La reciente presentación del diputado Isauro Molina pidiendo la formación de una comisión bicameral para que estudie la causa del estadio Bicentenario resulta, además de oportuna, casi imprescindible para que se tomen medidas con el “gigante dormido” que le costó a la provincia una montaña de dinero, tanto que resulta aventurado establecer el valor exacto de un proyecto que, promediando la década del 2000, arrancó con una presupuesto cercano a los 40 millones de pesos provenientes de las regalías mineras. En forma paralela, el legislador criticó duramente el accionar con ritmo de siesta santiagueña –o catamarqueña, dirían nuestros vecinos- que lleva adelante la Justicia de Catamarca, convertida en un verdadero “Triángulo de las Bermudas” para las causas que tienen componentes políticos. De esta situación sobran los antecedentes. Podríamos nombrar el llamado affaire de Educación, un robo-hormiga de más de 5 millones de pesos de la década del 90, que llegó a juicio 13 años después de su explosión. De la misma forma hablar de las “compras directas”, otro afano que ya supera los tres lustros y amenaza con pasar al olvido sin culpables y sin dilucidación del destino de miles y miles de bolsones de comida por los cuales comerciantes y promotores de Capital y el interior se hicieron ricos.

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En relación al entramado de la causa del estadio Bicentenario, al que aludió Molina, solamente es comparable en el terreno de la obra pública. En ese sentido, se podría recordar la obra “cloacas del siglo”, que se inició en a fines de 1990 y todavía hoy, cuando han pasado 28 años, no termina de aclararse, con los consabidos perjuicios económicos para la provincia. Lo del Estadio, a partir de su inauguración del 29 de noviembre de 2010, parece seguir el mismo camino, con un agravante a ojos de la gente: la mole de cemento, que se irá cayendo de a pedazos y se levanta frente al Predio Ferial, lleva dos años de ociosidad y nadie, ni el gobierno ni la empresa constructora Capdevila SA, se hacen cargo de su reparación. Los daños están recontraprobados por informes técnicos diversos –hundimientos, resquebrajamientos, etc.- y por la propia expresión del titular de la empresa Capdevila, quien aceptó las fallas, pero aclaró que oportunamente las comunicó al gobierno. En síntesis, cuando han pasado casi ocho años de aquella monumental apertura, el estadio Bicentenario no ha tenido una recepción definitiva por parte del Estado. ¡Increíble, pero cierto!

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La única recepción, siguiendo con el tema, data del 23 de agosto de 2011, cuando todavía gobernaba Eduardo Brizuela del Moral, pero ya se aprestaba a dejar el Sillón por la caída electoral de marzo de aquel año. Fue parcial, lo mismo que el decreto que firmó Lucía Corpacci en 2012, que tampoco representó una recepción definitiva. En ambas se dejó consignado graves inconsistencias estructurales y la declaración oficial de que existía “un afán alarmante de la empresa por aprovecharse del Estado, en términos que no se respetó el diseño de las tribunas populares y existía mala compactación en una de ellas y en la carpeta asfáltica del estacionamiento privado”. Así las cosas, mientras pasan las semanas, meses y los años, Capdevila SA se declaró en concurso de acreedores -12 de abril de 2017-, de los cuales el Estado es naturalmente el principal acreedor. En medio de todos estos embrollos, poco comprensibles para la gente común, hubo voces como la del ingeniero Eduardo Niederle –funcionario municipal que ejerció como director técnico de la obra- indicando que “es fácil arreglar el estadio” (en tal caso lo hubieran hecho bien) o alguna negociación secreta al máximo nivel para que el Bicentenario pase a la órbita de la municipalidad de la Capital. Por ello es bueno que los legisladores avancen en el análisis y dentro de la ley, apuren resoluciones judiciales que resguarden al Estado... y al propio Estadio.

