La revelación de la cantidad de empleados públicos, que coloca a Catamarca al tope del ranking nacional en esta materia, no puede sorprender a nadie, ni debería mover a críticas; sí a una profunda reflexión. Es el resultado inevitable de la demagogia que todos los gobernantes, desde la década del ‘70, ejecutaron en la provincia para paliar la falta de empleo privado o el desarrollo industrial que tienen los grandes centros urbanos, a los que la prensa -local y nacional- coloca como ejemplo cuando no lo son. Que Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Mendoza tengan 51 empleados públicos por cada 1.000 habitantes y Catamarca logre cómodamente duplicarlos (113/1000) no debería enorgullecerlos, en tanto y cuanto en esos lugares hay muchísimas fuentes de trabajo fuera del Estado. Por estas tierras, en cambio, la cosa es mucho más complicada. No en vano, por casi 40 años, Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan tuvieron promoción industrial, por la que reclamaron precisamente -inclusive con hacer juicio, que es el caso mendocino- las provincias con notorias ventajas comparativas. La comparación, sin embargo, no debe ser un paliativo para las actuales autoridades, sino el punto de partida para una reforma constitucional que Lucía Corpacci propuso y que la oposición -castillista y brizuelista- obstruyó, a pesar de reconocer frente a cada micrófono que enfrentó que era reformista. Con el panorama actual, inclusive en plena campaña electoral, hay que volver sobre el tema y saber qué piensan hacer los candidatos una vez que resulten electos. Si van a seguir con chicanas, mejor que no los vote nadie. 

 

Continúa, con prisa y sin pausas, la campaña mediática orientada a demonizar a la empresa Camyen que, con el acompañamiento genuflexo de casi toda la oposición, lleva adelante El Ancasti. Hacia el final de la semana abrió un nuevo capítulo con dos hechos aparentemente nuevos, aunque forman parte de una misma historia, chiquita y lamentable. El primero fue una supuesta toma -duró menos de dos horas- de las instalaciones de Andalgalá por parte de un grupúsculo que, según propias palabras de "los invasores”,  la realizaban para evitar un vaciamiento (?) de las instalaciones y de la materia prima y permitir que Fabricaciones Militares, si es que retoma la conducción de Minas Capillitas el venidero 28 de mayo, encuentre todo en orden. La segunda fue la denuncia de los legisladores por un crédito, teóricamente irregular, de más de 26 millones de pesos que el ministerio de Producción cedió a la empresa para pagar deudas. La explicación en la sede judicial estuvo referida a problemas formales y el destino incierto del dinero. Veremos cómo se define esto.

El mismo diario, que puja por los intereses nacionales en detrimento de los provinciales y tapa todos los chanchullos que rodean a Fabricaciones Militares y al ministerio de Defensa, hizo su aporte a la conjura indicando que "los indicios sobre la existencia de un ‘circuito negro’ de la rodocrosita son muchos”. Está bien, si son muchos habría que decir, aunque sea referencialmente, para transparentar la información, en qué consisten esos indicios. Nada. Y completó la parodia de investigación periodística afirmando que "Camyen está dispuesta a judicializar el conflicto”. Vuelven a falsear la verdad los escribas. Desde el pasado 10 de abril el conflicto ya está judicializado, en virtud a presentaciones realizadas en Buenos Aires. A la carta documento del 29 de marzo, que indicaba que la concesión finaliza el 28 de mayo, se la rechazó por "temeraria y maliciosa” y se indicó que Catamarca va a reclamar, mediante acciones civiles y penales, por eventuales daños. Pero, aparte, están presentados dos recursos, uno de reconsideración y otro de alzada en subsidio contra una rescisión que firmó un funcionario de niveles intermedios y no el responsable de Fabricaciones Militares. Lo sustancial de estas presentaciones, para la provincia, es que no se explica cuáles fueron los incumplimientos del contrato. Hasta el día de hoy nadie responde. Un símil de "los indicios” de la prensa. 

