Desde la bancada periodística
Cuando la acción política impacta con la aritmética
sábado, 21 de enero de 2017
00:16
sábado, 21 de enero de 2017
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La gran mayoría de la gente, con la excepción lógica de quienes conocen su funcionamiento, entiende que el Estado todo lo puede.
Para esa mayoría, a lo largo de los tiempos, nada es imposible. Puede atender los servicios, la salud, la seguridad, la educación, la cultura en sus diversas formas y, todavía, le alcanza para combatir la desocupación. Puede, igualmente, conjurar los desastres naturales, soportar crisis económicas mundiales y hasta librar una guerra con el imperativo de ganarla.
Esa creencia es falsa y genera confusiones. Aquí es cuando emerge la política, ejercida por los gobernantes que, mediante el voto popular, alcanzan los distintos niveles de conducción. Éstos, al menos en los 33 años de democracia ininterrumpida que siguieron a la dictadura, jamás se preocuparon por expresar al pueblo la verdad y, aún con costos políticos, poner límites a prácticas demagógicas que fueron reforzando las falsas creencias. Inclusive uno de esos gobernantes, famoso por sus excentricidades, supo acuñar y solazarse con la frase "la política es el arte de lo posible”. Mentira. No todo es posible y mentir, acaso como símbolo de la decadencia, tampoco es un arte.
Números por aquí, números por allá
Varias de las conclusiones antes expresadas, luego de años con discusiones cruzadas, han saltado a la superficie en los últimos trece meses. Los liberales cargan, casi despectivamente, contra el populismo, cuyos defensores no dudan en inculpar a los primeros de males pasados, presentes y futuros.
Sin inclinar el fiel de la balanza hacia ninguno de los lados, la situación golpea con fuerza a una Argentina ganada por la pobreza y las desigualdades. Claramente es cuando se produce la colisión entre la política que, como lo afirmamos en el introito, no todo lo puede y la aritmética, ciencia fría y odiosa, pero cruel reveladora de la realidad.
De hecho, en el país de las controversias, todos son números. Tenemos los del déficit fiscal, de los préstamos del exterior, de las emisiones de moneda pasadas y presentes, de la balanza comercial, de los pobres y menesterosos -también de los ricos-, de los desocupados, de los índices de consumo, de los precios, de los salarios, de las paritarias. En fin, hasta los del Indec, tan vapuleados en el pasado y, por lo menos, respetados en el presente. Y si de aritmética se trata, nadie puede soslayar los números de las encuestas, una de las debilidades de la clase política, gobernante u opositora.
En medio de tantos cálculos y cuando los actores de la época se aprestan a enfrentar "el año electoral”, han surgido las primeras manifestaciones que aluden al "Estado imposible” enfrentadas al "Estado posible”. Y aquí no se trata de ideologías, que existen y son valorables, sino de vallas difíciles -por no decir imposibles- de traspasar.
De esta manera, en medio de cuentas numéricas que se bambolean en el análisis del país, se ha lanzado a la mesa de debate un tema que tiene que ver con el federalismo en estado puro. Hablamos de la coparticipación, el mecanismo legal por el cual se reparten los impuestos entre las provincias.
Catamarca frente al tironeo político
El anuncio surgió hace pocos días. El Gobierno nacional, por su cuenta y orden, a pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, resolvió actualizar el llamado Fondo del Conurbano Bonaerense, por el cual recibirá este año la friolera de 25.000 millones de pesos por sobre lo que se le venía pagando.
La voz de alarma, inmediatamente, recorrió el país de una punta a la otra. En más, o menos, los gobernadores no solamente aclararon que se opondrán a eventuales recortes, sino que pedirán un trato igualitario al gigante bonaerense, conducido por el PRO tras 27 años de mandatos peronistas, de los cuales sólo uno -el de Eduardo Duhalde, en 1991- recibió el fabuloso adicional que hoy reclama Vidal.
