La semana pasada, en la cámara de Senadores se aprobó el proyecto de "Coherencia minera” que propició Jorge Solá Jais (Frente para la Victoria-Belén) y determina que aquellos departamentos que se opongan a la minería no tendrán derecho a percibir las regalías que se pagan por su explotación. Nunca más bien empleada la palabra coherencia, sobre la que, mucho antes que la expresara la Gobernadora de Catamarca ("creemos que tenemos que ser efectivamente coherentes. Si no queremos minería, tampoco podemos querer los recursos de la minería”), existen antecedentes. Por ejemplo, hubo universidades nacionales que se negaron a percibir las regalías que establece la ley de Ymad por ser defensoras a ultranza del medio ambiente y también el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, resultó duramente criticado en diversas oportunidades por defender "a capa y espada” los dineros de la actividad cuando, en forma paralela, se autoproclamaba ambientalista ciento por ciento. Precisamente por esta posición dual, el 13 de noviembre de 2012, este Secretario lo caracterizó como "antiminero trucho” y más tarde, el 4 de marzo de 2013, volvió a referir la incoherencia de un jefe comunal que pensaba de manera diferente a la mayoría del pueblo, que todas las veces que le tocó expresarse lo hizo a favor de la minería. Esas oportunidades fueron las elecciones de 2011 y 2015. En ambos casos, los candidatos -Corpacci y Brizuela del Moral- apostaron por la minería y entre ambos, se llevaron más del 90 por ciento de los votos en el departamento Andalgalá. Si los ciudadanos hubiesen querido ponerle coto a la actividad, lo hubieran expresado en las urnas.

 

Como sabemos, el proyecto del senador belicho nació porque los concejales de Andalgalá, en forma unánime, aprobaron una ordenanza que, aún sin valor legal, prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca alta del río Andalgalá. Fue, obviamente, "un traje a medida” para la empresa -Agua Rica/Yamana- que piensa explotar la mina del mismo nombre y que, por ahora, acoge en sus planteles a más de 100 empleados del departamento. Una jugada política-mediática que llevó adelante el intendente Alejandro Páez y nada tiene que ver con el sentimiento de la gente, la que quiere, entre varios otros, los beneficios laborales que no abundan por la zona. Así como Alumbrera, aparte de las regalías, hizo numerosas obras (escuela, hospital, etc.), la multinacional dueña de Agua Rica podría volcar en los próximos años algo más que el trabajo que ahora mismo ofrece y beneficia a centenares de familias. Si esto se cae, como quieren los concejales, las condiciones económicas pueden traducirse en pobreza extrema, desocupación e inseguridad, postales clásicas de los pueblos que terminan con la actividad extractiva, la que sirve en forma evidente si las ganancias se emplean en obras de infraestructura y sustentabilidad que generen desarrollo. Ahora bien, si se emplean en cordones-cuneta, escenarios inútiles y pagos millonarios a artistas foráneos como hizo Alejandro Páez, en términos económicos, es lo mismo que haya o no haya minería.

A propósito del intendente. Sin dudas, fue el puntal para la sanción de la ordenanza de la discordia. Enrolado en filas del castillismo duro y en entendimiento con factores mediáticos locales y nacionales que, con presencia efectiva,  completarían su faena en los próximos tiempos, Páez manejó la desestabilizante maniobra en el mayor de los secretos. No llamó a un plebiscito, a una asamblea, a foros de discusión ni cosa que se parezca. Nada. En el mayor de los secretos, sin que nadie lo supiera, ni siquiera la prensa lugareña, "entre gallos y medianoche” completó la operación para la que contó con la complicidad de los concejales que domina, o sea los propios, o un par de peronistas que fueron favorecidos con prebendas públicas o laborales que ya supimos explicar. Tan grosero fue el trámite que ninguno de los siete ediles, cuando han pasado más de 30 días, se adjudica la confección del texto del instrumento legal el que, indudablemente, fue redactado por persona extraña al concejo deliberante de Andalgalá.

 

