respuesta a una problemática compleja y dolorosa vinculada a la salud pública”.

Tres testimonios representativos del clima mayoritario en la Cámara de Diputados, que abre interrogantes sobre la continuidad de una cultura política hasta aquí dominante, signada por la permeabilidad de lo religioso. Ni durante el tratamiento y aprobación del “matrimonio igualitario”, las argumentaciones fueron en la dirección de disociar lo público de lo privado y lo político de lo religioso.

Los procesos no son lineales, pero la semántica prevaleciente en la sesión en Diputados se ha nutrido de recursos que tributan a los marcos normativos de la laicidad.

Por último, la intensidad por la que atraviesa la democracia argentina frente a estos debates deja marcas indelebles en nuestra sociedad. Así como lo revelaron los/as legisladores, no son ni somos los/as mismos/as antes y después del debate social. Nuevos derechos se han conquistado y han venido para quedarse.

(*) Doctor en Sociología, Conicet UBA.