La Nación que, legítimamente, hace política, mandó la respuesta que no habrá tales recortes y convocó a los mandatarios para los primeros días de febrero. Allí, según se conoce, les explicará cómo habrá de ser transformada la Ley de Coparticipación.
Hasta ahora, por los medios, lo único que se conoció es que la Casa Rosada, si bien no ejecutará los recortes, tiene la pretensión de monitorear la recaudación de cada provincia, conocer el número de empleados estatales y ponerle fin a los nombramientos. Para hacerlo, por cuestiones de autonomía y del meneado federalismo, tiene que pedir y para pedir, como ocurre por lo general en la vida común, debe entregar algo.
¿Alguien sabe cuál será la moneda de cambio? ¿El ministro Aredes tiene algún conocimiento? ¿La gobernadora Corpacci es consciente que detrás de un desafío gigante se pone en juego el futuro de los catamarqueños? ¿Habrá conversado semejante jugada con sus pares de la región o del país? Por lo pronto, conforme la letra chica de aquella ley, tiene una salida: oponerse y frustrar la reforma porque los que confeccionaron el instrumento legal en 1988, con letras de molde, remarcaron que hasta un retoque requiere el acuerdo de los 24 gobernadores. Uno que no acuerde sepulta el proyecto.
Tiempos difíciles
Más allá de estas reformas, queda claro que el Estado se encuentra al borde del colapso. La ayuda a Buenos Aires tiene un gran componente político, es cierto, pero las necesidades de asistencia no son un invento. Se trata de un verdadero polvorín con amenaza constante de desborde social.
El gran dilema es que en el resto del país, quizá con algunas excepciones como la Capital Federal, Córdoba o San Luis, los problemas se han multiplicado como hongos después de una jornada de lluvia. Y no hay soluciones mágicas. La cesión a Buenos Aires, por más que se apliquen las mejores explicaciones, alguien las tendrá que pagar. Y los reclamos provinciales, tarde o temprano, se harán escuchar.
Este colapso que hoy preocupa a todos por igual, lamentablemente, también tiene su correlato en Catamarca, por lo que ceder derechos puede resultar catastrófico.
Aquí se han perdido puestos de trabajo y el combate contra la desocupación tuvo que hacerse, en alguna medida, con el propio Estado que, por si alguien no lo percibió, ya venía rebalsado desde el gobierno 2003-2011. Los que critican la metodología, sin embargo, no cuentan que la cantidad de dependientes también tiene que ver con el magro nivel de los salarios.
Las cosas no están bien, queda claro. Aparte del ejército de asalariados, el Estado mantiene deudas que, lo repetimos, ya no las puede solucionar la política.
Por ello menudean reclamos sociales; los colegios médicos, sin ofrecer una pizca de autocrítica, amenazan medidas contra la Osep -o sea contra la gente-; los municipios demandan y demandan; las empresas del Estado requieren extras del Tesoro y hasta los medios de prensa, sin límites de sensatez, claman por contratos que son letra muerta.
Son tiempos muy difíciles que, estoicamente, viene soportando la gobernadora. Hace rato que ella, por la merma de la coparticipación, el fondo sojero y la falta de ayuda de otros momentos, ha expresado sus preocupaciones. Hasta ahora, con mano de administradora de alta responsabilidad, consigue capear el temporal y, paralelamente, se apresta a discutir los derechos provinciales en un escenario que le es desfavorable.
En días más surgirán otros números y siempre pueden ser más duros que los que se conocen. Es que la política ya no tiene capacidades mágicas para sobrellevar la crisis que, por décadas, han creado los propios políticos.
El Estado benefactor, en definitiva, sí tiene límites. El fenómeno, con gran incertidumbre para las generaciones venideras, ya lo estamos viviendo.
El Esquiú.com
Comentarios
Armnado CIPPITELLI BRIZUELA
21/1/2017 | 10:18
#149006
diego
21/1/2017 | 10:10
#149005