Por si faltaran incoherencias en lo actuado por los concejales -en combinación con factores de poder-, el nuevo Acuerdo Federal Minero que ya estudia el gobierno nacional y que, en lo que resta del año o en el próximo, según los medios de prensa especializados en minería, tiene que considerar el Congreso, establece cuestiones que, en materia de coherencia, se discuten estos días en Catamarca. Dice lo siguiente: a) las provincias establecerán regímenes de distribución de las regalías que respeten equidad, transparencia y solidaridad; b) las regalías se distribuirán entre provincia y municipios en estas proporciones: 25 por ciento al municipio en que se encuentre el yacimiento; 20 por ciento en forma proporcional entre los municipios que se encuentren a no más de 40 kilómetros del yacimiento; c) un 5 por ciento a la constitución de un fondo anticíclico, en forma de fideicomiso que sólo podrá ser utilizado en caso de una significativa caída en el precio de los minerales relevantes; d) el 50 por ciento restante al Estado provincial, que utilizará el 25 por ciento para obras de infraestructura relacionadas a la salud, la educación y viviendas. El otro 25 iría a rentas generales. Por último, lo más importante de la hora actual que propone el gobierno de Mauricio Macri: "LOS MUNICIPIOS QUE RESUELVAN LIMITAR O PROHIBIR LA MINERÍA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, MIENTRAS DUREN TALES LIMITACIONES O PROHIBICIONES, NO SERÁN ACREEDORES NI PODRÁN PERCIBIR MONTO ALGUNO DE LOS PREVISTOS EN ESTE PROYECTO, NI SER DESTINATARIOS DE LAS OBRAS QUE SE HAGAN CON REGALÍAS”.

 

El intendente Páez y los concejales, con lo expuesto por el gobierno nacional en la proyección del futuro, deberían aceptar a esta altura de los acontecimientos que el proyecto del senador Solá Jais no representa extorsión alguna. Si, efectivamente, se trata de una respuesta contundente a una maniobra oscura, tenebrosa y con evidentes intenciones políticas de abortar la actividad minera en la provincia. Hoy, cuando (Páez) enfrente a los diputados provinciales que estudian el tema, deberá explicar por qué pone en juego los intereses supremos del pueblo andalgalense, sus puestos de trabajo y quizá su futuro. También deberá responder por la seguridad jurídica que, conteste con la posición del presidente de la Nación, deben defender los integrantes de la alianza Cambiemos y por último, desbrozar los condimentos políticos que rodean a la maniobra. En este sentido, sería bueno que diga por qué no llamó a una consulta popular, en cualquiera de sus formas, la que sí le habría dado legitimidad a la ordenanza.

 

Quién salió a presionar, con argumento baladí, fue El Ancasti, el diario que hace rato viene alentando acciones contra la minería y especialmente con la empresa Yamana -propietaria de la mina Agua Rica-, la cual le levantó la pauta publicitaria, como al resto de los medios locales, hasta tanto comience a comercializar el mineral. Ayer, en un acto de cinismo extremo, escribe este párrafo dentro de un comentario general en el que acusa al gobierno de Lucía Corpacci de conspirar contra el pueblo de Andalgalá: "El Estado es de todos. Un gobierno debe gobernar para todos, no sólo para los que aplauden sus políticas. En todo caso debe propiciar un mecanismo de concertación y de consenso para avanzar con los temas que son resistidos. Debe hacer todos los esfuerzos necesarios para el desarrollo de la minería”. Con semejante proclama, no cabe menos que reír, toda vez que el principal enemigo de la minería es el propio diario que se muestra tan preocupado por la suerte de los andalgalenses. ¡Todo por culpa de que le retiraran la pauta publicitaria! Por ello no dice nada de las formas y los contenidos de la ordenanza y de los actores que, detrás de bambalinas, están en juego. Ah, y hablando de extorsión, no está bueno que apele al "funcionamiento de esos maravillosos mecanismos persuasivos, medidos en millones, que hicieron posible el incremento del número de miembros de la Corte de Justicia”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está hablando el diario de sobornos a los diputados? Convendría que lo denuncie en los Tribunales de calle República o lo aclare. Caso contrario, como siempre, de puros meteretes, lo aclararemos nosotros.

 

El Esquiú.com

Boni and Clo

¡Queremos promesas!

 

 Domingo por la tarde. Los inseparables Boni y Clo decidieron compartir unos mates en inmediaciones de El Jumeal. Otra vez, la situación económica fue el tema de conversación.
  -Clo: Está fiera la cosa.
  -Boni: Yo le regalé la billetera a mi sobrino. ¿Para qué la voy a tener?
  -Clo: ¡Tengo una bronca! Primero fue pobreza cero, luego que había que pasar los seis primeros meses, ahora nos piden que tengamos confianza en el 2017 y encima sale su compañero Luisito Barrionuevo diciendo que hay que darle al gobierno unos dos años para que acomode las cargas. ¡Yo ya no sé cómo acomodarme las tripas!
  -Boni: A no quejarse, doña. Según su amigo Macri vamos por el camino correcto. Me enteré de que el presidente se enojó mucho durante un acto en Pilar.
  -Clo: ¿Por?
  -Boni: Estaba diciendo un discurso sobre que comenzó a bajar la inflación, que los precios de la canasta familiar  están contenidos, que se nota la recuperación del empleo genuino y que podemos disfrutar de un mayor poder adquisitivo. Todo bien, hasta que leyó el cartel.
  -Clo: ¿Qué decía el cartel?
  -Boni: ¡Basta ya de realidades, queremos promesas!
  -Clo: ¡Ay, mamita!