Apuntes del Secretario

jueves, 23 de noviembre de 2017 00:14
jueves, 23 de noviembre de 2017 00:14

Se viene una partida brava para los legisladores de Catamarca que, antes de fin de año, deberán votar en el Congreso las reformas (laboral, previsional e impositiva) que ha propuesto el Gobierno nacional. Oscar Castillo, Inés Blas de Zamora y Dalmacio Mera entre los senadores, y Brizuela del Moral, Orieta Vera, Verónica Mercado, Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio como diputados son los comprometidos con estas leyes que, teóricamente, apuntan a cambiar el país de cara al futuro, pero horadan en los bolsillos de los que menos tienen; concretamente jubilados y beneficiarios de planes sociales. A los primeros les podarán 100.000 millones de pesos y a los más indigentes 50.000 de la misma moneda. A partir de estos presupuestos, aceptados hasta por el propio gobierno, es difícil aceptar la afirmación de que se piensa mejorar a los jubilados si les sacan semejante cantidad de dinero. Sobre la contradicción deberá girar el criterio de nuestros legisladores que, sin dudas, son conscientes de que de optar por la afirmativa, estarán votando en contra de los jubilados. ¡Vaya dilema!

Sobre el virtual ataque a los jubilados, cabe acotarlo, no hay una historia nueva. Todo lo contrario. Cavallo buscó solucionar los problemas del país en los años 90 de la misma manera y el gobierno de la alianza UCR-FREPASO, comandado por Fernando de la Rúa, antes de caer, había dispuesto una rebaja del 13% a los pasivos. Obviamente, se trata de una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, como arma de negociación, tiene las llaves de los créditos externos, los que, ciertamente, ensombrecen el futuro. La Nación ya debe cifras siderales, varias provincias han tomado deuda en dólares y hasta algunos municipios, como recientemente el de Río Cuarto (Córdoba), han tomado esta variante para salir del atolladero económico. Afortunadamente, a pesar de los problemas que existen, Catamarca se mantiene al margen de estas operaciones, lo que no deja de ser un mérito de las autoridades y de la misma oposición, siempre reacia a otorgarle facilidades al oficialismo.

La fallida interpelación al ex ministro de Producción y actual senador electo por Santa María, Raúl Chico, tuvo características de escándalo a una semana de las elecciones del 22 de octubre. A los bloques de la oposición se sumaron los peronistas que se alinean en la llamada renovación o el merismo. Todos ellos querían al funcionario en el banquillo de los acusados, con plena disposición para ajusticiarlo políticamente. En ese momento, opinamos la inconveniencia de mezclar la campaña electoral con temas realmente trascendentes como el manejo de la producción, a partir de lo cual estimamos que esa interpelación debía materializarse después del 22 para que la ciudadanía sacara sus propias conclusiones. Hoy, cuando Chico ha dejado el cargo, podemos afirmar que aquella movida perseguía, exclusivamente, fines proselitistas. Está a la vista. Es que después de las elecciones, el interés de los inquisidores desapareció como por arte de magia. Un verdadero despropósito como, meses antes, fue la comedia de los legisladores del Frente para la Victoria que debían pedir explicaciones al fiscal de Estado, Carlos Bertorello. Acordaron fingir un disgusto por la “prepotencia” del funcionario –golpeó una mesa con su puño- para que todo quedara en la nada. Apenas la legisladora Mariela Buenader de Walther y en menor medida Marita Colombo objetaron un virtual negociado a costa del Estado.

El dirigente radical Enrique Sir, excandidato a concejal del circuito 3 en 2015, ha puesto en duda la asunción del electo Simón Hernández, que fue el primer candidato del Frente Cívico-Cambiemos en las elecciones del 13 de agosto y 22 de octubre. Conforme aseguró a la prensa, impugnará su pliego en el Concejo Deliberante por considerar que no tiene residencia en la Capital, requisito que efectivamente exige la Carta Orgánica. En realidad, desde hace varios años Hernández vive en Valle Viejo, pero mantiene el domicilio electoral en la Capital, donde inclusive tiene a su cargo la sede de la calle Mota Botello de Movilización, partido que lo cuenta como figura excluyente. A tanto llegan sus convicciones que jamás incursionó en la política viejovallense y por el contrario, no se privó de proclamar su sueño de ser intendente de la Capital. Sin embargo, los reglamentos son los reglamentos y habrá que ver cómo termina esta historia. Primero, si Sir o alguien más lo impugna y en tal caso, qué criterio utilizan los demás concejales al considerar su dossier. Por cierto que ante la eventualidad de ser separado del cargo que supo ganar en las urnas, habría algún interesado en suplantarlo. En este caso sería Tiago Puente, que figuraba segundo en la lista “Cambiando Juntos” que tomó parte en las PASO y quedó cuarto en la grilla que fue a disputar la contienda del 22 de octubre, en la que la alianza Cambiemos consiguió imponer tres candidatos (aparte de Hernández, Fernando Navarro y Alicia Paz).

