Apuntes del Secretario

jueves, 19 de abril de 2018 00:00
jueves, 19 de abril de 2018 00:00

Tal como afirman algunos miembros de la oposición –primero Francisco Monti y después Marita Colombo-, es verdad que la materia fundamental para alentar la destitución de dos integrantes de la Corte de Justicia es el mecanismo de juicio político. Lo que no dicen es que la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados tiene autonomía y legitimidades para receptar objeciones ciudadanas, mucho más tratándose de abogados o una institución como el Colegio de Abogados, la que guarda relación directa con el funcionamiento de la Justicia y la situación legal de sus magistrados. Por ello, y no por otra cosa, los diputados de esa comisión han citado a los doctores Eduardo Andrada y José Furque a que expliciten las quejas que vienen ejerciendo desde hace años y que bien podrían originar la sustanciación de un juicio político contra quienes, a través de artimañas, pudieron haber violado la Constitución provincial y las leyes. Ni hablar del Colegio de Abogados que, como lo adelantara en exclusivo El Esquiú.com, tiene antecedentes propios sobre la legalidad –o ilegalidad- de los cortesanos cuestionados. Ya en el año 1995, por pedido del Poder Ejecutivo –concretamente del exministro Guillermo “El kilo” Herrera-, estudió el eventual nombramiento como ministro de la Corte del doctor Oscar Guillermo Díaz (fue ministro de Arnoldo Castillo durante el gobierno de facto) y consideró que, por ser jubilado, jurídicamente no correspondía su asunción. Es exactamente el mismo caso de José “Pepe” Cáceres, uno de los cuestionados, que renunció para jubilarse el 1 de julio del mismo año y 28 días más tarde volvió a jurar como ministro decano. Aquella medida contra Díaz –extensiva a Cáceres- fue dispuesta, en forma unánime, por prestigiosos abogados como Patricio Rivarola, Virginia Jalil, Pedro Armando Navarro, Jorge Eduardo Avellaneda, Martha Jalil, Rosario Andrada o Raúl Funes.

Hasta ahora, como ya lo dijimos, las defensas de José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva son demasiado endebles. Es razonable que así sea. Es que ambos infringen la letra de la Constitución por ser jubilados y por tener más de 65 años, aparte que se valieron de artilugios legales, como votarse a sí mismo, para permanecer en sus cargos. Estas cosas son imposibles de justificar. De hecho, el doctor Cecenarro (juez de Andalgalá), que observó preocupación solamente por el desempeño “eficiente” de los jueces y apeló a explicaciones leguleyas para justificar las formas, nada dice de los mecanismos de los que se valieron uno y otro para eludir las exigencias legales. Tampoco lo dicen los diputados Monti y Colombo. Menos el diario El Ancasti, el medio de prensa que siempre defendió la permanencia de los altos magistrados, que homogenizan nada menos que la cabeza visible de la Justicia. Y, por si fuera poco, el propio Cáceres no dice cómo hizo para seguir siendo ministro después de haber cumplido, en el año 2007, los 65 años que la Constitución le pone como tope a sus funciones. Cuando lo diga o lo digan, nos arriesgamos a decir que no será necesario juicio político para consolidar un escándalo que estuvo tapado por muchos años y que destaparon profesionales locales.

Santa Rosa, durante los interminables mandatos del intendente Elpidio Guaraz, sin duda alguna, encabeza el ranking de los departamentos con los mayores conflictos institucionales. Al cierre del Concejo Deliberante de otros años; la presencia de patotas para imponer las cosas por la fuerza; los cobros indebidos de peaje; los improperios contra dirigentes políticos de distinto pelaje; la falta de rendición de cuentas y tantas otras linduras, se sumaría en los próximos tiempos la destitución de un concejal opositor, Mario Páez, a quien un empleado de la Legislatura señala como cómplice del senador Julio Maza para incautarle el sueldo que debía cobrar mientras cumplía funciones en un cargo político. Para aplicarle “las tiras” en el departamento, por algo que ocurrió en la Legislatura y no ha sido probado por la Justicia, Elpidio cuenta con dos concejales (uno de ellos su hermana, Aidee) para sancionar a Páez. Sobre el tema, para ser precisos, hay que denunciar que se trata de una maniobra política orientada a las próximas elecciones. El concejal Páez y el senador Maza quieren cortarle el invicto electoral al iracundo intendente. ¿Podrán hacerlo?

Pasa el tiempo y la regularización de la Justicia andalgalense sigue demorada. Por distintos motivos, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de la jurisdicción, las causan se amontonan, lo que ha llevado a una inspección profunda por parte de la jefa de los fiscales, la doctora Milagros Vega. Sucedió esta semana y confirmó presunciones y denuncias. La fiscalía penal sería la que observa la mayor morosidad, en parte por los problemas de salud de su titular, la doctora Martha Nieva, quien registra ausencias prolongadas y tendría la firme intención de jubilarse en cuanto complete requisitos formales. Su reemplazante natural es un secretario, al parecer poco preocupado por agilizar causas que tienen un manejo ajeno. Por otra parte, la doctora Vega habría ratificado la necesidad urgente de cubrir los cargos de fiscal y defensor civiles. Para el primero de ellos se habrían presentado tres postulantes, dos de la “perla” y uno de Santa María.

