La decisión no sorprende. La gobernadora Corpacci vetó parte del presupuesto que, para el presente año, aprobara el Poder Legislativo. En el caso de la cámara de Diputados incluía un incremento de aproximadamente 800 empleados que, "de acuerdo a las necesidades de servicio”, podían ocupar cargos políticos, corriendo el pago de sueldos y contribuciones por cuenta del Poder Ejecutivo. Cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de las cámaras y el comportamiento de los legisladores obviamente que se detendrá en el párrafo que indica "de acuerdo a las necesidades de servicio”. Se trata, claramente, de una fórmula para completar protocolos, pero en la práctica, desde hace años, está completamente desnaturalizada. Si hay 800 cargos para distribuir, mucho más en un año electoral, habrá "800 necesidades de servicio” (o más) que no harán más que abultar una planilla salarial que ya es desmesurada y no se condice con la realidad de una provincia que, respecto  solamente a un lustro atrás, tiene menos ingresos por coparticipación, menos por fondo sojero, menos por utilidades y regalías mineras y no dispone de ayuda extra del gobierno nacional. Por si esto no fuera un argumento de peso para apostar por la austeridad, ya se sabe lo que son los puestos políticos intermedios. Simples "subsidios al desempleo” para los militantes que, de hecho, se convierten en ñoquis. Trabajo en la cámara no hace falta y los recursos humanos, al menos en número, sobran. Amén que ni los propios legisladores trabajan y se han convertido, según la consideración pública, en la casta privilegiada de la política.

 

La Justicia condenó el viernes pasado a Ariel Alanís a la pena de seis años de prisión por haber transportado, en noviembre de 2012, una carga de 90 kilogramos de marihuana. Antes, en un acto separado, había hecho lo propio con Pablo Tello, el otro integrante de una banda, aunque entre ellos se desconozcan. De esta manera, se cerró el aspecto jurídico, que solamente dejó margen para un título y una crónica sin mayores detalles, mientras Alanís y Tello ocupan dos celdas en el penal de Miraflores. De fondo está lo político. Este caso fue presentado por El Ancasti como un escándalo de proporciones jamás vistas (más o menos como la captura del "Chapo” Guzmán) y el principal denunciante fue el senador Oscar Castillo, quien sugirió que el cargamento de droga iba hacia un boliche bailable de Pomán en el que tenía acciones el intendente de la Villa que, cuando se produjo la incautación, ejercía como ministro de Gobierno. El tema, por largos meses, ocupó cantidades industriales de tinta y de papel hasta que El Esquiú.com, que también seguía palmo a palmo la investigación, presentó una foto del recientemente condenado, muy sonriente, con la del no menos sonriente Castillo. Es decir que la relación la tenía con éste último y no con Gordillo, lo que al menos no fue comprobado. Otras secuencias políticas del "sensacional golpe a la droga” fueron las declaraciones de Castillo y la detención de Alanís, que permaneció prófugo por largo tiempo. El primero, ante la Justicia, dijo no tener ninguna prueba y que había realizado la denuncia para que la Justicia investigue. ¡Sin comentarios! En cuanto a la detención de Alanís, se produjo en un bailable súper público de la Capital y en compañía de abogados asociados al Poder Judicial. ¡Otro grotesco! En síntesis: un combo de irresponsabilidad a partir de componendas entre políticos y periodistas. ¡Una vergüenza!

 

En Villa Giardino (Córdoba), debaten los radicales de todo el país sobre el rol del Partido dentro de la alianza Cambiemos. Lejos de la eventualidad de una ruptura, se analiza un documento crítico sobre el rumbo del gobierno nacional y la necesidad de evitar los errores (como meterse con los haberes de los jubilados o refrendar un arreglo a favor de la familia del presidente) que vienen desgastando la gestión. Paralelamente, piden un mayor protagonismo, un nivel de consulta más amplio y por supuesto, planes para el futuro. El inmediato, por las elecciones que se avecinan y el mediato que, obviamente, se desprenderá del resultado electoral. Más allá del pronunciamiento final, que tendrá luz pública la semana venidera, la UCR no se siente nada cómoda. Es que pone la estructura en todo el país y según la legión de quejosos, a cambio recibe muy poco. Paralelamente se objeta no ser tenida en cuenta, a diferencia de una Elisa Carrió (Coalición Cívica, la tercera pata de la alianza) que, cada vez que habla, hace temblar hasta los visillos de la Casa Rosada.

