Con un Moyano desafiando a viva voz al poder central –“no tengo miedo de ir preso” o “no tengo miedo de que me maten”- se concretó ayer la multitudinaria concentración de protesta contra el gobierno de Mauricio Macri, que vio las imágenes y escuchó los discursos en su contra (denuestos incluidos) desde la provincia de Entre Ríos. Hoy, ya sin el retumbar de los bombos e imágenes de las masas humanas recorriendo las principales calles porteñas, la vida sigue con los mismos problemas y las mismas tribulaciones y posiblemente, con las mismas posturas. Los manifestantes reivindicando sus derechos laborales y los del pueblo argentino, frente a las medidas económicas de un gobierno que, más allá de broncas o estrategias, debería hacer una lectura profunda, en el sentido de apreciar que la marcha tuvo todas las características de la espontaneidad. Nada de echarle la culpa a los choripanes o a los colectivos que transportaban militantes. Como bien lo dijeron algunas voces opositoras, “no se trató de un respaldo a Moyano, fue un acto contra Macri”. Éste es el reflejo final del F21 que, ojalá para bien, se va a sentir en el futuro cercano, tal como se sintió –para mal, lamentablemente- la aprobación de la injusta reforma del sistema previsional que, desde marzo, va a tirar por el piso el sueldo de los jubilados.

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También hacia dentro de las organizaciones obreras se harán sentir los efectos de la marcha. El triunvirato que venía manejando la CGT, de hecho, ha quedado pulverizado por la realidad. Juan Carlos Schmid, un paladar negro del moyanismo, seguramente continuará en el sector combativo contra el gobierno, en tanto Héctor Daer y Carlos Acuña pueden recostarse en una postura neutral, sino complaciente con la Casa Rosada. Ayer, tras la masividad del acto y la ausencia de disturbios que suelen ensombrecer estas realizaciones, puede afirmarse que han cedido terreno en la consideración de los trabajadores. Por el contrario, las acciones de Moyano volvieron a cobrar vida como en los años 90, cuando fue el principal escollo de la política neoliberal del expresidente Menem. En este marco, otro que debe haber acusado el impacto fue nuestro comprovinciano Luis Barrionuevo, firmante del Acta de Mar del Plata que contenía los mismos reclamos que se expresaron contra el gobierno y de la que, sobre la hora, resolvió bajarse de la convocatoria.

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En minúscula proporción, la división de las aguas cegetistas a nivel nacional se replicó en San Fernando del Valle. Por la mañana, frente a Casa de Gobierno, dirigentes gremiales enrolados en lo que fue la CGT que conducía Pedro Armando Carrizo (ausente y sin un pronunciamiento final por razones de salud) expresaron su descontento por los despidos, la suba de tarifas y la negativa del gobierno a abrir las paritarias. En tanto, los responsables orgánicos, alineados con los gremialistas Cavallieri y Héctor Daer no adhirieron a la marcha.

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Días pasados, referimos el malestar del diputado Rubén Manzi por la falta de certeza electoral y lo inadecuado de que el gobernador –o la gobernadora, en este caso- pueda mantener en ascuas a la población por un eventual llamado a elecciones. Como se sabe, por la letra fría de la Constitución provincial, Corpacci está facultada a convocar los comicios provinciales de 2019 para el mes de marzo o hacerlos coincidir con las elecciones nacionales del mes de octubre, tal como lo hizo en los años 2013, 2015 y 2017. En ese contexto, señalábamos que esto ocurre porque el radicalismo, encarnado en los diputados que responden a Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral (socios de Manzi dentro de la alianza Cambiemos), se negó a aprobar la necesidad de una reforma de la Carta Magna, lo que precisamente fue propuesta oficial de Corpacci. Ratificamos que las cosas fueron así, aunque debemos aclarar que Manzi y la Coalición Cívica sí participaron del debate institucional que llevó adelante la comisión consultiva de la reforma que presidía Gustavo Saadi y que, con la presencia de partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales o la misma Universidad de Catamarca, sesionó por espacio de cuatro meses antes de que el proyecto fuera elevado a la Legislatura.

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Los voceros de la Coalición Cívica, aparte de ratificar su oposición a la reelección indefinida del gobernador y vice, propusieron extenderla a otros cargos bajo la aplicación del sistema D’Hondt puro, esto es, que no exista un piso para los cargos provinciales o municipales. También, en la misma línea, hicieron aportes sobre el uso de los recursos naturales o la obligatoriedad de usar los que genere la actividad extractiva en similares de base económica renovable. Por último, presentaron la iniciativa de la boleta única electoral y rechazaron la especulación de un sistema legislativo unicameral. Lo que sí lamentan, como conclusión final, es que estos aportes no fueron incluidos en el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió a las cámaras. Más allá de este último detalle, resulta auspicioso que la Coalición Cívica reafirme la idea reformista e influya en los socios de Cambiemos para llevarla adelante, como sea y cuando sea. Total, una vez conseguida la luz verde de la Legislatura, todo se puede discutir en la Convención Constituyente.

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Escribimos estos días sobre el Plan Belgrano, en cuyo estamento de conducción figura ahora el exdiputado catamarqueño Miguel Vázquez Sastre. Apuntábamos que, en más de dos años, nunca terminó de definirse cómo va a funcionar y si se cumplirán los anuncios del año 2015 sobre un suculento presupuesto de 16.000 millones de dólares a aplicar en el NOA y el NEA durante 10 años. Conteste con nuestro interrogante, hoy podemos decir que la iniciativa macrista va a ser revisada y en la próxima semana, se realizaría su relanzamiento desde la provincia de Salta. El tema es muy importante porque el promocionado plan (homenaje a Manuel Belgrano, el héroe del Ejército del Norte, cuando todavía estábamos bajo el yugo español) funcionaría como un ministerio regional y en el, Catamarca tiene esperanzas de incluir proyectos de importancia como Potrero del Clavillo. Ya veremos qué pasa.

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RECUERDOS NO LEJANOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con el repaso de acontecimientos del pasado. A mediados de febrero de 1993, por decisión de la ex jueza de Instrucción, Mariela Buenader de Walther, tras varios meses de detención, recuperaba la libertad el exjefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Ferreyra. El hombre, personaje central del Caso Morales, había sido detenido el día 31 de diciembre de 1992, en la localidad de El Rodeo (Ambato), a un par de horas de la celebración del año nuevo, bajo los cargos de tenencia ilegítima de armas de guerra y falsificación material de instrumento público. Debemos destacar que Ferreyra, que también sufrió la privación de la libertad por la llamada “Causa Da Prá” (encubrimiento de un hecho ilícito ocurrido en la zona de El Portezuelo-Valle Viejo), es el padre del actual intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra.

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También durante aquellas jornadas se producía una comparación entre el gobierno de entonces, encabezado por Arnoldo Castillo y el anterior de Ramón Saadi. El titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Carlos “Meco” Álvarez, decía que en el lapso de un año se habían construido más unidades habitacionales que en los ocho del gobierno peronista. No fue un cotejo demasiado ajustado a la realidad, aunque sí, en el arranque, el radicalismo encaró fuertemente la obra pública que, con los años, iba a decaer hasta llegar a cifras paupérrimas en el mandato de Oscar Castillo, una época de grandes restricciones económicas a nivel país que terminó con la crisis del 2001.