Aunque el mundial de fútbol, con los pesares de la selección argentina, ya se roba gran parte de la atención de los aficionados, la política se mantiene como eje de debates inevitables e impostergables. En forma especial por la delicada realidad de la economía argentina, un verdadero tembladeral desde los últimos días de abril cuando comenzó una virtual corrida de la gente –y de las grandes empresas- hacia el dólar. Esa situación, más la deuda supersónica que se contrajo con las LEBAC (Letras del Banco Central) y la presencia del FMI que, desde mañana, comenzará a imponer sus condiciones para garantizar el préstamo que ha decidido otorgar al país, mantienen en alerta a todos. Desde los poderosos hasta millones de asalariados que, día a día, son bombardeados por noticias que van de malas a preocupantes, pasando por las malintencionadas. Sin embargo, los debates se prolongan en especulaciones políticas de distinto orden. En Catamarca, por ejemplo, la duda existencia de todos y cada uno pasa por saber la fecha de elecciones de 2019.

La posibilidad que esas elecciones se adelanten para marzo –el dilema, conforme a facultades legales excluyentes, va a ser resuelto por la gobernadora-, al menos en los últimos días, habría comenzado a perder fuerza. Una de las razones sería precisamente de orden económico. Es que los actos electorales le cuestan dinero al erario y programarlas significa un gasto doble desde que existe la ley de las PASO. Habría que hacer estas primarias a fines del presente año, seguir con la provincial “un domingo de marzo” (así dice la letra de la Constitución) y todavía quedaría, para agosto y octubre 19, las contiendas por las bancas de diputado nacional que deben abandonar, si no logran candidatearse para la reelección, dos de las tres mujeres que actúan en el Congreso: Verónica Mercado (Frente para la Victoria-PJ) y Orieta Vera (Coalición Cívica-Cambiemos). Con semejante agenda, en cercanías de Lucía Corpacci, prevalecería el concepto de llevar la tenida electoral al segundo semestre del próximo año y, tal vez, mantener la relación de entendimiento con la Casa Rosada a cambio de que, lo más pronto posible, llegue el dinero prometido para algunas obras que, por lo menos, están demoradas.

En lo referente a las principales precandidaturas, aunque existen movidas en esa dirección, no ha cambiado el escenario. En el oficialismo, la única duda en torno a la postulación a gobernador va de Lucía Corpacci a Raúl Jalil, férreos aliados desde los preliminares del 2011. Para Buenos Aires, la primera mandataria iría por la “re-re”, tal como lo revela un diario de buena información como La Nación. En ese caso, siguiendo los planes del intendente de la Capital, habría interna a través de la PASO. Por sobre esta chance, no termina de despejarse para Jalil algún convite para que encabece la oferta electoral de Cambiemos, en cuyo caso también debería medir fuerzas con Corpacci. La especie la acaba de ventilar Fernando Capdevila, el titular local de la ANSES, para quien el intendente de la Capital tiene una gestión de tintes parecidos a la Nación. Otro sector del PRO local, que no comulga con el castillismo y por ende con Capdevila, preferiría bucear en la sociedad en búsqueda de una candidatura que, en lo posible, no provenga de la política. Por el lado de los radicales, los números de encuesta lo llevarían a pensar, una vez más, en el diputado nacional Brizuela del Moral. El veterano líder de la renovación radical, tanto en encuestas locales como nacionales, mantiene la mejor intención de voto del partido, cercana al 25%.

Un reciente informe de El Esquiú.com da cuenta del crecimiento de las declaraciones juradas por parte de funcionarios de distintos estamentos y niveles. El relevamiento indica que se registraron apenas 19 declaraciones en 2015, 35 en el 2016 y 145 en 2017. Si bien es bueno que se haya producido un crecimiento en la materia, hay que decir que estamos muy lejos de lo óptimo. Entre funcionarios de los tres poderes y quienes tienen a su cargo manejo de dineros públicos la cifra se eleva a más de 3.000 personas, con lo cual los números que dio a conocer El Esquiú.com representan porcentajes ínfimos sobre un concepto que es una obligación constitucional. El artículo 167 no deja margen para dudas: “Todos los funcionarios, inclusive cada uno de los miembros de los tres poderes y todo agente administrativo que maneje fondos fiscales o administre bienes de la provincia” tienen que presentar su declaración jurada. La falta de ella, en varias circunstancias, por lo tanto, puede generar denuncias y hasta sospechas de pretender hacer una trampa. Por lo tanto, sería bueno que en lo que resta del año, todos acerquen la información que debían haber presentado el día que asumieron.

