Apuntes del Secretario

jueves, 16 de noviembre de 2017 00:00
jueves, 16 de noviembre de 2017 00:00

Un tema maldito. Nadie, salvo El Esquiú.com, parece dispuesto a abordarlo y seguirlo en el tiempo. Por cierto, estamos agradecidos de que, periodísticamente, los diferentes medios de comunicación nos dejen el campo libre para tratar una cuestión que hace al interés del patrimonio provincial y, por ende, de todos los catamarqueños. Nos referimos a la tristemente célebre “obra del siglo”, a la que nosotros llamamos “cloacas del siglo”, por tratarse de un emprendimiento de este rubro que en esta Capital, desde La Viñita hasta los confines del Norte de la ciudad, debía llevar a cabo la empresa Noruzi, adjudicataria de una escandalosa licitación privada y morosa de los trabajos, lo que apuró la rescisión del contrato por parte del gobierno de Arnoldo Castillo, tras lo cual la Corte de Justicia la condenó a la devolución de dineros públicos que, a más de 25 años de los hechos, no se efectivizó. Es más. Por una decisión del fiscal de Estado, que pidió la nulidad de todo lo actuado en la extensión de la quiebra y extensión de responsabilidad de sus accionistas, existe la posibilidad de que el Estado defraudado termine con las manos vacías, lo que por cierto quedará como una virtual entrega del actual gobierno a una empresa que, como todos sus integrantes, jamás podrá exhibirse orgullosa de su cometido social.

La decisión final del conflicto está en manos de la jueza comercial de Primera instancia en comisión, Cecilia Delgado –reemplaza a Martín Ever Acosta-, quien estudia el caso desde marzo del presente año. En esa fecha, Bertorello asentó la nulidad con la pretensión de que el síndico de la quiebra, Pedro S. Vega, deje de representar los intereses del Estado porque, según su curiosa visión de los hechos, asumió su cargo a partir de una autorización trucha del último fiscal de Estado durante el gobierno del Frente Cívico, Simón Hernández. Para él, aquel poder debía contar con la autorización del entonces gobernador, una exigencia que no la aplica para sí –la firma de Lucía Corpacci no acompaña su petición- al tratar de desplazarlo. De hecho, el síndico contestó en tiempo y forma al pedido de nulidad, desnaturalizando los argumentos de Bertorello. Por empezar, asegura que no puede haber retractación del mismo Estado que lo autorizó y que el actual funcionario, en realidad, realizó la presentación totalmente a destiempo. También que existe jurisprudencia de la Corte de Catamarca sobre las funciones del fiscal de Estado, un cargo sin sujeción al primer mandatario de turno.

En ediciones pasadas de este Secretario, anunciamos que el juez civil de Andalgalá, Escipión Scidá, después de haber sido denunciado por un supuesto acoso sexual a una empleada particular suya, presentó un pedido de licencia que nos parecía el paso previo a optar por la jubilación. Hoy estamos en condiciones de afirmar que esa especie será realidad. Es que la semana anterior, autoridades de la Justicia y de la Cámara Civil realizaron una inspección al despacho del juez, lo que no se hace por una casualidad. Aparte de esta suerte de auditoría, debemos agregar que se encontraron numerosos expedientes en estado de virtual morosidad. Varios de ellos, desde hace largos años, estaban listos para ser elevados a juicio. En otros había sellos y firmas apócrifas. En fin, sobrarían motivos para un jury que seguramente, por el acogimiento a la jubilación, no llegará. Lo último: es más que probable que subrogue el cargo una profesional que viene desempeñándose como secretaria en otro juzgado de la “Perla del Oeste”.


 
Después de que la Corte de Justicia de Catamarca rechazara el pedido de nulidad que, por supuestas adulteraciones al expediente, presentaran los abogados de varios involucrados (Carlos Arriazu, Nancy Madueño, Ariel Regina y Pablo Córdoba Molas, entre otros), la Cámara Penal resolvió abrir el juicio oral y público por el llamado “megafraude de Desarrollo Social” el próximo 12 de diciembre. La medida fue recibida por los distintos actores del hecho, ocurrido en el segundo semestre de 2004, con no poca sorpresa. Es que no se imaginaban que los jueces impriman una velocidad que la causa no tuvo a lo largo de trece años, lo que en realidad plantea otros interrogantes. Se especula que la decisión podría convertirse en una puesta en escena de la Justicia, orientada a “salvar la ropa” en un caso de franca morosidad. En ese sentido, pudo saberse que tras la apertura del juicio, cuando mucho, podría haber una o dos audiencias y después se propondría un cuarto intermedio hasta que pasen las vacaciones de verano. Como la presencia de los imputados ante un tribunal será, por sí mismo, un escrache, nadie quiere pasar dos veces por el mismo calvario, lo cual es perfectamente razonable. Si han pasado más de 13 años de los hechos, ¡qué costaría esperar dos meses más y hacer del proceso un compacto único!

