A tono con el período preelectoral, las especulaciones van y vienen. El pedido del radicalismo para que sus representantes "copen” la Mesa Provincial de Cambiemos, que seguramente será rechazado o suplantado por una alternativa mejor y que no vuelque los platillos de la balanza, se anota en ese esquema. Los problemas por la sucesión del intendente de Ancasti igual. En fin, denuncias y contradenuncias, no se pueden escindir de un clima que será mucho más intenso a medida que se acerque la fecha clave del cierre de las listas de precandidatos, esto es, el 24 de junio venidero. También en el oficialismo, a medida que pasan los días, se hacen y se deshacen internas. Todos quieren estar en la línea de partida al momento que se ponga en marcha una competencia que, sin dudas, va a tener alternativas más que interesantes. En ese sentido, resulta muy bueno el criterio que han adoptado, por ejemplo, Lucía Corpacci y Raúl Jalil. Ambos, intensamente se dedican a la gestión, y dejan que los conciliábulos electorales vayan por otro lado. En el caso del intendente capitalino, que atiende las demandas de su sector político, fue terminante. Dijo que está alineado, sin vueltas, con la gobernadora y el presidente de la Nación, quien le está colaborando para obras municipales. 

El Ancasti, que soporta las consecuencias de sus permanentes contradicciones editoriales y los actos de censura previa, continúa empecinado con algunas causas que, en el fondo, no dejan de ser chicanas propias que supo crearlas y trasladarlas al ámbito judicial. Una de ellas tiene que ver con la denuncia que, en agosto de 2016, realizara el empresario Jorge Marcolli y que refiriera que el kirchnerismo, hace 14 años, cobraba coimas a los empresarios de la construcción catamarqueña que resultaban beneficiarios de los planes de vivienda. De hecho, según su relato, y pese a haber ganado una licitación, a él le habrían despojado de una obra por negarse a pagar el óbolo que regía en aquellos tiempos, lejanísimos por cierto. El apuntado como cobrador o mediador, según el relato tardío de Marcolli, era el actual ministro de Obras Públicas -Rubén Dusso- que, supuestamente, aunque no tuviera ningún cargo, hacía de nexo entre Nación y provincia. Forzadamente se lo ubica, especialmente por parte del diario, como el creador de una Asociación de Empresas Contratistas del Estado, sin indicar en momento alguno que en 2003 todo el manejo de la obra pública estaba a cargo de la administración del Frente Cívico, de la cual Marcolli formaba parte. Obviamente, cualquier irregularidad la Justicia la tendrá que bucear por aquellos territorios y en los personajes de la época que manejaron los planes de vivienda. Más claro: hay que hacer la instrucción del caso volviendo 14 años al pasado. ¿Problemático, no?

Periódicamente, con una frecuencia de 10 o 15 días, El Ancasti coloca en sus páginas el mismo tema. Lo repite y lo repite, como si fuera el CD de un fanático de Julio Iglesias. Pero nunca agrega nada. Ahora ha salido a proclamar que hay avances en la causa, lo cual justifica con la declaración que habría realizado un exfuncionario del Frente Cívico quien, lejos de avalar las maniobras que se relatan, dijo que desconocía la existencia de coimas, aunque aceptó que hubo un organismo paralelo a la Cámara de Construcción, que era la que dialogaba con Brizuela del Moral y en los años previos supo hacerlo con Oscar Castillo. En este punto conviene hacer algunas aclaraciones que contradicen al diario de calle Sarmiento. Aquella cámara tenía existencia efectiva y desde allí, con el respaldo del poder, el que "repartía el naipe” de las obras era Benjamín Capdevila, lo que fue denunciado por la hoja periodística que, en rara mezcolanza, critica cámara del pasado y cartelización de hace unos años. Ah...la última aclaración: aquella Asociación de Empresas Contratistas del Estado, que se armó con la aquiescencia del diario, tenía todo en regla -personería jurídica incluida- y a ella adhirieron la gran mayoría de las empresas. En síntesis: por más que hayan pasado los años, ni aun con mentiras, se pueden deformar los hechos de la realidad. Y hasta pueden surgir testigos que, si la causa avanza como dicen que avanza, avalen lo que informativamente se omite.

Hoy podría haber novedades en torno a la situación institucional del departamento Ancasti, que sufre una especie de acefalía desde la desgraciada muerte de su intendente, Antonio Córdoba. El gobierno pretende, lo más rápido posible, convocar a los ciudadanos a elecciones complementarias, las que legalmente están contempladas en caso de fallecimiento del intendente titular antes de cumplir el segundo año de mandato. Sus aspiraciones se compadecen con la opinión, casi en tono de sugerencia, del juez electoral Raúl Guillermo Cerda, para quien sería posible evitar las primarias o Paso y, si hay acuerdo, avanzar hacia una contienda que la ubica como extraordinaria, en razón a que la ley habla de elecciones ordinarias. La verdad que en este caso le asiste la razón al titular de la UCR, Luis Lobo Vergara, quien ha señalado que el pronunciamiento mediático del magistrado incomoda o, mejor dicho, interfiere en la cuestión legal. El caso es que, aunque se trate de un solo cargo, hay que hacer las Paso, iniciales de un nombre y apellido que debería despejar las dudas o las conveniencias de unos y otros: PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS. Con esta última condición, OBLIGATORIAS, se debería acabar la discusión. Lo del juez es casi un consejo para evitar gastos y esfuerzos que, en este caso, tienen poca utilidad. A no ser que haya una lucha enconada que desconocemos en alguno de los partidos de Ancasti por esta candidatura, lo que sí obligaría, indefectiblemente, a cumplir con la ley.