La solicitada a favor de Luis Lobo Vergara, que firmó el ignoto señor Genaro Contreras y apoyó el secretario del comité provincia, Roberto Tejeda, definitivamente no lo dejó bien parado. Es que esos escasos respaldos, más el de un extrapartidario como Rubén Manzi, no fueron precisamente una vocinglería infernal. Surgieron, conforme lo aceptan en las diferentes líneas, por pedido del propio acusado de ser el titular del estudio jurídico desde donde se ejerció "coacción y amenazas” contra humildes ciudadanos que tomaron créditos de la financiera Credil. La situación debe ser definida por la Justicia y en torno a ella, hay que decir que en los próximos días -posiblemente el martes a media mañana- el abogado Oscar Romero, denunciante del titular de la UCR provincial, en conferencia de prensa, presentaría las pruebas contra personas que son socias, allegados o familiares de Lobo Vergara. Precisamente por esto, por tratarse de hechos concretos aunque pertenezcan al ámbito privado, nadie se quiso prestar a una defensa que, rápidamente, puede convertirse en boomerang. Así fue como la diputada Paola Bazán o el reconocido dirigente -fue el último candidato a senador nacional- Francisco Monti, casi a coro, expresaron que no se pueden mezclar las cuestiones institucionales con las privadas. Lo mismo piensan las principales figuras de la UCR, ninguna de las cuales habría participado del análisis de la solicitada que proclama que la denuncia de Romero se reduce a "un operativo de prensa”.

 

Este último aserto, que directamente acusa a El Esquiú.com como vehículo de una maniobra orquestada, se cae por las contradictorias expresiones del propio Lobo Vergara. Fue quien disparó esta barbaridad, aunque el pasado viernes rumbeó para otro lado al afirmar "en realidad es un conflicto entre dos empresas que se denuncian por una estafa y algunos lo utilizaron para plantear una cuestión social que nada tiene que ver con la política”. ¿Cómo es la cosa al final? ¿Fue un operativo o un conflicto entre dos empresas? También señaló que en su domicilio trabajan dos abogados, aunque no aclaró la relación que tienen esos profesionales con el dueño de casa que, como se sabe, también es abogado. El remate final del alto dirigente del radicalismo fue tajante. "Accionaré judicialmente”, expresó, sin aclarar contra quien lo hará. Sería bueno que cumpla con la palabra ya que tiempo atrás, con motivo de un negociado por una clínica de Recreo, bravuconeó que iba a hacer todas las aclaraciones del caso en la Justicia -en ese momento estaba de feria- y hasta ahora no hizo nada.

 

 

Como lo hacemos cada domingo, en este último bloque hay lugar para memorar hechos del pasado.

Hacia fines de febrero de 1992, el gobierno provincial anunciaba, con bombos y platillos, una reforma del Estado que nunca se iba a cumplir. El Frente Cívico, que hacía dos meses había ganado legítimamente las elecciones, hacía hincapié en la sobredimensión del Estado que le tocó recibir de manos del interventor Luis Prol y ponía el ojo en la administración pública y en una necesaria racionalización.

 

Con el correr de los meses, la dotación de empleados iba a aumentar de manera exponencial; los concejos deliberantes que, de acuerdo a promesas de campaña, iban a tener cargos ad-honorem se pondrían en igualdad de condiciones que la Legislatura y esta, de la misma forma, iba a registrar aumentos del personal.

Lo que no fue incumplimiento de promesas, pero sí una política equivocada, fue plegarse a los planes de Carlos Menem y Domingo Cavallo. De esta forma comenzarían las privatizaciones. La primera de ellas fue un escándalo que está registrado con letras de molde en los diarios de la época y tuvo que ver con la vieja terminal de ómnibus.

 

Es cierto que se trataba de una dependencia derruida y maloliente, pero fue entregada en condiciones muy desfavorables para el Estado.

 

El beneficiario de la concesión, sin licitación alguna, resultó el empresario Guido Moguetta que, de arranque, mientras cobraba los alquileres, tenía dos años de gracia para comenzar a pagar un canon realmente irrisorio, como quedó demostrado cuando el Estado, en 2013, recuperó la administración de la terminal bajo la órbita del ministerio de Servicios Públicos. Después de esta privatización vino la del Casino y otras que fueron nefastas para las arcas del Estado y para la población en general.