Cada tanto, ganada por su ceguera política, sorprenden las declaraciones de la diputada Marita Colombo. Aparte de justificar el aumento de las tarifas eléctricas por parte del Gobierno nacional, algo que se contradice con las broncas que tienen sus correligionarios radicales en el orden nacional, con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo a la cabeza, se refirió estos días a la reforma constitucional de nuestra provincia. Si bien es razonable lo que habla sobre el consenso que necesitan estas iniciativas, parece olvidar que en Catamarca no hay reforma por decisión excluyente del bloque de diputados que ella presidía y que obturó una que, en realidad, sí tenía consenso ciudadano a través de la expresión de los colegios profesionales, los partidos políticos, los sindicatos, la Universidad de Catamarca, etc. Únicamente la orgánica radical (sectores disidentes sí lo hicieron) no quiso participar de los debates previos que se prolongaron por más de tres meses y de los cuales surgió el proyecto que se envió a la Legislatura. La verdad que, al parecer, no quiere expresar Colombo y si lo hacen, en off the récord, prominentes dirigentes del centenario partido, es que la cerrada oposición tiene que ver con el miedo a que el peronismo imponga las condiciones que desee en la asamblea constituyente. Para perder ese miedo, lo decimos como sano consejo, hay que trabajar de cara a la sociedad y desafiar al poder actual  en el sentido que no puede hacer lo que quiera, independientemente de que primero debe ganar una elección. Obligarlo, así, al establecimiento de un núcleo de coincidencias básicas, al cual el conjunto de la prensa, con el respaldo popular, seguramente apoyará.

Los problemas judiciales que enfrenta el poderoso empresario kirchnerista Cristóbal López – dueño de cientos y cientos de empresas dedicadas a la explotación del juego, a los medios de comunicación, a la agricultura o la industria de los hidrocarburos- ya están teniendo repercusión en tierras catamarqueñas. Como se sabe, el Grupo Indalo, propietario del canal metropolitano C5N, tiene en las estribaciones capayenses y pomanenses enormes plantaciones de olivos y fábricas de aceite que hoy, por la misma cadena de problemas que enfrenta el empresario (detenciones, inhibiciones, planteos judiciales, etc.), corren peligro. De hecho, por largos kilómetros, puede observarse que no se está haciendo el riego de las plantas y que, día a día, se suceden los despidos, lo que ha determinado que las demandas laborales se acopien en los anaqueles de la Justicia. Todo este panorama ha llevado zozobra a las familias que viven del olivo, como también a profesionales, empleados administrativos o proveedores de emprendimientos (fueron instalados con la base de los diferimientos impositivos que brotaron durante el menemismo para comprar empresarios) que, no hay por qué negarlo, trajeron grandes cambios en las economías de la región lindante con La Rioja. Por cierto, volveremos con el tema.

A propósito de las economías regionales, llama poderosamente la atención la postura adoptada en torno a ellas por cierto sector del periodismo lugareño. Por largos años, los que pueden establecerse entre 2008 y 2015, criticó con fiereza a todo lo que pudiera hacer, bien o mal, el kirchnerismo. Por ello abogó por el cambio de gobierno y, ruidosamente, celebró el advenimiento del macrismo, al que le exige ahora todo lo que, teóricamente, no se hizo en más de una década. No somos exégetas del nuevo gobierno, ni de ningún otro, pero comprendemos que la situación tiene ribetes dramáticos como para andar exigiendo subsidios y subsidios. Que ciertas actividades lo requieren, es cierto, pero no todas. Aparte, en homenaje a la coherencia, hay que recordar que Macri supo decir que el mercado lo regula todo. Por lo tanto, sorprenderse ahora, es gran incoherencia.

RECUERDOS. Como siempre, cerramos los “Apuntes” con la memoración de acontecimientos del pasado cercano.
En marzo de 1993, sorpresivamente, el contador público nacional René Ruarte Coronel, a cargo de la Tesorería provincial, producía un cimbronazo político al ordenar la suspensión e inicio de un sumario administrativo al encargado de Cómputos, Héctor Daniel Montiveros. Los abogados defensores de éste último fueron dos reconocidos militantes del peronismo. Esto es, Mirtha Aranda y Jorge Moreno, el actual senador de la Capital. Los mismos acusaron persecución ideológica y falta de seguridad jurídica, al mismo tiempo que ratificaron que el gobierno del Frente Cívico pagaba a sus funcionarios un sobresueldo con fondos reservados. De este recuerdo se desprende que si alguien pensó que Moreno no ejerció como abogado, en realidad, se equivocó. Después, está claro, vivió de la actividad política.

El Esquiú.com
 

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