Como quiera que sea, la cumbre radical de Tapso (El Alto) tuvo un avance en relación al encuentro similar que se realizó, durante febrero, en la ciudad de Andalgalá. No hubo acusaciones cruzadas y los bandos en pugna, tirios y troyanos, expresaron la necesidad de que los bloques legislativos –uno de 6 miembros y otro de 10- recuperen la armonía y estructuren una oposición más seria de la que vienen ejerciendo hasta ahora. La estrategia sería la de evitar las agresiones en el tiempo presente y construir la unidad con el paso del tiempo. Por lo pronto, como lo dijeron los propios actores a El Esquiú.com –Paola Bazán por un lado y Lobo Vergara por el otro-, sólo se trata de una expresión de deseos. Veremos cómo sigue la historia en la convención provincial, donde habrá planteos con relación a la renovación de autoridades y está prácticamente descartada una lista de unidad, mucho más si los actuales conductores pretenden mantenerse en las mismas posiciones y solamente ceder cargos menores a las diferentes líneas internas. Al parecer, esa estrategia no funcionaría en esta ocasión y es casi lógico que así sea. Es que hay intereses comunes en torno a las parcelas del poder y, cuando tal fenómeno ocurre, no hay más posibilidades que “negociar parejo” o buscar el mecanismo de definición que, este caso, sería la expresión de los afiliados, viejos “convidados de piedra” de la sede de calle Chacabuco.

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La situación irregular de dos de los cinco jueces de la Corte de Justicia –Cáceres y Sesto de Leiva- se ha convertido, en las últimas semanas, en la comidilla de los tribunales y de la comunidad política en general que, atónita, observa las trampas jurídicas que destapó El Esquiú.com a partir del análisis que, sobre el tema, podría realizar el Colegio de Abogados en los próximos tiempos. Como se sabe, ambos magistrados infringen dos normas expresas de la Constitución provincial. Una de ellas indica que los jubilados, “con excepción de actividades artísticas o técnicas, y cuando no existieran otros postulantes”, no podrán ocupar cargos en el Estado (artículo 168) y la restante pone un límite de edad, esto es, 65 años (artículo 195). Los escollos, durante las gestiones de Arnoldo y Oscar Castillo, fueron superados con fallos dictados por los propios interesados, en una clara triquiñuela que sólo pudo ser permitida por un gobierno que, contra viento, marea y constitución incluida, los quería mantener en sus puestos donde, al parecer, podían brindar buenos servicios, a diferencia de “postulantes desconocidos o poco confiables” que, a montones, podían presentarse en cualquier llamado a concurso. Hoy, después de muchos años, cuando los cuestionados van “camino a los 80” y tienen más de 20 como pasivos, el tema se ha vuelto a poner sobre el tapete y son las instituciones de la democracia las encargadas de ponerle freno. Desde el propio gobierno hasta la misma Justicia, pasando por entidades como el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados. No comprometemos a la oposición o a algunos medios de comunicación porque, con declaraciones forzadas o comportamientos extraños, ya “mostraron las patas de la sota”. Avalan, por acción u omisión, las irregularidades.

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Un aporte importante para el esclarecimiento de la anómala situación judicial fue el proyecto de Ley que, siguiendo conceptos que supimos destacar, acaba de presentar la diputada Cecilia Guerrero (FPV). La legisladora reafirma que la Constitución de Catamarca está plenamente operativa y ni los ministros de la Corte o los magistrados en general pueden permanecer más allá de los 65 años. Fundamenta su postura en una decisión de la Suprema Corte, de marzo de 2017, que anuló la “doctrina Fayt” y validó lo resuelto por la reforma de 1994 en el sentido de establecer los 75 años (en el orden nacional) como límite para la actividad de los jueces. Esa doctrina, de alguna manera, fue utilizada por los “supremos” de Catamarca para atornillarse en sus asientos y seguir fallando sobre personas e instituciones cuando no les correspondía. Es que, por la letra de la Constitución, no porque lo digamos nosotros (simples opinadores), técnicamente no son jueces. ¿O, acaso ellos pueden violar la Constitución y los ciudadanos de  a pie no? También Cecilia, en su proyecto, hace una evidente distinción respecto a la raíz de la discusión: la inamovilidad de los jueces, que es un derecho y hace a la independencia de poderes, no significa perpetuidad en el cargo o actividad vitalicia. Esta disquisición, por las dudas los diputados radicales la ignoren, la realizó en la Asamblea Constituyente de Santa Fe, en 1994, nada menos que el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. ¡Nada para agregar!

