Aun cuando queda la instancia de la apelación ante la Cámara Electoral Nacional, ya la interna radical es una anécdota que marca un nuevo retroceso institucional y preanuncia nubes cargadas de electricidad para el cielo opositor. La vieja dirigencia, enfrentada ahora en bandos distintos, increíblemente, no se pudo poner de acuerdo sobre objetivos que vayan más allá de los intereses personales y terminó estampando en los escritorios de la Justicia un escándalo que, como anunció este secretario, podía terminar de la peor manera. Cuando marcamos que quedaban 17 días para abrir las urnas y la Junta Electoral no pudo subsanar las diferencias, intuimos que la Justicia Electoral, frente a una hipotética apelación, no iba a dar solución a lo que los propios radicales no lograban remediar. Así fue. No sólo fueron rechazados los planteos de la lista de Horacio Pernasetti, alineado en esta ocasión con Ricardo Guzmán y Eduardo Brizuela del Moral, sino que se despejó la chance de una prórroga –vía cautelar- de 60 días para llevar adelante la elección. Con el fallo de Miguel Contreras, en rápida lectura política, hay que decir que no ganó nadie. Claramente perdieron todos.

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Con el bochazo de la Junta Electoral, en los próximos dos años será presidente del comité Capital el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, pero estará rodeado de alfiles castillistas, sector que lo eligió para enfrentar a Pernasetti, considerado a priori la “prenda de paz” que no será tal. El comité Capital, por su parte, será territorio de Roberto Gómez, pero en general ninguno tendrá la legitimidad de haber vencido por el voto de los afiliados. Si bien no tendremos una gestión monocorde, como la que llevó adelante Lobo Vergara, la fracasada unidad que todos dicen pregonar –de la misma forma que dicen que es necesario reformar la Constitución, pero no aprueban el proyecto- será impedimento insalvable a la hora de formalizar la oferta electoral 2019. Cuando menos, el duelo que acaba de clausurar la Justicia, se reeditará en una PASO. Y hasta puede darse la posibilidad que el sector ahora desplazado se abrace con el PRO y los teóricos ganadores vayan en un remozado Frente Cívico. Todo producto de la interna que, no nos engañemos, se programó para que no se haga. ¡Patético!

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La única noticia más o menos alentadora que tuvieron los radicales esta semana fue la conformación de la nueva mesa de conducción de Cambiemos con los regresos del exsenador de Mendoza, Ernesto Sanz y el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Ellos, junto a Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, pueden guiar los nuevos rumbos políticos en tiempos de duro ajuste (presupuesto, obras y gastos provinciales) y por allí producir cambios que, aunque sea mínimos, con la omnímoda dirección del PRO, eran muy difíciles de materializar. En este esquema, por cierto, no hay que descartar a Elisa Carrió, una de las puntales de Cambiemos y persona de comunicación directa con el presidente de la Nación.

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El dirigente radical Alfredo Marchioli “cobró” por partida doble esta semana. Primero lo repudiaron en la cámara de Diputados a raíz de destempladas expresiones con la diputada Adriana Díaz, a quien comparó graciosamente con Natacha Jaitt, la mediática modelo que participó de varias y resonantes controversias. Los colegas de Díaz le expresaron solidaridad en la sesión del miércoles, pero los pedidos de disculpa de Marchioli no alcanzaron para frenar un culebrón que llegó a los medios nacionales. En ellos, Jaitt “le dijo de todo, menos bonito”, lo que confirma que no es cuestión de andar hablando por hablar y ofendiendo por ofender. En relación a la solidaridad con Adriana, en cambio, llamó la atención que la Cámara no se pronunciara en igual sentido con el ministro de la Corte, José Cáceres, quien se burló del diputado Augusto Barros hasta el límite de pretender humillarlo. Grave la omisión de Fernando Jalil y su troupe.

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El Esquiú.com no acostumbra a acomodar sus crónicas y comentarios “según a quien le convenga”. Tampoco acepta la censura previa y, por el contrario, proclama como bandera periodística la libertad de expresión. Por ello opina de todos los temas y se zambulle, aun a riesgo de recibir cuestionamientos, en aguas escasamente cristalinas como estas que acaban de inundar al “Caso Kotler”, que nació de una tragedia automovilística en marzo de 2013 y mantiene hasta nuestros días alto impacto público. Después del fallo que, dispuesto por el juez Marcelo Forner, condenó a Elián Kotler a cuatro años de prisión efectiva por la muerte de Pablo Camaño, la atención del caso se trasladó a negociaciones previas que, están acreditadas, existieron entre el padre del condenado e integrantes de la ONG Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVIATCA), más concretamente de su fundador, el odontólogo Julio César Sánchez Reinoso. El caso ya está en la Justicia que, a diferencia de otras situaciones graves que ocurren en la provincia, esta vez actuó de oficio y deberá resolver algo tremendamente dudoso y susceptible de las más variadas interpretaciones. Es que lo único que resulta indiscutible, por la confesión de partes, es que Raúl Kotler –padre de Elián- y Sánchez Reinoso negociaron o acordaron algo, dinero de por medio.

