Seguramente no fue casual que apenas 48 horas antes de la llegada de Mauricio Macri a Catamarca el diario La Nación divulgara un informe, citando datos oficiales, que coloca a nuestra provincia a la cabeza del ranking de empleados públicos, con 146 cada mil habitantes, una cifra que casi duplica la media nacional. Se sabe que uno de los temas de la agenda presidencial es el ajuste en este rubro y qué mejor que instalar el tema justo en el distrito que más personas tiene en la nómina salarial del Estado en relación con su población.
El matutino porteño también hizo referencia a las herramientas que podrían aplicarse para reducir el número de trabajadores, empezando por un plan de retiros voluntarios en el que Nación costearía parte de los sueldos por algunos meses.
Más delicado es el tema de la posible reducción de contratados y eliminación de programas de becas, ya que se anticipa un escenario de alta conflictividad.
Ninguna de estas medidas, por otro lado, debería aplicarse si no se complementa con algún tipo de acción de estímulo para generar puestos de trabajo genuino en el sector privado.
Fuera del debate sobre la real posibilidad, en una provincia como Catamarca, de avanzar en una poda significativa en la estructura estatal, la temática propuso otras perspectivas de análisis, como la necesidad de jerarquizar el empleo público, ya que cientos de nombramientos fueron una suerte de subsidio a la desocupación.
En este punto es central revisar todo el organigrama existente para adaptarlo a las nuevas necesidades de la sociedad e implementar medidas como la carrera administrativa, que permitiría formalizar concursos de ingreso y de ascenso de acuerdo a méritos, experiencia y formación para los puestos.
También estudiar la modernización de los organismos para incluir áreas imprescindibles o reestructurar/eliminar los que ya no se precisen. Por último, impulsar la capacitación permanente del recurso humano, desde el nivel de funcionarios para abajo, de manera que se optimice realmente el servicio que brindan a la comunidad.
La discusión del momento no debe ser sólo por el número de empleados públicos: necesariamente debe incluirse una dimensión que hable de eficacia y de compromiso en un contexto que impone otras lógicas de organización de lo público.