El gobierno se vio envuelto en un insólito episodio con el decreto publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, en donde con la firma de Lucía Corpacci y el ministro de Producción, Raúl Chico, se vetó una parte del presupuesto de la cámara de Diputados, puntualmente el que hacía referencia a los cargos políticos que suman la friolera de 777. El lunes, tanto el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, como el titular de la cámara baja, Marcelo Rivera, se apuraron en aclarar que esos puestos fueron cubiertos y no peligraban -estaban incluidos ya en el presupuesto 2016- y que lo que se buscaba con el veto es que no hubiera nuevas designaciones. Sobre el malentendido se coincidió en que se trató de un supuesto "error de tipeo”, aún cuando un instrumento que llega a manos de la primera mandataria tiene normalmente varias revisiones y controles antes que ésta le estampe la firma y lo haga oficial.
******
En medio de las distintas versiones sobre el tema, los pedidos de rectificación del FCS y el malestar expresado por los gremialistas, nadie hizo referencia a lo que implica tener casi 800 puestos políticos y la pretensión de incorporar otros según "razones de servicio” en una institución como la cámara baja catamarqueña. Si se suman los 1.022 cargos de la planta permanente y los 144 de los no permanentes, se obtiene un total de casi dos mil personas en la nómina salarial, por supuesto sin contar las dietas y otros ingresos de los legisladores o lo que gasta el Senado. ¿Se justifica tener semejante estructura clientelar cuando hay tantas carencias en otros ámbitos? Lo peor es que más allá de las supuestas restricciones, no hay garantías de que no se sigan realizando nombramientos por las demandas del año electoral que transcurre.
******
Así las cosas, el ciudadano común asiste a este irracional aumento del empleo público y por ende del gasto improductivo que, a pesar de los discursos de ocasión sobre la necesidad de incentivar el trabajo genuino, sigue siendo "el” destino que muchos anhelan y que la dirigencia explota en función de sus necesidades políticas.