Apuntes del Secretario

domingo, 18 de febrero de 2018 00:00
domingo, 18 de febrero de 2018 00:00

La  polémica salida de Nicolás Lindow del Plan Belgrano sigue dando que hablar e, inexorablemente, remite a la interna de la alianza Cambiemos y de la UCR, que sigue sumida en el más profundo de los silencios. El pasado viernes, durante una nota radial con el periodista Kelo Molas, el exfuncionario volvió a tocar algunos puntos de alta sensibilidad política. Afirmó, en uno de ellos, que está identificado “con los perros más chicos que ladran a los perros más grandes”, una forma por demás elocuente de graficar la división entre las figuras del presente y del pasado dentro del radicalismo. Para Lindow, “los perros más chicos” tienen que ver con la Corriente Progresista Radical (CPR); el sector que atesora la minoría en el comité provincial y responde a Ricardo Guzmán; el MIRA de Gustavo Roque Jalile o las huestes “moradas” de Juanita Fernández y Roberto Gómez. Todos ellos, desde hace rato, transitan por veredas contrarias a los viejos jerarcas partidarios los que, sin distinción de razas, serían “los perros más grandes”, cuya fiereza y temeridad parecen haber dejado en el olvido porque ya no asustan a nadie. Por cierto, este duelo canino tiene nombres y apellidos que LIndow y el periodista Molas no se preocuparon mucho en explicitarlos. No hacía falta. Hasta el más humilde afiliado de la UCR conoce cuán fuerte “ladran” unos y otros.

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Lindow, un apellido plenamente identificado con la divisa radical (su padre fue concejal capitalino en el renacer de la democracia, entre 1983 y 1987), dijo además no tener broncas ni rencores por su salida del Plan Belgrano. Reivindicó su actuación pública y entendió que resultó víctima de una reestructuración, la que permitirá a Catamarca –en la figura de Miguel Vázquez Sastre- tener un cargo con control regional. En ese sentido, aclaró que el pedido de un aval que solicitó a las autoridades locales de la UCR, únicamente obedeció a respaldar su compromiso con el Gobierno nacional y dejar aclarado, ante la sociedad, la limpieza de su gestión. Para él, la falta de respuestas de Lobo Vergara obedeció a una picardía, en el sentido que el titular del comité provincial habría pensado en sacar ventajas de la situación. Esto es, nada de avales ante la eventualidad de capturar un cargo para que lo usufructúen en el entorno de conducción partidaria. Si esto fue así, un gesto verdaderamente miserable.

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Un simple empleado de la Legislatura, virtualmente desconocido, destapó una de esas ollas malolientes que tiene la política. Así es. Pablo Vega denunció en la semana que de su sueldo, de unos $20.000 mensuales, debía entregar nada menos que $15.000 a su empleador y jefe, el senador Julio Maza (FJPV), representante del departamento Santa Rosa. El dinero que llegaba a manos del legislador, según Vega, pasaba luego a los bolsillos del concejal Orlando Páez y formaba parte de un preacuerdo para un futuro nombramiento en planta permanente del empleado. Ya no podrá ser. Es que Vega, que tenía un conchabo puramente político y no funcional, fue dado de baja el 1 de febrero y, posiblemente por eso, estableció esta denuncia que viene a poner en superficie una interna departamental entrecruzada. Es que Maza llegó a la banca por el kirchnerismo y el concejal Páez, directamente relacionado con el Frente Cívico, culpa del accionar de Pablo Vega al intendente Elpidio Guaraz, el cuarto personaje de una historia tan curiosa como controversial que, por otra parte, no es nueva en ámbitos de la Legislatura. Allí se parten en dos o tres varios de los casi 3.000 sueldos que paga el Estado y el primer antecedente en la materia lo supo registrar el exdiputado Juan Carlos Balverdi, quien fue denunciado en la Justicia por su secretaria y, luego de su procesamiento, hasta dio lugar a un pedido de desafuero que nunca pudo progresar. Cuando aquel dirigente dejó la banca, años antes de morir, el tema estaba virtualmente archivado.

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Desde lo político, por último, cuesta entender la lógica de este departamento. Veamos algunos “detalles”. El intendente de Los Altos (la otra jurisdicción), Rafael Olveira, se pasó del Frente Cívico al Frente para la Victoria y, paradójicamente, el “cambio de camiseta” lo enfrentó con Guaraz, un saltimbanqui famosísimo que, no conforme con gobernar Santa Rosa, alguna vez intentó conquistar Los Altos (perdió por paliza) denunciando que Olveira era “un delincuente”. Ahora resulta que el senador Maza, que fue en la misma boleta peronista del año 2015 con Guaraz, lo tiene a éste como enemigo y en cambio sería socio con un concejal del bando contrario, Orlando Páez. Un auténtico galimatías, en el que inefable Elpidio dice lo suyo: “A Vega (por el denunciante) ni siquiera lo conozco, pero como intendente, le pido al senador Maza que se despoje de sus fueros y se ponga a disposición de la Justicia porque la acusación es muy grave”, anunciando al mismo tiempo que el Concejo Deliberante, al que domina con su hermana, va a hacer una presentación judicial contra Páez. Lo que no dice Guaraz es cuándo se presentará él en los tribunales porque, en materia de denuncias y falta de rendiciones, tiene bastante. Con este panorama, apostar por el futuro político de Santa Rosa, es un albur.