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Desde la política, como se sabe, ya hubo expresiones. Los legisladores oficialistas que, preferentemente se alinean en el “Grupo de los 10”, sin argumentaciones ni razones mínimamente valederas, le apuntaron al gobierno y lo hicieron mediante una barbarie que, por el efecto boomerang, se les vuelve en contra. Dijeron que la actual administración busca alcanzar “el poder total” cuando es público y notorio que, en 6 años, la Gobernadora no envió más de 5 pliegos para su tratamiento en el Senado. La inmensa mayoría de la Justicia de Catamarca, por lo tanto, es la misma que fue conformada en la década del 90. ¡Seamos serios y, por un momento, pensemos en los altísimos niveles de descrédito que observa la Justicia de Catamarca! ¡Cualquier encuesta les puede dar respuestas¡ En base a estos presupuestos, comprendemos los ataques del exdiputado Pablo Sánchez a las maniobras corporativas de la oposición a la que, según él, no pareciere importarle el destino de los catamarqueños y la necesidad de que haya justicia verdadera y no la parodia que representan “no jueces” como Cáceres y Sesto de Leiva.

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José Cáceres salió por El Ancasti a tratar de defenderse, tarea ciertamente complicada. Es que, amén de jubilado, tiene 75 años, lo que prohíbe la Constitución. Para hacerlo atacó a Germán Garavano, el ministro de Justicia de Macri que vino a Catamarca y fue crítico con la organización y la administración de Justicia. Para peor, entre sus mandobles al aire, fue contra el empresario Hugo Diamante, al que relacionó con el macrismo y virtualmente acusó de tener cuentas pendientes con la Justicia. Desde ya adelantamos que emitió opinión sobre un caso que podría tocarle resolver. Pero, aparte, llama la atención que un hombre de la capacidad de Cáceres se confunda tanto. No dice cuál fue el mecanismo que empleó para quedarse en el cargo (tampoco lo explica El Ancasti, en evidente omisión maliciosa) y agrega que, en el supuesto de irregularidades, está dispuesto a sentarse ante el tribunal de jury. Doctor Cáceres: el jury de enjuiciamiento es para los jueces inferiores, no para los ministros de la Corte. En todo caso, deberá concurrir a las cámaras y responder a un juicio político que, es probable, le podría llegar por su polémica situación. ¡Jury no, doctor!

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El tráfico de rodocrosita y la obscena existencia de la exSomica DEM, al parecer, seguirán ocupando titulares en los próximos tiempos. El pasado martes, como se sabe, se presentó a prestar declaración indagatoria Ernesto Doering, el último funcionario que tuvo la empresa que explotaba el yacimiento de Capillitas cuando, en las urnas, abdicó el gobierno de Brizuela del Moral. Se abstuvo de hacerlo. Una lástima. Es mucho lo que puede decir el exfuncionario que, apenas dejó la actividad pública, marchó a Panamá para formar una empresa off shore. Los cargos que pesan sobre él son verdaderamente graves y pueden ser ampliados por el Estado que, confirmando lo dicho por el Asesor de Gobierno –Pablo Gallardo-, se presentó como querellante y ratificaría que Somica funcionaba como una empresa ajena al Estado cuando, en realidad, el Estado era el socio mayoritario. Pero como el Frente Cívico, que se está acostumbrando a defender causas perdidas, quiere por lo menos “empatar el partido” o “no perder por goleada”, le pidió al ministro de Defensa –Oscar Aguad- que apele la decisión del juzgado federal de Catamarca de mandar al archivo a la “Causa Camyen” (también tiene que ver con la comercialización de la rodocrosita), cuya elevación fiscal fue más que terminante en el sentido de apuntar que no existió delito.

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Recientemente, la Cámara de Casación porteña desestimó la denuncia que realizara, a partir de 2013, la señora Myrian Quiroga, quien presentándose como la exsecretaria privada de Néstor Kirchner en los programas de Jorge Lanata, denunció al expresidente y a varios funcionarios kirchneristas de trasladar bolsos llenos de dinero desde la Casa Rosada a la provincia de Santa Cruz. El tribunal, por variados y coincidentes testimonios, llegó a la conclusión que la mujer nunca fue secretaria privada del acusado y que mintió sobre los bolsos, sobre los que ella misma, en la Justicia, afirmó que en realidad vio uno solo y no sabía nada de su contenido. El caso, más allá de sus aristas de morbosidad, indirectamente tiene que ver con Catamarca. Es que Myrian es hija de padres catamarqueños, oriundos de Fiambalá, y uno de sus acusados fue Daniel Muñoz, que sí era secretario privado de Kirchner. Este hombre, que murió de cáncer y no pudo enterarse de su sobreseimiento, también era catamarqueño y, con su familia, vivía en las inmediaciones de Alem y Mota Botello, hasta que a principios de los 90 marchó hacia Santa Cruz donde estableció relaciones con la familia Kirchner. 

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RECUERDOS NO LEJANOS. Como lo hacemos habitualmente, el último bloque de los “Apuntes” está dedicado a los acontecimientos del pasado. Las relaciones del expresidente Menem y el dictador chileno, Augusto Pinochet, fueron siempre excelentes. En ese marco, en marzo de 1993, el riojano destacaba “el orden y la armonía con que (Pinochet) le había entregado el gobierno a Patricio Aylwin”. Antes, su jefe del Ejército, Martín Balza, había condecorado al polémico militar trasandino.