Desde el mismo momento que el PRO asumió el gobierno nacional y también la provincia de Buenos Aires, advertimos desde estos "Apuntes” que, después de mucho tiempo, se creaban las condiciones para una eventual modificación de la Coparticipación federal, la ley por la cual se reparten los fondos a las diferentes provincias. No fue gran descubrimiento. La base de sustentación política de Mauricio Macri, hoy en día, está en el gigante bonaerense y hacia allí trata de dirigir las mayores ayudas, como ya lo hizo con aportes directos o con la autorización de créditos que le permiten paliar una situación que, ciertamente, es delicada. Gran parte de esos problemas, como se sabe, se solucionarían con el "Fondo del Conurbano Bonaerense”, un monto estratégico de carácter compensatorio que aprobó el gobierno de Carlos Menem para favorecer la gobernación de Eduardo Duhalde y que nunca fue actualizado, hasta convertirse en la actualidad en una ayuda de 650 millones de pesos, cifra que en presupuesto provincial es minucia. Los cañones políticos, sin embargo, vuelven a apuntar a ese fondo y, de producirse modificaciones, que nadie dude, afectará a todas las provincias y especialmente a las se consideran inviables, como Catamarca. 

 

Aparte de la sintonía Casa Rosada-La Plata, hay otro elemento que puede resultar fundamental en este tema. Es la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el macrismo podría contar con los votos necesarios para producir la modificación que persigue. No será cuestión sencilla, porque la ley aprobada en 1988 -de la que participó activamente a favor de Catamarca don Vicente Leónides Saadi- señala enfáticamente que hasta la mínima variante necesita la voluntad expresa de los 24 Estados provinciales (se incluye, entre ellos, a la Capital Federal) y es precisamente lo que está estudiando el máximo tribunal de la Argentina. Por lo pronto llama a los gobernadores, paso previo para avanzar en una negociación que, lo reiteramos, tiene como norte restituir dineros de los impuestos a Buenos Aires, la que fue perjudicada cuando se dictó la ley, en tiempos de Raúl Alfonsín. 

¿Por qué se habla de este tema con tanta insistencia ahora y antes, por décadas, hubo silencio? Sencillamente porque ha cambiado el escenario político. La provincia de Buenos Aires fue gobernada desde 1987 a 2015 por el peronismo y la Casa Rosada, aunque fuera del mismo palo, ejercía control político sobre gobernadores como Carlos Ruckauf, Felipe Solá o Daniel Scioli. Les daba lo justo y necesario como para mantener soberanía electoral, pero no tanto como para que se pasaran de la raya y buscaran escalar hacia el epicentro del poder. La realidad de estas épocas es bien diferente: María Eugenia Vidal es Macri y Macri es Vidal. No hay problemas entre ellos. Es más: se sostienen mutualmente. Por eso el presidente es el principal interesado en que la gobernadora cuente con esos fondos y de allí la avanzada. Cómo será de peligrosa que el ministro de Economía de Catamarca, Ricardo Aredes, con fundamentos, ha dicho que la señal de peligro para la administración de Lucía Corpacci es de 1.800 millones anuales. ¿Qué tal? También es cierto que estamos en los preliminares del problema y que habrá de correr mucha agua bajo los puentes antes de que se produzca semejante cambio. Nadie lo discute, pero la vista está puesta en 2019 y para ello hay movimientos de tropa desde ahora mismo. 

La candidatura a diputado nacional de Eduardo Brizuela del Moral, aunque lo desmientan, ha provocado estupor en diferentes estamentos del radicalismo que, por lo menos, esperaban un gesto del eterno postulante. En primer lugar, el hombre golpeó con la fuerza de una masa a quienes, desde hace dos años, vienen reclamando una renovación de los cuadros y lo hacen, según dicen, porque la gente les pide que así sea. Dirigentes como Juana Fernández, Vázquez Sastre, Roberto Gómez y Paola Bazán, por nombrar sólo algunos, afirman que en todas las recorridas por el interior les claman que haya cambios, pero resulta que las encuestas favorecen a quien era, hasta esta semana, serio candidato al reemplazo. Por su edad, por sus caídas electorales, por la falta de resultados en el Congreso y por una retahíla de motivos, esta dirigencia estimaba que había llegado la hora del retiro del veterano exgobernador. Tampoco se trata de ser necios y no aceptar la realidad. Si es quien mejor mide, es porque nadie en el radicalismo ha crecido, lo que nos lleva a aventurar un presagio para 2019: será "el gordo” -como lo llaman-, por quinta vez consecutiva, el candidato a gobernador.   

