Débil promesa para el NOA

La reunión de los gobernadores del Norte Grande dejó la promesa nacional de comenzar a reactivar el envío de fondos para obras públicas, algo que los gobiernos norteños necesitan como el agua. El que lo aseguró fue Guillermo Francos, ministro del Interior y quizás la figura más dialoguista (¿o la única?) del gabinete de Javier Milei. La reunión fue en Salta y estuvieron, además de Raúl Jalil, los mandatarios Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Sáenz. Junto a Francos estuvieron el secretario Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, José Rolandi; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; su par de Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Municipios y Provincias, Javier Milano. También formaron parte de la comitiva el administrador del ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), Bartolomé Heredia, e Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Pero el entusiasmo fue apenas moderado, porque rápidamente desde Casa Rosada se advirtió que para ceder fondos se analizarán “sólo las obras que tienen cierto grado de avance -en algún momento trascendió que podría ser de un 80%- y que tienen financiamiento internacional para continuarlas”. En otras palabras, un compromiso débil, casi para salir del paso, que permite vaticinar la continuidad de las vacas flacas y la necesidad de hacer favores a Nación para recibir algún recurso como contraprestación.

Despidos y protestas

La ola de despidos en el sector público nacional ya arrasó con miles de trabajadores, y todo indica que se profundizará en las próximas semanas. El problema excede el habitual análisis del ordenamiento de las cuentas estatales y de los debates sobre la eficacia o burocracia de los organismos públicos, y se desplaza hacia la realidad social, con la incógnita de lo que sucederá con miles de familias que pierden todo sustento. Es mucha la gente que ya quedó afuera, y en pocos días llegarán a su fin los contratos de trabajadores del Estado que no integran la planta permanente y vencen el próximo 31 de marzo. Se trata de la fecha que estableció el gobierno de Javier Milei para ejecutar un nuevo recorte en la Administración Pública Nacional. Podrían ser más de 20.000 trabajadores en la calle, sumados a los que ya echaron, mientras numerosos organismos cierran sus puertas y la continuidad de otros pende de un hilo. Todo ello, claro, mientras se designan con sueldos millonarios a familiares de los funcionarios actuales, hermanos, cónyuges y sobrinos. El marco de crisis económica exime de detallar los efectos de estas medidas.

Nuevo paro

En ese contexto, la CGT empezará a discutir la fecha y modalidad de la segunda medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei que será en abril, en medio de un escenario de alta conflictividad en los gremios por las negociaciones paritarias y por los despidos masivos en la administración pública que recalientan el escenario y aumentan el malestar social. Para la conducción cegetista, los tiempos se acortan. La central está atravesada por una pulseada entre sectores que presionan para volver a salir a calle y hacer otra demostración de fuerza contra Milei y los dirigentes que proponen una estrategia más cauta y concentrar todos los esfuerzos en la batalla política para hacer caer el DNU en el Congreso. Pero el temor a quedar desconectados del contexto de alta tensión gremial, con medidas de fuerza todas las semanas, empieza a pesar cada vez más. Esas diferencias sobrevolaron el plenario nacional de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los gremios de ferroviarios, aeronáuticos, camioneros, taxis, marítimos y ahora sumó a los metrodelegados. En el encuentro estuvieron los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano, que había calentado la previa anticipando que el plenario iba a lanzar una gran medida de fuerza del transporte. La CGT siente además la presión de otras centrales. La CTA Autónoma volvió a llamar a un nuevo paro general con todas las centrales unificadas, en medio de la ola de despidos en la administración pública. El discurso del titular de esa central Hugo Cachorro Godoy fue seguido y aplaudido desde el escenario por Hugo Yasky y Roberto Baradel, de la CTA de los Trabajadores, y por Abel Furlan, titular de la UOM, referente de la Corriente Federal e integrante de la CGT.

Clásica reacción

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Centro Cultural Kirchner será rebautizado, aunque no precisó cómo será su nuevo nombre. El CCK es un histórico edificio ubicado a pocos metros de Casa Rosada, construido a fines del siglo XIX, donde históricamente funcionó el Palacio de Correos. Para el Bicentenario argentino, el gobierno kirchnerista invirtió unos 700 millones de dólares para remodelarlo. El CCK es literalmente impresionante, un lujo total, con varios pisos y varios subsuelos, estudios, auditorios e instalaciones disponibles para toda clase de actividades. Si está bien o mal bautizar obras públicas en homenajes a líderes políticos tan recientes, es un tema que puede debatirse. Lo cierto es que la iniciativa de borrar todo vestigio de rivales políticos es un clásico argentino, que a lo largo de los años llevó al infantilismo de cambiar determinados nombres (de calles, plazas y edificios) una y otra vez según quién ejerza el poder. El extremo se alcanzó después de 1955, cuando se prohibió no sólo al peronismo sino hasta decir la palabra “Perón”, lo que obligó lógicamente a cambiar de nombre a innumerables lugares e instituciones. Les cuesta a los políticos argentinos admitir que otro haya hecho un buen trabajo, y en este caso, debe admitirse, el CCK es una obra fabulosa y es mérito de Kirchner, y lo seguirá siendo aunque decidan llamarlo “Caperucita Roja”. En Capital Federal esto es muy recurrente, y muestra varios idas y vueltas como la calle Cangallo, que cambió alternativamente su nombre entre Cangallo y Teniente Perón, según el gobierno de turno. No debería sorprender porque aquí ocurrió lo mismo con la calle República, que fue temporalmente bautizada Vicente Saadi hasta que el Frente Cívico le devolvió su nombre actual. Sobran ejemplos a lo largo y ancho del país, y por lo visto los celos políticos no pierden vigencia.

El Esquiú.com