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En una sesión convenida de antemano entre Alejandro Páez y el Concejo Deliberante, al que domina políticamente con una amplia mayoría (6 a 1), el intendente andalgalense presentó su rendición de cuentas sobre el uso de las regalías mineras y concluyó que se gastaron cerca de 120 millones de pesos en una veintena de obras, todas las cuales efectivamente se hicieron (las dio a conocer en su momento El Esquiú.com), aunque varias de ellas no son emprendimientos sustentables o que, como asfalto y veredas, hagan al desarrollo. El miembro informante fue el concejal José Luis “El mono” Cativa, mano derecha (¿o, acaso, jefe?) de Páez y seguro candidato a sucederlo en 2019. Durante su exposición lanzó durísimos flechazos al gobierno y aseguró que, como se hace en Andalgalá, se debería transparentar el uso de las regalías a nivel provincial. Tampoco ahorró adjetivos para criticar la obra de reparación del Hotel Sussex (Centro de Integración e Identidad Ciudadana), para la cual estimó un costo de 200 millones, es decir, según sus palabras, más de lo que gastó de las regalías la gestión Páez. El que no se salvó, y con razón, fue el exintendente José Eduardo Perea que, al amparo del kirchnerismo y del “bombonismo”, cometió verdaderas tropelías con los dineros públicos.

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En silencio y mientras se discute el presente, cargado de dudas y controversias, el peronismo nacional avanza en su reorganización y proyección hacia 2019, cuando tratará de destronar a Macri, un desafío nada sencillo. En esa dirección, bajo la batuta de la propia Cristina Kirchner, el kirchnerismo –nucleamiento que reunió la mayor cantidad de votos peronistas en octubre 2017-  está realizando excursiones por algunas provincias argentinas. En la semana que acaba de fenecer, por caso, hubo reuniones en La Rioja y San Luis, donde oficiaron de anfitriones los gobernadores Sergio Casas y Alberto Rodríguez Saa, respectivamente. La delegación fue encabezada por la exlegisladora nacional Diana Conti y la integraron únicamente mujeres, todas absolutamente comprometidas con la expresidente y que, en algún momento, podrían pisar suelo catamarqueño con iguales metas proselitistas. En relación a las visitas señaladas, se confirma plenamente que “los Rodríguez Saa” (Alberto y Adolfo) serán actores principalísimos de la próxima contienda y a nadie extrañaría que el actual gobernador puntano se convierta en precandidato o candidato a presidente. Para ello tiene varios argumentos para mostrar: San Luis es la provincia con las mejores cuentas públicas, acreedora (no deudora) de la Nación y la única que no firmó el Pacto Fiscal. Aparte, cuenta con uno de los mejores sueldos docentes y un plan de obras que se cumple a pie juntillas, todas situaciones que ninguno de los Estados argentinos, ganados por el déficit y los números negativos, puede exhibir.

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RECUERDOS NO LEJANOS. Como siempre, cerramos los “Apuntes” dominicales con el repaso de los acontecimientos del pasado. El 5 de febrero de 1993, aclarando que no había existido pedido alguno, renunciaba el primero de los ministros del gobierno del Frente Cívico y Social. Aldo Sarquís, luego de quince meses de gestión, dejaba el ministerio de Hacienda y Finanzas en medio de algunas turbulencias políticas relacionadas a la construcción que, aunque las negara, supo avivar el Partido Movilización. Junto a Sarquís, dejaban sus cargos los contadores Edgardo Hernando (subsecretaría de Hacienda) y Luis Montenegro (asesor) e, inmediatamente, se instalaba el rumor de que el reemplazante de Sarquís sería el extinto Aldo César Hugo Nieva quien, desde la Capital Federal, oficiaba de asesor del exgobernador Arnoldo Aníbal Castillo. Tal supuesto no iba a ocurrir.

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También en aquel verano del 93, que fue un hervidero político por el sobreseimiento de Guillermo Daniel Luque –decisión que llevaron a cabo los jueces Roberto Mazzucco, Rodolfo Bustamante y Mercedes Cabrera de Buenader el día 6 de enero-, realizaba declaraciones el exvicegobernador, doctor Simón Hernández. Afirmaba que se trataba de “una canallada” especular que la libertad de Luque era un canje por la designación del senador nacional que debía reemplazar a Julio Amoedo. Este cargo, cabe destacarlo, se mantenía vacante desde el 10 de diciembre de 1992.

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