A solo 17 días de la fecha programada para que los afiliados radicales elijan sus autoridades partidarias (domingo 3 de junio), las controversias son mucho más que las coincidencias, situación que podría llevar a un nuevo escándalo del partido de oposición. La Junta Electoral, que no goza de una gran credibilidad (de hecho, en el mismo arranque de su actuación tuvo la renuncia de su presidente, Héctor Cangi), produjo el pasado martes una resolución de alto impacto político. Aprobó las listas de la alianza que domina el castillismo, identificada bajo el nombre “Es ahora radicales” y, por situaciones francamente irregulares, dejó en el camino a la opositora “Trayectoria y Renovación Radical”, cuyas principales figuras son Horacio Pernasetti (comité Provincia) y Miguel Vázquez Sastre (comité Capital), alineados detrás de figuras de renombre como Eduardo Brizuela del Moral, Ricardo Guzmán o Augusto César “El Mocho” Acuña. La respuesta inmediata de los perjudicados por la drástica medida fue anunciar la apelación ante la Justicia Electoral nacional y ayer mismo llevaron sus argumentos a la mesa del juzgado de calle República. Por lo tanto, la interna ya está judicializada y, en pocas horas o días, podría haber alguna expedición para respaldar o revocar lo dispuesto por la Junta Electoral. Sea cual sea el criterio del juez, la interna ha quedado herida de muerte.

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Si afirmamos que los deseos de los candidatos a presidir la UCR –Pernasetti y el andalgalense Alejandro Páez-, en el sentido de discutir ideas y propuestas, ya no serán posibles de llevar a cabo, no exageramos. Si hubiese existido una firme voluntad de competir y dar participación a los afiliados, las omisiones o los excesos que pudieron deslizarse en la confección de las listas se hubieran subsanados. En su lugar, la Junta Electoral aplicó la letra fría de la Carta Orgánica y, por entender que las huestes opositoras apenas completaban listas en cinco de los once departamentos exigidos por los estatutos, no habilitó su participación. Ahora será la Justicia la que valore los argumentos defensivos ante algunas irregularidades que, convengamos, son notoriamente visibles. Que se haya puesto como candidata de la jurisdicción pomanense de Saujil a una persona que falleció hace dos años o que una decena de firmas presentadas como avales no pertenezcan a ciudadanos catamarqueños, no es poca cosa.

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Las leyes son las leyes y fueron hechas para ser cumplidas. Tal aserto no proclama ningún descubrimiento, pero vale aclarar que muchos textos legales esconden trampillas o picardías que fueron puestas para ser utilizadas en beneficio propio. Esto de presentar listas en, por lo menos, 11 de los 16 departamentos, fue una iniciativa “celestial” para impedir que los esfuerzos individuales, o aislados, pudiesen transformarse en una lista que provoque molestias y fuerce la realización de internas que, según el mezquino criterio, se pueden ganar sin necesidad de competir. Es decir que la raíz del problema que se plantea por estos días se esconde en una Carta Orgánica que, modificada una década atrás, no alienta precisamente la participación. Por el contrario: pone piedras en el camino. Completar listas en 11 departamentos es poco menos que una quimera. Y, por si esto fuera poco, este año se exigía con la firma de los avales, una copia del documento. La nueva exigencia, afortunadamente superada, ya era indicio claro de que alguna mente ligera preparaba esta jugada de proscripción enmascarada. Quienes hayan avalado estos cambios de la Carta Orgánica y hoy se sientan perjudicados “no deberían llorar por lo que no supieron defender” en su debido momento. Algunos de ellos supieron mirar para otro lado y hoy se ubican en las veredas opositoras.

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El 24 de febrero de este año, en la ciudad de Andalgalá, hubo una gran convocatoria de la UCR. Dejó una foto preciosa que se estampó en las tapas de los dos diarios con influencia política de Catamarca: El Esquiú.com y El Ancasti. Las crónicas de aquel mitin, que dio en llamarse “Encuentro de Andalgalá”, hacían referencia a cantos de unidad, de comprensión, de confraternidad y de entendimiento de más de 200 dirigentes provenientes de las diferentes líneas internas. José “Chichí” Sosa fue el orador principal y pidió expresamente que los jerarcas partidarios, Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral, aportaran su capacidad política y experiencia para retomar los caminos militantes de los años 90, cuando les tocó ser gobierno a nivel provincia. Aquel anhelo de “encuentro”, queda explícito, fue pura declamación. Hoy en día, por el contrario, la UCR parece ser una postal del “desencuentro”. Al respecto, para graficar esta última afirmación, aludimos al lanzamiento de la campaña del sector dominado por el castillismo en casa del diputado Humberto Valdez. Dijo el anfitrión que “Brizuela del Moral y Ricardo Guzmán buscan candidatearse en 2019 para gobernador e intendente de la Capital, respectivamente”. Aunque esto fuera verdaderamente cierto, y no dudoso, se trata de una chicana de baja estofa que no se condice con la idea de encuentro y confraternidad.