 

Días pasados, en un juzgado de Recreo (La Paz), fue a declarar la conocida dirigente y exintendente de Icaño (2003-2007 y 2007-2011), la doctora Olga Santillán. Lo hizo por una denuncia que data del año 2012 y que refiere a un faltante de 20 millones de pesos durante su última gestión. Llama poderosamente la atención el beneficio que goza Santillán de ir a declarar 5 años después de haber sido señalada por un supuesto ilícito -ya resultó multada por el Tribunal de Cuentas-, cuando en el caso de un ciudadano común, casi inmediatamente, se lo lleva de las orejas y se lo pone delante de un juez cada vez que resulta denunciado. Por cierto, siguiendo el estribillo de los tiempos, la doctora Santillán negó desprolijidades y, pasando al ataque, dijo que se sufre una persecución desmedida, lo mismo que su esposo. No ha de ser tanto, doctora, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. Y lo mismo vale para Pablo Doro, involucrado en el escándalo de las "compras directas” del 2003, al que todavía la Justicia guarda en un cofre cerrado con siete llaves distintas.

 

 

Como lo hacemos martes, jueves y domingo, el final de los "Apuntes” corresponde a los recuerdos de hace 25 años.

La primera parte del gobierno del Frente Cívico, a partir de 1991, se consumió en arreglar diversas situaciones de orden político.

 

Por empezar, don Arnoldo Castillo y su ministro de Gobierno, Guillermo Herrera, se dedicaron a reformular el cuadro de la Justicia provincial que, por la Intervención Federal, había dejado huecos en los diferentes estrados. Hasta la Corte, manejada por cordobeses que nombró Luis Prol, tuvo que ser reconformada.

 

Esta situación convirtió en más importantes los juramentos en la Justicia que el propio Poder Ejecutivo que, obviamente, tenía que cubrir todos los cargos, desde ministros a directores de cientos de reparticiones.

Sin embargo, el escándalo mayor, como ya lo adelantamos en otros "recuerdos”, se relacionaba con el Senado.

 

Es que allí, el día 9 de diciembre de 1991, solamente juraron 7 electos pertenecientes al Frente Cívico (Raúl Blas Bosch de la Capital; Gabriel Garcías de Ancasti; Luis Falcón de Valle Viejo; María Teresita Colombo de Acevedo de Fray Mamerto Esquiú; Ramón Herrera de Paclín; Nando Julián Quintar de Tinogasta y René Milcíades Vázquez de Antofagasta de la Sierra).

 

Los 9 restantes, que pertenecían al saadista Movimiento de Afirmación Popular (MAP), se negaban a hacerlo, con lo cual no existía en el cuerpo ni siquiera el quórum.

 

Por ello, en marzo, se declaró la vacancia y permitió que jurarán los suplentes: los de Andalgalá, Capayán, Ambato y Santa María lo hicieron el día 3 y el de El Alto el 20. Con ellos ya había 12 sobre 16 senadores.

 

Todas estas novedades, por supuesto, le fueron comunicadas al ministro del Interior, José Luis Manzano.

 

Para ello viajaron a Buenos Aires el gobernador Arnoldo Castillo y su vice, Simón Hernández, acompañados del senador capitalino Blas Bosch, quien comunicó oficialmente "todo se hizo dentro de la ley”.

 

Sin embargo, la sugerencia de la Nación fue que volvieran atrás y permitieran la jura de los titulares, la que no fue escuchada. En esos momentos, cabe destacarlo, salió una resolución de la flamante Corte de Justicia avalando lo dispuesto en cuanto a las vacancias, sobre lo que opinó el entonces diputado y actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Barros.

 

Dijo que respetaba la decisión de la Corte local, pero el amparo dispuesto por el juez Mario Acuña tenía valor y en definitiva la que debía resolver era la Suprema Corte de la Nación.

Mientras el escándalo político duró todo el verano de 1992, el resto de las instituciones, con la Justicia a la cabeza, funcionaban.

 

De esta manera, el Concejo Deliberante de la Capital se había conformado sin problemas y en la apertura de sesiones, presidida por Horacio Francisco Pernasetti, entonces concejal y años más tarde diputado nacional y auditor de la Nación, le tocó hablar por primera vez como intendente al ingeniero Eduardo Brizuela del Moral, quien dio a conocer un pormenorizado informe de su plan de obras.