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La eventualidad de un acoso sexual a una exempleada de la cámara de Senadores, por parte del senador de Andalgalá, Juan Carlos Espinoza, sigue latente. La denuncia está, el juez Carma está actuando y días atrás, ha pedido el desafuero del acusado. Otro senador, Ariel Cordero (Ancasti), argumentando querer conocer el caso más a fondo, podría pedir la presencia del juez (¿no podrían los legisladores llegarse al despacho de Carma por el mismo motivo?). Así las cosas, todo discurre en cuestiones formales, que podrían llevar a que todo quede en la nada, sin respuestas para la supuesta víctima o para el mismo acusado, cuya inocencia ha sido puesta en dudas. Lo mejor en estos casos es que la Justicia avance sin necesidad de un desafuero, que no hace falta para realizar la indagatoria y tomar medidas procesales. Únicamente opera para impedir la libertad de movimientos, como podría ser una orden de detención. Por otro lado, si no existe un pedido expreso del propio Espinoza, el desafuero será rechazado por la amplia mayoría peronista del Senado y la causa puede morir, tal como ocurrió con dos casos resonantes de la historia política lugareña. Uno de Víctor Brandán, involucrado en las compras directas y otro del extinto Juan Carlos Balverdi. Los dos tuvieron pedidos de desafuero de la Justicia y el Frente Cívico, con su mayoría legislativa de los 90, no les soltó la mano.

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MORADA, el sector radical que orientan el excandidato a diputado nacional Roberto Gómez (asumiría en los próximos tiempos como presidente del comité Capital) y la diputada provincial Juana Fernández, ha propuesto reformar la carta orgánica partidaria, “piedra de escándalo” de los últimos años y de la fallida interna que debió efectivizarse en la jornada del 3 de junio. La idea es incorporar a la biblia radical la llamada Generación Intermedia, un segmento etario que va de los 31 a los 40 años y que, según el texto actual, no tiene existencia legal como la directiva de mayores o la juventud. La propuesta está y claramente, podría extenderse a otras cuestiones que reclaman los afiliados y que hacen a la salud de una agrupación que hoy, más que un partido abierto, se parece a una comunidad de familiares y amigos que, cada dos años, se viene repartiendo los cargos de representación de afiliados que ofician de convidados.

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La llamada renovación peronista o “Grupo Fenicio” (lindo nombre, ¿ no?) como lo bautizó el diario El Ancasti, esperando negociar fuerte, sigue en campaña política. No lo hace con los actos tradicionales o con recorridas por los distintos trazados provinciales, sino a través de actos institucionales de la cámara de Diputados, que preside precisamente el mandamás de este grupo, Fernando Jalil. También utiliza algunas plataformas en redes sociales para hacer una especie de “campaña social” en la que aparecen, alternativamente, el nombrado Jalil o el senador Jorge Moreno. No sabemos si con estas prácticas ganarán terreno en términos de proselitismo, pero está claro que buscan tener presencia viva para el momento en que deban negociar. En ese sentido, a la hora de hacer declaraciones, ninguno de estos exponentes de la política se queda corto. Fernando Jalil, directa o indirectamente, ha referenciado posiciones muy importantes que habría que ubicarlas en los niveles de gobernador, intendente de la Capital o diputado nacional, chapita esta que también desvela a Moreno. Independiente de los anhelos, queda claro que todo el grupo, con Sierralta, Verón o Saracho, quiere seguir en la política, por lo que la prioridad sería renovar la banca que todos ellos deben dejar en diciembre del año venidero.

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RECUERDOS.

El último bloque, como siempre, incluye la memoración de situaciones y hechos del pasado cercano, esto es, 25 años.

El martes pasado dimos cuenta de la elección interna de cargos partidarios y electivos de la Unión Cívica Radical hace un cuarto de siglo. Debía realizarse el 4 de julio de 1993 con una competencia entre la alianza celeste-renovadora y la llamada Convocatoria Radical, que era orientada por los rebeldes de la época, los dirigentes Juan Carlos Bayón y Juan Antonino.

Por el lado del oficialismo, que tenía los gobiernos provincial y del municipio de la Capital a sus espaldas, en el mes de junio se daban a conocer los primeros nombres como eventuales candidatos. Oscar Castillo y Horacio Pernasetti, en ese orden, iban a ser los postulantes a diputado nacional, mientras que para la cámara baja provincial estaban anotados Ricardo Guzmán, Rodolfo Cecenarro, Edgardo Jalile y Félix Brizuela del Moral, ya fallecido.

Los nombres rutilantes para el concejo deliberante de la Capital eran los de Edgardo “Barón” Acuña, Martha Torres de Mansilla, Gustavo Adolfo Sosa (también fallecido) y Enrique Sir, el combativo dirigente de las 1000 Viviendas. Como se desprende de estos nombres, cuando han pasado 25 años, se mantienen en los puestos de conducción las mismas figuras. Ni hablar de renovación.