Las circunstancias denunciadas por la dirigencia del CC-ARI ante la Justicia por los presuntos desmanejos de una agrupación política firmemente vinculada al kirchnerismo -compitió con esas premisas en las últimas elecciones aunque no con ese sello en las últimas Primarias- son sin duda repudiables y materia de investigaciones penales profundas que diluciden los hechos tal como ocurrieron, pero tampoco son exclusivas de un solo sector del arco político. 

Por cierto, y con toda razón, no es cuestión de normalizar actividades abiertamente delictivas mediante aquel perimido argumento que mete a todos en la misma bolsa, aunque sí es de una importancia capital señalar que esa clase de accionar ha sido el puntal con el cual se han ganado múltiples disputas eleccionarias por igual para quienes ahora caen en decadencia como un símbolo de la corrupción más acérrima, y para quienes alguna vez se originaron detrás de las figuras que pretendían ser el faro moral de la República. 

El manejo de los fondos de los que dispone el Estado para paliar situaciones críticas en el movimiento laboral y económico, en un mundo ideal, ni siquiera debiera darse por cierto.

Su existencia -que lleva ya más de dos décadas plenas en funcionamiento- presupone que algo todavía no está puesto sobre rieles en nuestro país.

Pero existe y, mientras tanto, siempre resulta oportuno señalar los puntos clave.

La pretendida nueva forma de hacer política -que con unas abstracciones juveniles se contrapone a unas viejas prácticas que engloban a casi todo cuanto cabe en el rubro de lo ilícito y lo punible- no sólo deberá mostrar que en estos tiempos se puede mantener una línea de corrección y rectitud para el manejo de los fondos públicos destinados al aporte social.

También deberá demostrar esa continuidad con la que, una vez eliminado el factor que proporciona contraste, se espera no terminar por recaer en los mismos senderos.

Hasta ahora pareciera ser que el camino está allanado, pero eso no es razón para aflojar o sentir el deber cumplido. 

El resto -la denuncia en sí- queda en manos de la Justicia y quizás de una querella para apurar los procesos que no siempre son atendidos con la urgencia que una limpieza del juego político necesita.