Desde hace años los afiliados de la obra social provincial deben tolerar, en momentos de vulnerabilidad como es el caso de una enfermedad, una práctica irregular cuando consultan al médico: el pedido de un “plus” en metálico además de la orden de rigor.

Si no pagan ese adicional, que es de al menos 100 pesos, en negro y por fuera del convenio que vincula a los colegios profesionales con OSEP, no los atienden.

La mayoría -casi todos- aceptan resignados lo que constituye una falta a la ética elemental que debe guiar a quienes trabajan en el ámbito de la salud.

Por el lado de los profesionales se argumenta que no es suficiente lo que perciben por cada atención.

Pero el acuerdo prestacional con la obra social es bien claro: no pueden pedir plus so pena de quedar excluidos del sistema, advertencia que prolijamente desconocen porque saben que no hay consecuencias.

Fuera del “reconocimiento” de la problemática que emana regularmente desde la alta conducción del organismo provincial, en el tiempo reciente se inició una treintena de sumarios contra profesionales médicos por cobrar plus.

Son los que se llevan adelante por la denuncia de afiliados hartos de este pago compulsivo que encarece más un servicio que no es precisamente económico.

No obstante, es poco lo que se avanzó para lograr sanciones efectivas. El titular de OSEP culpó a la burocracia que lo obliga, al tratarse de un ente estatal, a presentar cada caso a Fiscalía de Estado, en donde demoran los dictámenes que le permitirían sancionar la práctica irregular.

Aunque muchos cuestionaron -vía redes sociales- el número bajo de sumarios, teniendo en cuenta que la mayoría de los médicos que trabajan en Catamarca cobran plus, el problema es que no hay ni siquiera uno de ellos que haya recibido castigo. Hay que ver si, llegado el caso, se buscará dar un ejemplo, o se primará el espíritu corporativo.

Tampoco hubo novedades con el proyecto “antiplus” presentado oportunamente en la Legislatura provincial, o de la supuesta intervención reclamada a la AFIP.

Ante la grosera omisión, el Estado se vuelve de facto cómplice por la falta de acciones concretas para conjurar la práctica fraudulenta, dejando a los afiliados de OSEP, el eslabón más débil de la cadena, sin un resguardo elemental.