La permanencia en sus cargos de los doctores José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva sigue en el tapete. El tema, por primera vez oficialmente, fue tratado la semana pasada por la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, la que abrió el debate y citó a personas e instituciones para las semanas venideras. De esta manera, el lunes 23 dirá presente en la Legislatura provincial el exdiputado nacional José Alberto Furque quien, desde hace tiempo, viene planteando severas objeciones contra los dos miembros de la Corte. Recordemos que Furque, entre los años 1983 y 1991, fue figura de relevancia en el Congreso Nacional, llegando a presidir la comisión de Juicio Político de la cámara baja, en la que presentó cientos de proyectos, entre ellos algunos de extraordinaria repercusión como los referidos al divorcio vincular. Tres días más tarde fue citado el abogado Eduardo Andrada, quien denunció en el Colegio de Abogados que tanto Cáceres como Sesto infringen dos artículos de la Constitución, los referidos a su condición de jubilados (168) y mayores de 65 años (195). Andrada tiene reconocida militancia dentro del peronismo, de cuyas administraciones fue Asesor General, viceministro de Gobierno y titular de la empresa de la energía. Por último, el 2 de mayo, están citados los directivos del Colegio de Abogados, cuya presidente, Fernanda Rosales, planteó la cuestión en una reciente reunión de la Federación Argentina de colegiados del Derecho.

Hasta el momento, cuando las objeciones llevan más de dos meses y cuentan con antecedentes anteriores, la única voz de defensa que se conoce es la del doctor Rodolfo Cecenarro, el juez de Andalgalá, quien declaró que los hechos de ser jubilados o la avanzada edad (pasaron ya los 75) no le preocupan, sí que su desempeño “sea eficiente”. Agrega Cecenarro que, en el caso de los jueces, el principio constitucional de inamovilidad es vitalicio, en orden a que la reforma del año 1994 estableció que sus nombramientos cesan a los 75 años, pero podrán ser confirmados –vía acuerdo legislativo- por 5 años más. Varias aclaraciones a partir de la expresión, seguramente sincera, del magistrado andalgalense. Primero que no cumplir con lo que dice la Constitución orilla el delito. Después, que su defensa se contradice con la opinión del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para quien desde 2017 existe jurisprudencia en la Argentina para avalar, precisamente, la reforma del 94 poniendo tope a la edad, lo que fue sostenido con firmeza por el entonces constituyente y expresidente de la Nación, don Raúl Alfonsín. Más allá de los asertos precedentes, por último, la eficiencia de Cáceres y Sesto de Leiva fue y sigue siendo discutida. Más todavía. Muy discutida y ni hablar de los artilugios que establecieron para burlar la Constitución. A ellos no se refiere ni Cecenarro ni los propios interesados. Si éstos lo hacen, por los niveles de morbosidad de la maniobra que supieron llevar a cabo para no cesar en sus funciones, prácticamente se colocarían una soga en el cuello.

Quien dio una precisa opinión de esta controversia fue el diputado radical Francisco Monti. Para él, “si no existe pedido de juicio político, es bomba de humo”. De esta manera desechó participar del cónclave de Asuntos Constitucionales, aunque hay que aclarar que existen proyectos que están íntimamente relacionados al tema, uno de los cuales pretende establecer, fehacientemente, que los límites de edad no atacan el principio de inamovilidad de los jueces. Más claro: no se trata de cargos eternos o vitalicios. Por encima de estas consideraciones, tiene razón el radical Monti. Se requiere de un juicio político contra Cáceres y Sesto de Leiva para poder desplazarlos de sus funciones.

En los próximos tiempos, la Corte de Catamarca podría expedirse sobre la presentación que, en su momento, realizara el exvocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRE), Luis Lobo Vergara, y por la cual pretende cobrar algo así como una indemnización por su salida del organismo en el que cumplió funciones por años. Se trata, obviamente, de uno de los tantos excesos a los que nos tiene acostumbrado la clase política. Lobo Vergara dejó el ENRE en 2015 y su puesto, por decisión del gobierno, fue ocupado por Miguel Dahbar. La partida del funcionario radical obedeció al hecho de asumir como diputado provincial, por lo cual pidió una absurda licencia por cargo de mayor jerarquía, lo que vale para un empleado de la administración pública, no para un funcionario político. ¿Cómo darle cuatro años de licencia y reservarle el cargo hasta que termine un mandato de legislador? Este despropósito, por no decir algo más grave, debe decidir el máximo tribunal. La ciudadanía espera la aplicación del mejor criterio para resolver esta auténtica picardía.
Hace rato se suceden las voces de unidad dentro de la UCR. Ocurre desde que, a fines de 2017, se quebró el bloque de Diputados, aquel bastión de lucha que tuvo a maltraer al gobierno y desde el cual se impidió la reforma de la Constitución o se demoró la ley de las PASO. Siguió en febrero de 2018 en el “Encuentro de Andalgalá” o, más tarde, en la reunión de intendentes de Tapso. Una vez programada la interna partidaria volvieron a elevarse las mismas voces y, de hecho, se sigue discutiendo la posibilidad un tanto lejana de la lista única. Sin embargo, lograr ese objetivo, será muy complicado porque desde el oficialismo únicamente se ofrecerían algunos cargos para la oposición. Tal vez una vicepresidencia o comité de distrito lo que, desde ya adelantamos, serán rechazados. Es que las diferencias, a esta altura del tiempo, ya no pasan por la distribución de cargos. Hay un sector, al que celestes y renovadores abandonaron en la cámara de Diputados, que quiere caras y métodos nuevas. El único problema que tienen es que pertenecen a diferentes líneas y para enfrentar al oficialismo tendrán, necesariamente, que unirse. De no ocurrir tal cosa, se encaminarían a una nueva derrota.

