La noticia publicada por los medios locales sobre una serie de hechos claramente ilícitos que habrían sido pergeñados y ejecutados por un particular con la convivencia de un empleado municipal no logró despertar demasiadas sorpresas en el ánimo de la ciudadanía, que miró la situación con total certeza de que las crónicas tenían una altísima dosis de verdad.
No sólo porque los medios hayan recurrido a fuentes fiables para constatar las denuncias y procesos iniciados en forma judicial e interna como consecuencia de estos hechos, sino porque esta clase de ardides -negociar con un documento de una altísima valía como es el carné de conducir- parece haber sido moneda corriente para muchos que o miraban espantados o miraban con aire sabihondo o para quienes quizás también se han visto involucrados.
Esta es una de las otras certezas que se desprenden de la situación. En este caso puntual, el municipio capitalino cumplió con hacerse eco de una denuncia de una persona, radicar su propia denuncia ante la Justicia Penal e iniciar el proceso de purga para eliminar estos vicios y a quienes les dan raíz en el marco de una administración pública.
Pero lo interesante para destacar -la otra cara de la moneda- no es sólo la aparente impunidad con la que se manejaban quienes incurrían en el delito, sino que del otro lado había claros y explícitos compradores, clientes de mala fortuna, que le insuflaban vida al sistema paralelo para sacar el carné de conducir.
Es imposible que una oferta espuria como la falsificación de una firma clave en un documento público se haya dado maña para ser rentable por sí sola sin la complicidad manifiesta de personas que buscaban a todas luces eludir el sistema formal para la adquisición de una licencia que permite blandir un volante o un manubrio con todos los riesgos que esto conlleva.
Amén de las actuaciones de las investigaciones en curso, es absolutamente necesario que la comunidad también haga un examen de conciencia y piense de qué manera foguea con sus acciones la existencia de sistemas paralelos e irregularidades administrativas que, aunque no lo parezcan, pueden incrementar ostensiblemente las posibilidades de salir a la calle y de forma accidental, quitar una vida.