El veredicto revelado por el tribunal de la Cámara Penal N°3 en el marco del debate oral y público por el denominado “crimen del motel”, vino a cerrar una historia que tenía ingredientes de altísima virulencia y detalles específicos que solamente la lectura de los fundamentos de la sentencia podrán aclarar para el resto de la comunidad. 
Los mismos, según se explicó durante el debate, serán leídos a las partes y los ahora condenados en poco tiempo más para terminar de redondear el caso judicial que, aunque tuvo aristas que despertaron el morbo natural de la comunidad catamarqueña, no parece haber sido abordado en toda su extensión. 
Por el momento, el criterio de los jueces permanecerá sin conocerse y especialmente quienes ejercen el rol de defensores de los imputados esperan la chance de saber si la resolución final del juicio puede ser llevada a instancias superiores con un recurso de casación o, por qué no, a un planteo general de constitucionalidad. 
El devenir de las causas judiciales con sentencia suele marcar los pasillos de la Corte de Justicia para tener una última palabra sobre un veredicto puntual de los jueces. No son pocas las causas que los abogados, viendo una luz al final del túnel o deseando extender los servicios a su cliente, llegan a manos de la secretaría Penal para ser examinadas. 
En este caso, el veredicto parecía destinado a generar más debate del que se escuchaba a voces en boca de todos, desde el más hasta el menos jurídicamente ilustrado de los opinantes anónimos. Es así porque una de las personas imputadas también aseguraba ser una víctima que sólo podía ser entendida desde una perspectiva que, si tenemos que ser sinceros, no es la que caracteriza en general a la Justicia argentina, con contadas excepciones. Hablamos, por cierto, de la perspectiva de género. 
Si esta aproximación a los hechos y el derecho fue tenida en cuenta por los magistrados, será dilucidado en poco tiempo más. No obstante, no deja de ser una oportunidad para remarcar cuáles son los vientos de cambio que la comunidad pide -sin siquiera tener que recurrir a profundas modificaciones en la ley penal- sean tenidos en cuenta a la hora de interpretar las normas. El rigor formalista, ya se sabe, no siempre es el mejor de los caminos para entenderlas.