La sede del comité provincial de la UCR, durante el fin de semana, habría sido utilizada para fines no precisamente políticos. Conforme lo pudo saber este secretario, se habría realizado allí una fiesta de carácter privado que habría tenido fuerte sonoridad y que llamó la atención de los vecinos que viven en la zona céntrica, en plena calle Chacabuco entre Salta y Tucumán, los que habrían hecho llegar sus quejas a dependencias policiales. La situación, más allá de los “ruidos molestos”, pasaría desapercibida si el local le sirviera por igual a todos y cada uno de los afiliados.

“Catamarca se la juega”. Es el concepto saliente de una novedosa publicidad de tres páginas seguidas que, durante los días domingo y lunes, se publicará en El Esquiú.com y que está íntimamente relacionada con la política. Contiene una serie de propuestas para producir un cambio de verdad que, según su autor intelectual, desafía al statu quo de la actualidad con una sencilla frase: “Si seguimos con más de lo mismo, obtenemos como resultado: más de lo mismo”. Vamos a responder, rápidamente, por la cantidad de preguntas que recalentaron los teléfonos preguntando quién es su autor. Se trata del empresario de la comunicación, Hugo Diamante, un hombre íntimamente ligado al gobierno nacional que, en 2019, podría ostentar alguna candidatura, inclusive la más preciada, la de gobernador. La publicidad de referencias, por lo que sabemos, sería el punto de partida de una serie de realizaciones de Diamante, quien viene de organizar en el mes de marzo el Foro de Justicia que no solamente congregó a figuras reconocidas del Derecho, sino que contó como panelista de lujo con el ministro de Justicia –Germán Garavano- que cuida los intereses políticos de Mauricio Macri en un área tan sensible. En aquella ocasión, a pedido de la cúpula local de la UCR, encabezada por Lobo Vergara, Garavano conversó con los dirigentes locales y planteó el pensamiento nacional sobre las políticas provinciales. ¿A quién sentó a su derecha el ministro? A Hugo Diamante. Por lo tanto, su irrupción a la política no es cuento chino. Tampoco la publicidad y los movimientos del futuro. Lo pueden confirmar dirigentes como Vázquez Sastre, el mismo Lobo Vergara y los más de diez dirigentes que se sentaron con Garavano.

RECUERDOS. Como siempre, cerramos los “Apuntes” con la memoración de acontecimientos del pasado cercano.
La elección del senador nacional en el año 1993 –en realidad debió haber sido nominado en 1992- tuvo numerosas instancias. Desde asambleas legislativas fallidas hasta la asamblea trucha de la Caja de Ahorros, que fue el peor de los bochornos. Al final, aunque nadie lo haya dicho, triunfó la postura del gobierno nacional, ejercido entonces por el actual senador Carlos Menem. Éste le había bajado el pulgar al saadismo –lo intervino y le quitó el poder provincial-, con lo cual terminó aliado estratégicamente con el radicalismo vernáculo. En medio de esos entretelones de hace 25 años, se planteó una disputa dentro del Frente que tenía como conductor natural a don Arnoldo Castillo. Los radicales querían que el sucesor de Julio Amoedo fuera suyo, pero los llamados “peronistas del Frente Cívico” apostaban por la postulación de Raúl Blas Bosch. De esta manera, dirigentes como el nombrado Blas Bosch, la actual diputada provincial Marita Colombo, Juan Carlos “El Machete” Balverdi, Augusto César Acuña o Hernán Colombo iban y venían a Buenos Aires para convencer al ministro del Interior de aquella época, Gustavo Béliz. También para bajar al candidato que había propuesto el peronismo para juez federal, el doctor Eduardo Andrada, apuesta que finalmente ganaron.

El Esquiú.com