Una paciente tarea constante y sin descanso es la que lleva adelante la ONG Apyfadim (Asociación de Padres y Familiares de Discapacitados Motrices) para lograr que en Catamarca quienes padezcan de estas condiciones puedan acceder a un puesto de trabajo digno.

 

La tarea, luego de muchos años de trabajo ha arrojado algunos frutos positivos, como la reciente incorporación de una docena de chicos en dependencias de la municipalidad de la Capital. 

Sin embargo, hay que señalar que la inclusión laboral de personas con distintos tipos de discapacidad es una ley nacional que hace años está vigente y a la que la provincia se encuentra adherida también hace años.

 

Sin embargo, la realidad de quienes padecen estas condiciones de vida es que, después de haber peleado durante décadas para que sus derechos estén amparados por una legislación, ahora deben seguir peleando para que esa legislación sea tenida en cuenta a la hora de cubrir puestos de trabajo. 

Uno de los lugares donde mayor indiferencia se ha notado respecto de esta situación, en cuanto a las dependencias del Estado -que debería ser el primero en cumplir este tipo de normas- es en el Poder Judicial, donde la única excusa que tienen para incumplir la ley -e incluso quedar atrapados en la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario- es que los edificios en donde funcionan las distintas oficinas judiciales no están adaptados para el acceso de las personas con discapacidad. 

Lo más aberrante de esa realidad es que además sea utilizada como excusa para no cumplir una norma. En las múltiples reuniones que tuvieron los integrantes de Apyfadim, lo único que lograron como una respuesta "positiva” fue que en los próximos meses adecuarán el edificio de calle República.

 

Sin embargo, el Poder Judicial gasta millonadas en alquilar decenas de inmuebles en la ciudad. Y poco le preocupa no sólo el acceso de las personas con discapacidad, sino también la seguridad de los trabajadores que ya pertenecen a su planta en la actualidad.  

Es hora de que la Justicia encare seriamente el viejo proyecto de crear la "ciudad judicial” para darles condiciones laborales dignas a sus trabajadores, incrementar la eficiencia -que mucho le hace falta- y poder cumplir con leyes fundamentales como la de cumplir con el cupo de trabajadores con discapacidad.