Mediante el decreto 301/2018 publicado con la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el Gobierno planteó una modificación sobre la reserva de liquidez de Fideicomiso que se utilizará para pagar las obras (principalmente autopistas) de los denominados contratos de Participación Público Privada (PPP).
La idea es brindar la mayor seguridad posible a los interesados y por eso se les ofrece la oportunidad de plantear una jurisdicción externa para discutir las diferencias, modificar el pago del IVA para los proveedores, la posibilidad de realizar importaciones temporarias de maquinaria sin costo y suba de peajes que reaseguren el flujo. A estas garantías de garantías, le agregaron ahora una red más: el reaseguro de los fondos para pagar los adelantos de las obras.
Las medidas buscan eliminar temores internacionales a la hora de invertir, en atención a los cambios en las reglas de juego que periódicamente se producen en el país.
Hasta allí, algo razonable. Lo que no resulta tan razonable es que en virtud de estas medidas, todo lo que recaude el impuesto al gasoil será para pagar los PPP.
Se trata de una decisión cuestionable por su inequidad, ya que las obras en cuestión están destinadas a distritos como Buenos Aires y los aportes afectados llegan de todo el país, con lo cual, los impuestos catamarqueños, por ejemplo, irán a solventar las obras bonaerenses.
Está claro que Buenos Aires concentra la mayor cantidad de población y eso lo convierte automáticamente en el electorado más atractivo a los ojos del Gobierno nacional, pero de allí a meter mano en recursos provinciales para dirigirlos a otra jurisdicción hay un trecho demasiado extenso como para saltearlo por decreto.
Catamarca también necesita fondos y obras. Si no se le puede brindar más, al menos que no le quiten lo que genera.