La presentación de Eduardo Andrada, quien pidió formalmente que el Colegio de Abogados revise la situación legal de dos de los cinco miembros de la Corte, cortó el ritmo de siesta veraniega que se vive por estos tiempos en el Poder Judicial. Tanto Amelia Sesto de Leiva como José Cáceres, mejor que nadie saben que se mantienen en sus cargos por trapisondas que, en su momento, fueron toleradas por el poder político con la complicidad de una oposición que, antes de asumir sus compromisos con la sociedad, miró para otro lado. Ellos, los dos, infringen la letra de la Constitución que prohíbe trabajar a los jubilados cuando son jubilados y prohíbe trabajar a los mayores de 65 años cuando hace rato que han superado la barrera de los 70. Que se escuden en fallos de unos a favor de otros, y viceversa, fue y sigue siendo una burla que el Colegio de Abogados está en condiciones de abordar y ponerle fin. Cuanto menos, daría una prueba de que se trata de una institución que está para eso, para respaldar el mejor funcionamiento de la Justicia y no para avalar componendas de bajo fondo.

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Lo peor del caso es que se trata de altísimos funcionarios –resuelven nada menos que la vida de las instituciones y los ciudadanos- que han burlado la ley o, en el mejor de los casos, se han aprovechado de ella-. Revisemos. El artículo 168 de la Constitución dice “no podrán ocupar cargos en la administración los jubilados y pensionados de cualquier caja, con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”. Para la Corte, si se llama a concurso habría postulantes al por mayor para reemplazar a Cáceres y/o Sesto que se jubilaron en 1995. O sea hace ¡23 años! Pero en el año 1997, la mayoría de la UCR sancionó la ley 4912 (inconstitucional del derecho y del revés), violatoria del señalado 168, por cuanto dispone “excepcionalmente los jubilados y pensionados de cualquier caja, cuando fueran convocados a desempeñar funciones fuera de nivel de cualquiera de los Poderes del Estado, podrán percibir el beneficio previsional más la diferencia con el cargo en actividad, cuyo monto en ningún caso podrá superar la remuneración del gobernador de la provincia”. Con esta ley 4912, trucha e inconstitucional, no se terminaron los problemas para quienes piensan eternizarse en el cargo. Debían hacer nuevas piruetas y aquí vino la más vergonzosa.

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El artículo 195 de la Constitución dice lo siguiente: “El Poder Judicial es ejercido por una Corte integrada por tres o más miembros y por los demás Tribunales y Juzgados inferiores que la ley establece, fijándoles su jurisdicción y competencia. Los magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del derecho hasta cumplir 65 años”. Cuando Cáceres y Sesto de Leiva llegaron a esa edad, más allá de ser jubilados, debieron irse. No lo hicieron y, según el informe del abogado Eduardo Andrada, tienen ahora 75 y 74 años, respectivamente. Pero para este otro “estorbo”, hubo otra trampilla. Hace 12 años, el procurador Lilljedahl pidió la inconstitucionalidad del artículo 195 en lo referido al límite de los 65 años. ¿Quién le resolvió a favor? Una Corte formada por “Pepe” Cáceres, Sesto de Leiva y la entonces subrogante María Cristina Casas Nóblega. Con ello, los dos primeros se estaban favoreciendo a sí mismos, por tener iguales impedimentos de edad que Lilljedahl. De hecho, “a vuelto de correo”, solicitaron lo mismo. ¿Quién les resolvió? Un tribunal con Lilljedahl, acompañado de Casas Nóblega y Julio Bastos. Y como Lilljedahl había presentado una acción idéntica a la que terminó resolviendo, la Fiscalía de Estado de entonces recusó, pero nadie le dio bolilla. Como lo dijimos más de una vez, ¡una vergüenza jamás vista en la historia judicial argentina! Por suerte, estas miserias republicanas, por la presentación de Andrada, podrán ser consideradas por el Colegio de Abogados. Al menos, existe el compromiso de sus flamantes autoridades de revisar los títulos de quienes, desde la estricta legalidad, no son jueces.

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Vamos a la política partidista. El Grupo San Martín es una línea interna del peronismo que, hace unos años, fundó el exdiputado nacional bonaerense Julián Domínguez y que, en la provincia, tiene como representante al también exdiputado nacional Néstor “Chicho” Tomassi. No están quietos los muchachos, según nos informan. En la “Cuna del Poncho” se reunieron el viernes de la semana pasada dirigentes y militantes capitalinos, chacareros, capayenses y, por supuesto, belichos de todo el departamento. Obviamente, hablaron de política, de extender la agrupación y participar activamente en la vida partidaria, además de preparar un encuentro con el sector que actualmente conduce el senador provincial Raúl Chico, uno de los declarados candidatos a la gobernación por el Frente Justicialista para la Victoria. Ah… en una comunicación que emitieron los conductores del Grupo San Martín, se deja expresamente aclarado que todas las acciones se desarrollarán dentro del peronismo.