 

La defensa que se hace en Catamarca de Fabricaciones Militares permite rodear de sospechas (hasta ahora, lo repetimos, no aparecen las pruebas) a Camyen y al mismo tiempo, omitir graves irregularidades del organismo nacional, cuyo responsable está denunciado en la Justicia por varias causas, a las que sumaría una nueva relacionada a la venta y reventa de 15.000 pistolas italianas marca Beretta. En esta operación, llena de oscuridades, se han detectado triangulaciones y sobreprecios ostensibles. Alguien que haga las veces de "abogado del diablo” de este caso, con razón, podrá decir que una cosa no quita a la otra, pero la verdad es que el perfume a "jugada política” tiene demasiada intensidad. 

En lo que ya es un clásico en tiempos preelectorales, reapareció estos días haciendo declaraciones el exgobernador Ramón Saadi. Fue entrevistado por el canal de aire "Catamarca es Noticia” y reveló que, en 2019, será candidato a gobernador. Lo raro es que no dijo gran cosa de las elecciones 2017, que son las previas. Apenas se refirió a la contienda extraordinaria de Ancasti del 4 de junio, en la que presentaría un candidato que saldría de un lote "de dos o tres” que tiene en vista. En más, criticó con dureza al gobierno actual y a todos los anteriores, indicando que fueron 26 años de retroceso y de crecimiento de los bolsones de pobreza. Por el tono en que habló, se nos ocurre pensar que alguien de su cercanía debería informarle que ya no es gobernador, sino un demacrado exgobernador que forma parte del pasado. Es cierto que, en aquel entonces, fue objeto de una conjura, perfectamente orquestada, para quitarle el manejo de los negocios mineros, pero también es cierto que cometió la suma de los errores en sus manejos políticos y hoy los paga con el ostracismo.

Como había anticipado este Secretario, Luis Barrionuevo volvía a la provincia por un problema personal y no por política. Si bien es cierto que estuvo reunido con Raúl Jalil, Gustavo Saadi y su delfín catamarqueño, Marcelo Rivera, durante las jornadas de jueves y viernes atendió un reclamo de paternidad que le hizo alguna catamarqueña que, en broma o en serio, él dice no conocer. Para ello se sometió al análisis de ADN y ahora será la Justicia la que determine. Sin embargo, tal cual es su característica, Luis no se privó de hacer una especial comparación. "Si yo tuviera un hijo lo reconozco, no sería como Diego que al último lo reconoce”. Por supuesto que Diego no es otro que Maradona, alguien que bien sabe de paternidades que él mismo, alguna vez, puso en duda. 

 

 

 

 

 

Como ocurre habitualmente, completamos los "Apuntes” de la fecha con el repaso de hechos pasados. 

Hacia finales de abril de 1992, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hacía un severo llamado de atención al máximo tribunal local por la tardanza en enviarle en forma completa el expediente del Caso Morales, al que había solicitado con buena antelación. Desde Catamarca le contestaron que la Suprema Corte "no tenía facultad alguna para apercibir a ninguna Corte del país” y comparaban la situación con el hipotético supuesto de que "Menem apercibiera al gobernador Castillo”. Sin embargo, un día como hoy, 30 de abril de 1992, el expediente marchó a la Capital Federal. Se trataba de 21 cuerpos y 4.121 fojas, las que iban hasta ese momento. 

También en abril de 1992, nuestro comprovinciano José Luis Barrionuevo ya hacía demasiado ruido con sus denuncias. Decía conocer parte de la lista de los deudores del Banco Central de la República Argentina, la cual incluía "a quienes defraudaron a la entidad en unos 13.000 millones de dólares”. Señalaba que era parte de la "plata dulce de las quiebras y del dinero de los ahorristas que terminaba pagando el Central”. Como puede apreciarse, el líder gastronómico nunca se guardó denuncias sobre eventuales defraudaciones al Estado.