En estas reflexiones consideraremos algunas argumentaciones que se vienen dando en torno al proyecto de ley - girado recientemente al Senado de la Nación-  y las implicancias que se derivarían de su eventual sanción. 
Suele sostenerse que no se sabe con exactitud cuándo comienza la vida humana. Hoy la ciencia, de la mano de la genética, establece con evidencia que la vida humana comienza con la concepción, esto es, desde la fecundación, cuando la unión del óvulo y el espermatozoide conforman el cigoto, dando inicio así al proceso que va del embrión al feto. Ahí se está en presencia de un nuevo individuo de la especie, con sus cromosomas y singularidad, en un camino de desarrollo lineal hacia el nacimiento. Se argumenta también que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo. En efecto, todos tenemos este derecho, por ejemplo, a extraernos un quiste o un órgano, pero, como acabamos de señalar, el embrión (o el feto) es otro cuerpo, otro organismo. Por tanto, se trata de disponer sobre otra vida. Estamos ante una persona humana, con la dignidad intrínseca que ello supone. La calidad de persona no se adquiere gradualmente, no podemos considerar a un bebé menos persona que un adulto o a quien presenta alguna capacidad diferente como menos persona respecto a otros. Por ende, si estamos ante otra vida, distinta a la de los progenitores, estamos ante alguien portador de derechos y no ante una cosa. En tal dirección se han encaminado hace algunas décadas las legislaciones del mundo, buscando la protección de la vida del niño por nacer, dirección que hoy se intenta torcer. Entonces, considerar que es un derecho “la interrupción voluntaria del embarazo” -eufemismo utilizado para dar elegancia al acto por el cual se termina con una vida en gestación- encierra una palmaria contradicción, puesto que va contra el derecho a la vida, primario y fundamental, derecho que asiste a todo hombre, cualquiera sea su condición social, raza, credo o convicciones, y del cual se derivan todos los restantes contemplados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y demás declaraciones y convenciones que le siguieron. 
El debate se ha instalado tras un pseudodilema: eliminar una de las vidas, cuando en realidad una política de salud pública debe proteger ambas. Este proyecto de ley habilita a abortar con la sola decisión de la madre durante las primeras 14 semanas; en la semana 14 los estudios ya pueden detectar malformaciones en el feto, lo que abre la puerta a prácticas eugenésicas. Más aun, el proyecto permite dar fin a la vida por nacer hasta el noveno mes, dadas ciertas circunstancias como “riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal”. 
Hoy encontramos países como Islandia y Dinamarca, poseedores de una legislación similar, que presumen de no poseer en su población niños con síndrome de Down. 
En este marco, y teniendo en cuenta que la legislación de nuestro país ha avanzado en materia de protección de la mujer, nos planteamos si promover esta práctica no supone también violentar la salud de la mujer misma, dadas las secuelas traumáticas que el aborto puede dejar. Nos referimos a las secuelas físicas y psicológicas tipificadas como Síndrome Posaborto (riesgo de infertilidad, depresión, suicidio, etc.) que hoy se silencian. Por otra parte, el aborto implica de por sí un acto de violencia ejercido sobre una criatura en situación de extrema vulnerabilidad y dependencia; violencia silenciosa que, de legalizarse, significaría la apertura para que, de manera creciente, miles de niños por nacer sean muertos en el seno materno. Sus gritos de dolor no pueden ser escuchados y sus pequeños cuerpos nunca se muestran a sus madres. Nos preguntamos: ¿quién va a proteger al niño por nacer si no lo hacen su madre ni el sistema jurídico? 
Entendemos que se debe considerar seriamente un camino alternativo al que se está proponiendo. La preocupación debe ir hacia proyectos y medidas concretas, orientadas a evitar las situaciones que conducen a embarazos no deseados. Se habla del derecho a elegir, ¿pero qué posibilidad de elección le damos al niño o niña por nacer? Por otro lado, el proyecto pone en jaque la objeción de conciencia, colocando bajo una figura delictiva penal al médico o institución que se niegue a practicarlo. ¿Hay aquí posibilidad de elegir? La profesión médica y el sistema de salud están esencialmente para proteger la vida. El juramento hipocrático y el sentir general de los profesionales de la salud es que la práctica médica encuentra su sentido en el cuidado de la vida y de la salud de las personas. Creemos que institucionalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo nos pondría en la cultura de la muerte y el descarte, nos sacaría del marco valorativo que ha inspirado, al menos en sus programas y legislación, a las políticas de salud pública. Con razón se ha señalado que este proyecto de ley denota un desprecio por la vida humana y pone de manifiesto el fracaso ante la maternidad vulnerable.
Es perentorio, teniendo en cuenta el contexto de pobreza y desocupación en el que vivimos, implementar políticas tendientes a paliar las situaciones de carencia y vulnerabilidad, políticas que impliquen más y mejor educación y prevención, a fin de lograr un sistema de salud que contenga a las jóvenes madres y a sus niños. A la vez, es necesario agilizar los mecanismos de adopción y fortalecer los lazos familiares. Frente a tantas urgencias, no deja de llamar la atención que se debata de manera prioritaria este proyecto. Se mezclan -detrás de un negocio de dimensión global- las ideologías, la ignorancia y la manipulación de conciencias, junto a ciertos intereses agitados bajo las banderas de justicia y libertad.
No desconocemos las situaciones conflictivas y los condicionamientos que llevan a veces a una madre a tomar una decisión de tal naturaleza. Es preciso, ayudar y acompañar. Gobierno, instituciones educativas, asociaciones y ciudadanos tenemos un rol que pasa por el compromiso desde valores comunes e irrenunciables. Urge combatir las condiciones de pobreza y marginalidad que generan adicciones, delincuencia y violencia y que atentan contra la dignidad humana. 
En este tenor, el niño por nacer es, junto a su madre, la primera víctima de un sistema social y económico intrínsecamente injusto, generador de miseria y abandono, en contextos que profundizan la corrupción.
Finalmente, desde el punto de vista jurídico, abogados y prestigiosos constitucionalistas están alertando sobre la inconstitucionalidad que entrañaría la aprobación de esta ley, que entraría en flagrante contradicción con tratados internacionales a los que el Estado argentino dio rango constitucional: con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la cual establece en su artículo 4º que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”; con la ley 23.849 por la que la República Argentina declara, en relación con el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad”; con el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 19 dice “(...) la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, lo que la hace sujeto de derechos; por último, con Constituciones Provinciales, como la nuestra, que garantizan “el derecho a la vida, desde su concepción”.
Hacemos votos para que el juicio prudencial prime en la voluntad de nuestros legisladores, de modo que, los que no tienen voz, puedan ser amparados.

Por Lic. Alfredo Maluf - Docente de la facultad de Humanidades, UNCA.