Los cambios en el gabinete de ministros de Mauricio Macri, concretados en un momento extraño –sábado a la tarde-noche-, algo tienen que ver con Catamarca. Es que la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán, pasará a depender del ministerio de Producción, concretamente de su flamante ministro, Dante Sica, y dejará el área de Energía. Como la provincia es minera, por sobre todas las cosas, la relación con Nación puede ser distinta. Por allí mejor y más atendible, en razón de que las únicas inversiones que están llegando a la Argentina se relacionan con el rubro y Sica, de acuerdo a los antecedentes, es un profesional de capacidad reconocida y que ya tuvo experiencias de gestión. Hay que recordar que durante el interregno de Duhalde -2002/2003- llevó adelante una actuación que es ponderada por el conjunto del peronismo.

No está confirmado, ni mucho menos. Pero, ciertamente, es una probabilidad. El gobierno nacional podría desplazar de la presidencia de YMAD a Santiago Albarracín, su actual titular, y en su lugar nombrar a algún catamarqueño afín a Cambiemos. Junto con la eventualidad de esta variante, que estaría a estudio del gobierno, la sede del organismo tripartito se trasladaría a San Fernando del Valle, repitiendo una situación que ocurrió en tiempos del sadismo, cuando le tocó ser presidente a Efraín Saadi Herrera. Tiempo después, con el Frente Cívico gobernando la provincia, la central de YMAD regresó a la avenida Mitre, en el microcentro de Buenos Aires.

El affaire SOMICA, un escándalo que por largos años pudo ser ocultado por las autoridades, sigue su curso en los territorios de la Justicia Federal. El último interventor, Raúl Doering, acaba de pedir la nulidad de la causa, en la que se encuentra imputado por el manejo irregular del producido de Minas Capillitas durante el tiempo que administraba la rodocrosita la multinacional inglesa Dolphin SA, cuyos directivos también están acusados. El Fiscal de Estado, Carlos Bertorello, prometió aportar a la Justicia nuevos elementos, los cuales abundan. Por empezar, el precio de las remesas de la piedra que terminaban almacenados en depósitos de la ciudad de Lanús nunca fue informado y cada que surgía un pedido de informes, por parte de la oposición, el mismo Doering solía decir que, por tratarse de una empresa privada, no correspondía dar cuenta de nada. Más raro aún es que, apenas cayó el Frente Cívico, Doering marchó hacia tierras caribeñas donde conformó una sociedad offshore que apareció en los informes de los “Papeles de Panamá”.

RECUERDOS NO LEJANOS.

El último bloque, como siempre, incluye la memoración de situaciones y hechos del pasado cercano, esto es, 25 años.

El mes de junio, en 1993, fue de un intenso movimiento político dentro de la UCR, que había convocado a internas para el 4 de julio y debía enfrentar las elecciones provinciales y nacionales el domingo 3 de octubre.

Para la primera se anotaron dos listas. Una de ella representaba a la celeste que, en aquel entonces, tenía extraordinario poder por el hecho de contar con el manejo del gobierno provincial que, como se sabe, encabezaba don Arnoldo Castillo.

La otra reunía a sectores opositores y dio en llamarse “Convocatoria Radical”, la que se anotó en 5 departamentos, que era el mínimo que establecía la vieja carta orgánica que, años más tarde, iba a ser reemplazada por el castillismo por una exigencia de 11 departamentos, lo que torna muy difícil poder competir a menos que se cuente con el poder partidario.

De hecho, la última programación interna –su resolución todavía está en la Cámara Electoral Nacional- fracasó por este motivo y dio lugar a un debate de contrariedad en variada dirigencia la que, antes de protestar por la coyuntura, debería bregar por la reforma de una carta orgánica que fue concebida a la medida de sus propios impulsores.

El Esquiú.com