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El intendente de Pomán, Francisco Gordillo, acaba de lanzar una iniciativa que cuenta con el apoyo de los diferentes sectores sociales de la jurisdicción departamental (concejales, fuerzas vivas, ciudadanos, etc.). Se trata de la adquisición de la fábrica Vanol SA, del grupo Dulcor, dedicada a apoyar la producción agrícola de la zona y que está a punto de cerrar, con los consabidos problemas que significa una medida de esta naturaleza, especialmente en lo atinente a los puestos de trabajo. La operación se haría por 23 millones de pesos, a pagar durante varios años, posiblemente con el producido de la misma fábrica. En síntesis, se trata del auxilio del Estado frente a una situación límite en la que se ve comprometida la economía de la región. Obviamente, aplaudimos la decisión de Gordillo, que no hace más que confirmar que si el Estado no interviene, el problema social puede agravarse seriamente, no solo en Pomán, sino en toda la provincia. Es que en el sector privado no hay trabajo, a no ser que sea esclavo o de explotación del ser humano. Sin embargo, siguiendo una prédica que no contempla sus consecuencias, el medio periodístico que se erige en censor de cualquier gobierno –en este caso municipal- ha salido a criticar haciendo hincapié en una de sus obsesiones: la empresa Camyen. Sí, la de minería. A propósito de ello y como para demostrar su ostensible animosidad, un comunicado del gremio de los mineros que destaca que Minas Capillitas “no podría funcionar sin subsidio” fue reducido a su mínima expresión, en un recodo casi invisible del diario. Claro: si se tratara de un ataque a la firma, no dudamos de titulares espectaculares y grandes espacios de difusión. Compromiso con la verdad y la equidistancia, cero. 

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Miguel Vázquez Sastre ya está en funciones como coordinador  de políticas sociales del Plan Belgrano. Con los mejores auspicios, asumió hace unos días y tendrá bajo su responsabilidad el plan de obras de la Nación en el Noroeste argentino, por lo que se estima que su tierra catamarqueña ocupará un lugar especial dentro de las prioridades como funcionario de confianza del presidente Macri, a quien acompañó a Catamarca durante el último periplo presidencial. Lo que todavía no se entiende claramente es cómo funciona este Plan que, en 2015, fue presentado como la panacea para las regiones históricamente más postergadas, pero hasta ahora no tiene resultados efectivos o palpables. Recordemos que, para el NOA y NEA, el alto mando del PRO prometió inversiones por 16.000 millones de dólares en 10 años, una fortuna que supo provocar asombro y esperanzas para proyectos costosos como sería la presa hidroeléctrica Potrero del Clavillo, el sueño catamarqueño incumplido desde hace casi cinco décadas.

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RECUERDOS NO LEJANOS.

Como lo hacemos habitualmente, el último bloque de los “Apuntes” reseña hechos del pasado. A días de la renuncia del exministro de Haciendas y Finanzas del primer gobierno del Frente Cívico, Aldo Sarquís, el exgobernador Castillo ponía en funciones a su reemplazante. El elegido fue Adolfo Factor, que llevó como colaboradores inmediatos a Luis Rebellatto (subsecretario de Obras y Servicios Públicos), Miguel Yadón (exdirección de Energía Catamarca, o “Deca”) y Alfredo Pinetta (Vialidad Provincial). En sus primeras declaraciones a la prensa, Factor indicaba “no se necesita ser un economista para dirigir la economía de la provincia”. “Me basta con tener buenos colaboradores y creo que los he elegido bien”. La gestión de este hombre, cabe destacarlo, no fue brillante, pero tampoco tuvo grandes problemas, más allá de las limitaciones financieras de la época. Aparte, detrás de él, se decía que estaba Aldo César Hugo Nieva, quien lo iba a reemplazar, ya efectivamente, tiempo después.

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Al mismo tiempo que los cambios en la conducción económica, a principios de 1993 se producían hechos notorios dentro del Caso Morales, que seguía marcando la agenda judicial de los medios de comunicación locales y nacionales. En el famoso programa “Hora Clave”, que conducía hace 25 años el reconocido periodista Mariano Grondona, hacían declaraciones los abogados José Alberto Furque y Lila Zafe. El primero ejercía la defensa de la familia Morales y había reemplazado en tales funciones a la polémica letrada. Lo sorprendente fue que Furque aceptó ante Grondona que el hecho pudo ser un homicidio preterintencional, mientras Zafe le retrucaba: “Fue violación seguida de muerte”, precisamente la calificación con que el fiscal de cámara, Juan Carlos Reynaga, apeló el sobreseimiento del 6 de enero de 1993 de Luque.