Lo curioso de este caso es que Sir, en aras de postergar a Hernández, apela a un caso similar que ocurrió en 1997. En ese momento, el peronismo hizo tan mala elección que, sobre siete bancas, apenas ganó dos en las figuras de Eduardo Pastoriza y Víctor Hugo Uriarte, pero la mayoría radical era más abrumadora aún, al punto de tener cómodamente los dos tercios. A pesar de eso votó por el desplazamiento de Uriarte, que hacía un año se había mudado a vivir a Valle Viejo, aunque se mantenía como elector del circuito 6 capitalino. En su lugar juró Carlos Manzanelli, un dirigente que funcionó codo a codo con el Frente Cívico, dejando en soledad absoluta a Pastoriza, quien votó en contra de una medida francamente antidemocrática. Quienes lo hicieron a favor fueron Zavaleta de Ponferrada, Cristian Vincenti, el actual diputado Rubén Herrera, el movilizador Luis Andraca, Cecilia Porta de Salas, Sara Ludueña de Cadó, Luis Alberto Rodríguez, Arnaldo del Pino, Jorge Rodríguez, Sara Barros, Jorge Misto y Martha Cabrera. Hoy la cuestión es al revés, pero sobre ella vamos a opinar algo: lo que ocurrió hace 20 años fue un despojo y si estuvo mal entonces, está mal en la actualidad.

Aunque parezca increíble, en orden a que las voces de ajuste de estos tiempos llegan a aturdir, todavía hay quienes siguen apelando a la necesidad de que se restituyan beneficios a la provincia como la promoción industrial o los diferimientos impositivos, los que permanecieron vigentes por casi treinta años y no fueron bien aprovechados, como ocurrió por ejemplo en las provincias de San Luis y San Juan. Durante los años del kirchnerismo, como si se tratara de una decisión unilateral del gobierno central, se aburrieron de criticar y de solicitar una restitución que las demás provincias –con Mendoza a la cabeza- se negaban a convalidar. Si tal situación se planteó en una administración consideraba populista, pensar que el macrismo lo va hacer es una verdadera torpeza. En ese sentido y en cuanto a las economías regionales, el jefe de Estado no se cansa de repetir que hay que revertir no sólo las producciones, sino los perfiles industriales.

Por estos días, con buen margen de demagogia, ha surgido otra petición alejada completamente de la realidad. Es la que pide la rebaja o congelamiento de los sueldos de funcionarios de toda laya. Quienes pregonan esta locura parecen ignorar que, legalmente, los sueldos no pueden disminuirse y tampoco tienen en cuenta que los salarios que ha establecido la actual administración para sus funcionarios son los más bajos del país. Retocarlos, en el sentido que se propone, sería comenzar a igualarlos con los de los propios empleados, varios de los cuales –según los sectores- ganan más que los propios jefes. La referencia para los funcionarios, en todo caso, sería exigirles por sobre todas las cosas idoneidad y compromiso con la misión que, digamos la verdad, muchos no la tienen. Lo mismo vale para legisladores que llegan a sus bancas sin saber qué van hacer o proponer.

 

RECUERDOS NO LEJANOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos del pasado.

En noviembre de 1992, por una amplia mayoría, se consagraba nuevo presidente de los Estados Unidos el candidato demócrata, Bill Clinton.

Lograba nada menos que 270 electores contra apenas 70 del contrincante republicano, George Bush.

Este resultado electoral tuvo amplia repercusión en la Argentina porque el mandatario de aquel entonces, Carlos Saúl Menem (hoy senador nacional de La Rioja), había apostado todas las fichas a Bush, con quien años más tarde iba a sostener las llamadas relaciones carnales.

En cuanto a la presidencia de Clinton, hay que recordar que se vio empañada por haber sido descubierto manteniendo relaciones sexuales con una secretaria en la Casa Blanca.

Su esposa, Hillary, al parecer lo perdonó, pero tomó ella la delantera política y era la candidata presidencial de 2016.

Lamentablemente para su suerte y para sorpresa del mundo entero, la venció Donald Trump, el actual presidente americano.


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