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La posibilidad de que se revise la situación legal de los ministros de la Corte de Justicia, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, sigue latente y cuenta con dos bandos perfectamente diferenciados. Una inmensa mayoría, que se podría avalar con cualquier encuesta de opinión pública, sabe a ciencia cierta que, por los antecedentes que existen, los jueces cuestionados están totalmente manchados por evidentes irregularidades. Es, igualmente, la comidilla de Tribunales. Es que son jubilados cuando la Constitución dice que los jubilados se tienen que ir a descansar y, ambos, fallaron a favor de ellos mismos (mediante una carambola legal) para sortear el escollo de la edad, algo que ya tiene jurisprudencia a nivel nacional y que fue proclamado, durante una visita a Catamarca, por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Por el otro lado están los que apoyan a Cáceres, que son dos o tres diputados que jamás se refieren a los argumentos que utilizó para quedarse con el cargo, o aquellos que se prestan a aceptar sus opiniones sin hacer una mínima repregunta.

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Si la situación legal de Cáceres y Sesto es complicada, especialmente desde la ética que debe rodear a tan altos funcionarios, los exabruptos del primero de ellos comienzan a sumarse como agravantes. Hace un mes atrás se rió públicamente de la comisión de Asuntos Constitucionales (¿se acuerdan de Piñón Fijo y El Chavo del 8?) por considerar que resultaba improcedente que trate una denuncia que inició Eduardo Andrada ante el Colegio de Abogados sin que exista un pedido formal de juicio político lo que, de alguna forma, fue respaldado por los diputados Monti, Marita Colombo y Valdez. Durante la semana pasada agregó “leña seca al fuego”. Atacó directamente, desde la ironía, a la “honorable y excelentísima cámara de Diputados” y, con la misma sorna, trató de “jurisconsulto” al diputado Augusto Barros. Este último, con el mayor de los respetos, contestó a sus interminables escritos (ver página 5) y le desbarató planteamientos y especulaciones que Cáceres acomoda a favor suyo, de la misma forma que se benefició con los fallos de la vergüenza, uno de los cuales lo firmó él mismo. A propósito de esto último, el diputado Monti le pidió al fiscal de Estado, Carlos Bertorello, que comunique si esas resoluciones están firmes. Estaría bueno que se haga esto y que, aparte, Bertorello las publique. Nosotros aportamos un pequeño agregado: cuando se plantearon estas cuestiones, la Fiscalía de Estado de aquella época advirtió que los interesados no podían fallar a favor de ellos mismos. ¿No será un pelotazo en contra la petición de Monti?

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La fotografía del  Manzi con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, viene a confirmar las serias aspiraciones del conocido profesional de candidatearse a gobernador el próximo año. El encuentro entre ambos se produjo en la Feria del Libro y descontamos que sirvió para un entendimiento del futuro que, al menos dentro de la alianza local Cambiemos, cada día cobra mayor fuerza. A pesar de las aspiraciones de los radicales de colocar su propio candidato, algo que se convino en aquel “Encuentro de Andalgalá”, la presencia de Carrió dentro de la interna lugareña puede resultar decisiva. Quien más, quien menos, todos saben la influencia que ejerce sobre el presidente de la Nación. En síntesis: Manzi, en medio de la diáspora radical, avanzó varios lugares en la carrera política que lleva adelante. 

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, finalizamos los “Apuntes” de la fecha con las recordaciones de los años 90. El gobierno de Carlos Menem, que duró diez años y medio (desde el 8 de julio de 1989 al 10 de diciembre de 1999), tuvo cosas muy parecidas, en materia económica, al que encabeza actualmente Mauricio Macri. Como lo dijimos en otra entrega de los “recuerdos”, en aquella época también se buscó la reforma previsional y se descontó el 15% de la coparticipación federal a las provincias para atender el sistema (la devolución se produce 26 años más tarde). De igual manera, se descuidó la actividad industrial, se produjeron despidos en el sector público y se buscó establecer una profunda reforma laboral. En ese sentido, el 17 de mayo del año 1993, un sector de la CGT que encabezaba Hugo Antonio Moyano llamó a la movilización popular para frenar los planes de flexibilización que proponía el menemismo y que estaban en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El expresidente, frente a esta situación, salió a negar que se pudiere establecer una jornada laboral de 10 horas.