Las obsesiones periodísticas de El Ancasti, en los últimos años, se han convertido en una especie de fanatismo. Entre tres o cuatro ocurrencias puntuales que tiene dentro de la provincia, mantiene inalterable una prédica antikirchnerista que lo asemeja con los fundamentalismos más acendrados del planeta. Cualquier cosa que ocurra en la Argentina o en Catamarca, o tiene la culpa el kirchnerismo en su conjunto o la responsabilidad será siempre de Cristina Kirchner, "una yegua” de aquellas para el medio de prensa. En la última semana, en esta línea, asociaron a la famosa feria bonaerense La Salada con el sector político que gobernó el país hasta 2015. Lo hicieron a partir de que, alguna vez, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, invitó a los empresarios que trabajan en Lomas de Zamora a una gira empresarial por países africanos, con epicentro en Angola. Ese viaje, del que participaron otros 170 empresarios, para El Ancasti, es la prueba definitiva de que La Salada tuvo la cobertura política del kirchnerismo. Por eso titularon un artículo "Banca política para el delito” y pusieron la foto del jefe de una de las dependencias de la feria, Jorge Omar Castillo, un confeso militante radical que, antes de marchar preso, se aprestaba a presentar listas para las Paso en nombre de la alianza Cambiemos. Muchachos: aflojen con el odio, que hace mal. Y piensen en todo lo que, a manos llenas, recibieron del kirchnerismo. Además, notifíquense que hay nuevo gobierno desde hace 19 meses.

Otro que, "sin mirar la viga en su propio ojo”, vive hablando de corrupción es el diputado Lobo Vergara, quien no hace mucho estuvo metido en situaciones que no se compadecen con su calidad de legislador y presidente de la UCR. Primero con el alquiler de un inmueble de su propiedad, para el cual utilizó a una testaferro, y después con el cobro compulsivo a humildes ciudadanos que habían tomado créditos con una financiera local. Sin embargo, para él todo es corrupción. Así nos dice, en El Ancasti, "da la sensación de que EC Sapem es otro ejemplo de la corrupción”. Sería mejor que omitiera las sensaciones que, en su boca, se hacen aun más relativas, y vaya a denunciar a la Justicia. Ah... También es bueno recordarle que cuando se trató el escándalo de las cloacas de la Capital, una estafa formidable contra el Estado, no le vimos mover los labios. ¿Por qué será? 

 

 

Como lo hacemos habitualmente, reservamos el último bloque para memorar los hechos del pasado. 

A raíz del pedido de juicio político al exjuez Manuel de Jesús Zeballos (actuó en el Caso Morales y otras causas resonantes, como ser la jura de los senadores suplentes del peronismo), el 25 de junio de 1992 se constituía el jurado de enjuiciamiento en nuestra provincia.

 

Lo integraban los abogados Carlos Miguel Avellaneda y María del Rosario Andrada, además de Oscar Guillermo Díaz (presidente de la Corte de Justicia) y los legisladores Rodolfo Cecenarro, Horacio Buenader y Oscar Gabriel Garcías, los dos primeros diputados y el tercero senador por Ancasti. 

La señora Elsa Bosch de de la Orden, por su parte, a mediados de junio de aquel 1992, asumía como interventora del Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS), organismo que iba a desaparecer dos años más tarde al ser transferido, por Arnoldo Castillo, al ámbito de la Nación.

 

La señora Bosch reemplazaba en iguales funciones a don Yamil Horacio Fadel, quien había renunciado "por diferencias con el gobierno”.

 

Tiempo más tarde iba a recomponer la relación con Castillo para trabajar junto a él hasta sus últimos días.