Recordemos que el sonado caso de los cursos de capacitación que se cobraron a precio de oro y no se habrían dictado tuvo componentes políticos indiscutibles. Por empezar, fue el primer gran escándalo de quien hasta ese momento era figura impoluta, el exgobernador  Eduardo Brizuela del Moral, que mantenía entonces relaciones carnales con el kirchnerismo. También participaron notorias figuras de la política, cuyos nombres seguramente saltarán durante las audiencias del juicio. Además, puede haber argumentaciones distintas desde las distintas defensas, Por ejemplo, Hugo Diamante dice que puede probar inocencia plena por haber dictado aquellos cursos y, de hecho, siempre buscó la materialización del juicio denunciando todos y cada uno de los procesos de dilación de la misma Justicia o de otros imputados. En síntesis, no será un juicio tranquilo ni fácil de resolver. Por ello, los jueces tendrían que tomar todos los recaudos del caso, hasta los referidos al tiempo del debate. Simplemente lo advertimos.

La difusión de un audio donde un concejal chacarero, Javier Espinoza (Frente Cívico y Social), hace gala de su habilidad para engatusar a sus pares y, en detrimento de los docentes de Valle Viejo, materializar una trampa a favor de sus intereses políticos, podría terminar en ámbitos de la Justicia. La concejal Verónica Díaz, más allá del malestar generalizado que (el audio) provocó en un organismo que no goza de gran prestigio delante de la sociedad, amenaza con llevar el caso hasta las consecuencias finales porque entiende que las referencias realizadas por Espinoza invaden el terreno de la moral y, en su caso, a su condición de mujer. Para ello destaca que este tipo de irregularidades están contempladas en la Carta Orgánica municipal y prevén sanciones que, según como se analice el tema, podrían llegar hasta la destitución, con lo cual las sonrisas de macho alfa que exhibe el concejal en su conferencia telefónica podrían convertirse en amargo desencanto. La jurisprudencia argentina, por las dudas no lo sepa, ya registra antecedentes sobre casos similares, especialmente en aquellas circunstancias en que se alude a cuestiones privadas, valoraciones personales o agresiones a la mujer. El audio que escuchamos el lunes, por otro lado, tiene de todo. Hasta una carga por un eventual soborno del gobierno provincial que afecta a radio Valle Viejo. En definitiva, se trata de un capítulo bochornoso que no se arregla con disculpas.

 

RECUERDOS NO LEJANOS.

Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque repasamos hechos ocurridos hace 25 años. 


Un día como hoy de 1992, 16 de noviembre, se producía una importante novedad dentro del llamado Caso Morales. José Carma, octavo juez del proceso, denegaba la excarcelación a Guillermo Luque y Luis Tula.

Con respecto a este tiempo que, sin condena, estuvieron en la cárcel de avenidas Güemes y Virgen del Valle tanto uno como otro, hay que acotar que fue deducido de la sentencia definitiva que recién se produciría en 1998.

La promoción industrial para Catamarca, a pedido de provincias como Mendoza y otras que exigían igual trato, quedó suspendida el 1 de enero de 2012, a escasos 20 días de la asunción de Lucía Corpacci como gobernadora de Catamarca.

Sin embargo, hace un cuarto de siglo, quien iniciaba la avanzada contra el régimen era el exministro de Economía de la Nación, Domingo Felipe Cavallo. Efectivamente es así.

En noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, anunciaba medidas orientadas a limitar y eliminar los beneficios de la promoción industrial.

Por cierto, desde nuestra provincia, La Rioja o San Luis, hubo airados reclamos. El ministro de la Producción de aquel entonces, Mario Guardo, declaraba que las medidas de Cavallo representaban, con claras desventajas competitivas, una marginación contra las provincias.

 

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