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La confesión de partes referida surgió de audios que, lo repetimos, fueron presentados a la prensa por parte de Kotler y contienen una conversación, por lo menos, non sancta. De ella surge el eventual pago de $200.000 a Sánchez Reinoso para que éste no promueva marchas públicas de presión a la Justicia hasta que terminare el juicio contra Kotler hijo. Veamos esos textos desgrabados en su parte medular. “Así como usted me dijo yo quiero 200 mil, yo le traje los 200 mil en el acto” (Kotler). “Sí, eso es seguro” (Sánchez Reinoso). La conversación siguió aludiendo a pactos y códigos entre ambos, lo cual certifica que éstos últimos existieron y nos llevan a preguntar por qué se está hablando de extorsión ahora y no se la denunció antes del juicio. Comprendemos perfectamente a Raúl Kotler como padre dispuesto a defender a un hijo y evitar que se lo condene, pero recién acusó cuando el juez había bajado el martillo en contra de sus esperanzas de que Elián zafara de la cárcel. ¿Si lo dejaban libre o con una condena excarcelable no decía nada? Hummmmm. A quien no comprendemos es a Sánchez Reinoso, que le dijo a los directivos de FAVIATCA que no había recibido “nada de nadie”  cuando en el audio, cuya existencia no niega, le acepta a Kotler haber tomado de parte suya $200.000. Esta dualidad, al poner en juego el prestigio de la entidad que él mismo creó, determinó que sea apartado de toda representación.

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Por cierto, la imagen de FAVIATCA y su expresidente han quedado totalmente esmeriladas. Una lástima porque el profesional, en homenaje al hijo que le mataron y lo hundió en la depresión, creó la organización para atender a todos los familiares de las víctimas del futuro y, en decenas de casos, su aporte fue valiosísimo. Realizaron marchas pidiendo justicia para todos, consiguieron el concurso de abogados para que ayudaran a los menesterosos y dieron contención a los deudos. ¿Qué más noble tarea que esta descripción? Es más. Bien que podían tramitar arreglos económicos extrajudiciales a favor de los familiares y, por la vía oficial, conseguir ayuda para atender los gastos institucionales. Eso, que sepamos, se hizo siempre así. Con el “Caso Kotler”, al parecer, Sánchez Reinoso tomó por un camino diferente a los nobles objetivos que siguieron a la muerte de su hijo en un caso casi similar al de Elián Kotler. Es que apareció el dinero y el vil metal, muchas veces, es provocador de las mayores tentaciones.

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Con un oportunismo impropio de un ministro de la Corte de Justicia, una vez más, el doctor José “Pepe” Cáceres se “prendió” del drama de fondo que significa el “Caso Kotler” –debería recordar que murió una persona en plena juventud- y disparó los cañones contra FAVIATCA y el doctor Sánchez Reinoso. De la primera dijo “el problema de los accidentes de tránsito en todos lados es que se crean grupos y camarillas para intervenir en juicios. FAVIATCA es una organización para buscar clientes. No sé si está bien o mal. Ellos dicen tenemos una organización, van con abogados y presionan. Yo los denuncié, los procesaron y prescribió la causa contra Sánchez Reinoso” (sic). Si el doctor Cáceres no sabe si la existencia de instituciones como FAVIATCA está bien o mal es su problema. La sociedad, en la que le toca actuar, sabe perfectamente de su efectividad para que la Justicia no actúe con discrecionalidad o conforme “la cara del cliente”. Que la ONG de la discordia de estos días, en su momento, le haya ido a reclamar cosas lógicas hasta las puertas mismas de su despacho, forma parte de su rol de juez, mucho más si existen en la provincia dos juzgados exactamente iguales que, en los casos de accidentes de tránsito, fallan de manera distintas. Uno de sus titulares condena con prisión efectiva. El otro no. ¿No convendría, entonces, que Cáceres se ocupe de estas cosas que traen grandes problemas, antes de andar peleándose con cualquiera que no piense como él? Por si fuera poco, sigue desafiando que le hagan juicio político….y por allí le hacen.

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RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, finalizamos los “Apuntes” de la fecha con las recordaciones de los años 90.

En mayo de 1993, hace un cuarto de siglo, la situación del exBanco de Catamarca se tornaba dramática.

Conforme a los diarios de la época, en tiempos de convertibilidad, existía una deuda de 39 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina.

El exgerente de la entidad, Miguel de la Orden, señalaba: “La situación quedará saneada al final del ejercicio”.

Más allá de estas apreciaciones, con el paso del tiempo, la institución bancaria fue cediendo terreno, su cartera de morosos aumentó de manera sustancial y se fueron creando las condiciones para lo que sería su cierre final.

Bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, el castillismo estableció un acuerdo con el Banco de la Nación para que asumiera como agente financiero de la provincia, el que dura hasta nuestros días.

Del viejo Banco quedó una entidad residual y la deuda de los morosos que nadie se animó a cobrar. La mayoría de ellos eran políticos y empresarios de diferentes rubros. ¡Una vergüenza!