Los diputados peronistas bramaron esta semana contra el ministro de la Corte de Justicia, José “Pepe” Cáceres, quien se rió de las citaciones que llevó adelante la comisión de Asuntos Constitucionales para estudiar y analizar “los papeles” –todos flojitos, por no decir vergonzosos- que lo habilitan como juez de la Constitución.
Lo retaron de soberbio o querer amordazar al Poder Legislativo. Merecía, ciertamente, otros calificativos, porque Cáceres buscó ridiculizarlos públicamente y les tiró todo el desprecio que siente por la clase política local y por los diputados en particular. 
No es vacua acusación. Los sentimientos se desprenden de su boca. De los conceptos y las figuras que utilizó para materializar una picardía criolla impropia de un referente fundamental de la Justicia catamarqueña durante los últimos 27 años.

Que le consulten a “Piñón Fijo”

La comisión de Asuntos Constitucionales, como se sabe, por proyectos de ley que están en el tapete y fundados planteamientos legales contra la gerontocracia judicial, viene estudiando el tema y, en esa dirección, ha citado para los días venideros a dos abogados locales –el peronista Eduardo Andrada y el radical José Furque- y a los miembros del Colegio de Abogados.
¿Qué problema puede generar que los nombrados opinen o, si tienen pruebas, denuncien eventuales irregularidades en el marco de la democracia? ¿Tan despreciable es la opinión de los colegiados abogados?
Para Cáceres, increíblemente, se trata de un circo. Por ello utilizó la metáfora de que los diputados podrían invitar a “Piñón Fijo”, el ilustre payaso cantante, o en su defecto al “Chavo del Ocho”, el personaje central de la legendaria tira mexicana.
¿Qué es esto, sino un desprecio a las instituciones?
Nada dijo, absolutamente nada, de los cargos que le están endilgando y que, a través de un eventual juicio político, lo podrían poner fuera de la cancha.
Si la actuación de un miembro de la Corte es reprochable, igual de reprochable es el medio de prensa que publicó las supuestas ironías sin preguntar o repreguntar por la cuestión medular de los planteamientos.

Solos en el laberinto

“Piñón Fijo” o el “Chavo del 8” ya son anécdotas. Aprobada está, para la tribuna, la picardía criolla de Cáceres. Ahora vienen los hechos concretos. Esto es, el momento de analizar en serio si él y Sesto de Leiva son merecedores de la confianza pública para seguir como ministros de la Corte.
Sobre el tema, tanto José Furque como Eduardo Andrada, antes de fin de mes, expondrán ante los diputados. Luego llegará el turno del Colegio de Abogados y, a partir de allí, puede surgir alguna novedad. Si los magistrados se caen, la ciudadanía estará de acuerdo. Si no ocurre tal cosa, totalmente “sucios” y debilitados, seguirán en sus cargos.
Afirmamos esto porque la controversia está totalmente chequeada. El Poder Judicial y la mayoría de los miembros de la Corte no son bien vistos por la sociedad. Los políticos no le van saga, pero en la coyuntura los que están en la mira son dos cortesanos perdidos en su propio laberinto. El que supieron crear o, en el mejor de los casos, a sabiendas de posturas antiéticas, resolvieron aceptar.
Una prueba fehaciente de los escasos apoyos que recibieron Cáceres y Sesto de Leiva, desde febrero hasta aquí, se explica por ese laberinto que, día a día, comienza a ahogarlos.
Es que hay cosas que cuestan demasiado justificar sin caer en una gran contradicción.

Tomala vos, dámela a mí

El primer artilugio de José Cáceres, en términos de picardía, se remonta al año 1995, cuando ya ejercía como juez. 
El decreto 1009, firmado por Arnoldo Castillo (gobernador) y Guillermo Herrera (ministro), indica que renunció el 1 de julio para acogerse a los beneficios de la jubilación. Por otro decreto, el 1207, firmado por Simón Hernández (vicegobernador) y Guillermo Herrera (ministro), se lo designa el 28 de julio en el mismo cargo. ¡Doblete al medio perfecto!
Lo explicado, en iguales términos y fechas, vale para el procurador Enrique Lilljedahl, otro personaje central de esta historia de perfiles truculentos.
Cuando ambos se jubilaron por la ley de “pantalones cortos”, paralelamente, por el artículo 168 (“…no podrán ejercer cargos en la administración los jubilados…”) quedaron enfrentados con la Constitución Provincial.
Doce años más tarde, cuando cumplieron los 65 (Lilljedahl y Cáceres), colisionaron con otro escollo constitucional. El artículo 195 les ponía el límite de edad. Hicieron entonces la más vergonzosa de las maniobras.
Lilljedahl pidió se declare la inconstitucionalidad del 195 y un tribunal formado por José “Pepe” Cáceres, Amelia Sesto de Leiva y María Cristina Casas Nóblega falló a su favor. Como en el caso de los simulacros de renuncia, al poco tiempo, peticionaron lo mismo Cáceres y Sesto de Leiva. Quien resolvió favorablemente fue Lilljedahl, acompañado de Casas Nóblega y el juez Bastos. Este fue más que un doblete. ¡Triplete!
De estos “detalles”, salvo El Esquiú.com, nadie habla. En decenas de reportajes no lo explica Cáceres. Sesto de Leiva guarda silencio. Los defensores aislados de los jueces no profundizan y tampoco lo hace el periodismo. Los nombramientos, seguidos inmediatamente a las renuncias (aclaramos que invaden la esfera penal) y otros menjunjes, esperemos surjan en el debate de los próximos tiempos.
También las responsabilidades, por las dudas, llegan a los territorios del Poder Ejecutivo que, durante más de seis años, miró para otro lado y nunca quiso revisar estas miserias republicanas que atañen, nada más ni nada menos, que a los máximos representantes de nuestra Justicia.
“Piñón Fijo” y el “Chavo del 8” pasaron esta semana por Catamarca. Y la vida sigue. Los jueces de la Corte bien saben que la vida sigue.

El Esquiú.com