Próximo a cumplir 65 años de edad, lleva 25 en la Corte de Justicia de Catamarca. Hace poco planteó un conflicto de poderes porque el Ejecutivo Provincial le aplicó un recorte de 100 millones de pesos al Poder Judicial. Chacarero hasta la médula ("nunca cambié de domicilio, toda mi vida voté en Villa Dolores”, se jacta al lucir su sentido de pertenencia al departamento Valle Viejo), cuenta que es Isí por parte de madre y Cáceres por su padre, una tradicional familia chacarera. Es un caracterizado vecino del otro lado del Río del Valle. Durante el reportaje hizo gala de sus convicciones, a sabiendas de que sus declaraciones públicas, muchas veces polémicas, no pasan desapercibidas, especialmente en el arco político catamarqueño. Lo que sigue es una síntesis de lo que piensa sobre temas de actualidad el ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, Dr. José Ricardo Cáceres.
  -Ha propuesto ante sus pares de la Corte de Justicia el planteo de un conflicto de poderes por el recorte de 100 millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Provincial. ¿Por qué lo hizo?
  -Constitucionalmente nos dan un presupuesto y, por cierto, el PE no lo puede tocar, eso está claro. Únicamente la Legislatura podría hacerlo, pero ya lo enviaron con 100 millones menos. Y demandamos a la Legislatura en el sentido de que, bueno, vamos a colaborar, pero déjennos 50 millones para poder funcionar, pero el tema fue cajoneado y (la Legislatura) no dijo nada. En consecuencia, quedó la quita de los 100 millones que realizó el Poder Ejecutivo, actuando contra la ley en el sentido de que (al presupuesto) no lo puede tocar, eso es doctrina conocida y reiterada por todo el mundo y fundamentalmente en la Argentina. Más en estos momentos en los que se habla de las reformas judiciales y una de las reformas que se prevén en el marco de la Justicia es que tenga un presupuesto que no se lo puede tocar. En Catamarca hemos logrado la autonomía presupuestaria, en el más amplio sentido del término, que es: no solamente hacer el presupuesto, sino también administrarlo, reasignar partidas y todo el excedente pasarlo para adelante. Se logró que nosotros nos diéramos nuestros propios aumentos en base al presupuesto y, en este caso, nos sacan 100 millones y nos dejan atados de manos. Esto surge también, y es nítido, de un acuerdo tácito, o no tácito, del PE y los legisladores. ¿Por qué? Porque antes, el PE nos llamaba y consensuábamos, de manera que no se planteaban conflictos de poderes. Sí los hubo en otras épocas, en otros gobiernos, donde en la práctica se dieron conflictos de poderes muy duros con el PE. Pero acá vemos que elevan el presupuesto sacándonos 100 millones, ¡y el dinero que nos sacan a nosotros va para los legisladores! Aumentando más el presupuesto de ellos.
  -¿Podría interpretarse lo que pasó como que la quita en el presupuesto del Poder Judicial para engrosar el del Poder Legislativo se da en un año electoral y la Legislatura es una herramienta política?
  -Yo no entraría en esa deducción. Pero está claro que le aumentaron el presupuesto, por más que digan otra cosa…y nos merman a nosotros. Sobre el hecho consumado, ahora hay que ver los medios legales para restaurar la problemática planteada en nuestro presupuesto. Y hay una figura jurídica que parece como si fuera un enfrentamiento, pero es una de las formas de conflictos de poderes que se han planteado siempre.
  -Ahora bien, Usted le propone al pleno del tribunal el conflicto de poderes. ¿De qué manera se tiene que expedir el pleno: de forma unánime o por mayoría?
  -Obviamente que no lo puedo hacer yo, porque no soy el Poder Judicial, soy un miembro de la Corte de Justicia. Sí, habiendo mayoría se lo puede plantear. Incluso puede haber una conciliación. Está el caso de la provincia de Santa Cruz: ellos hicieron una acordada a través de la cual dejaron expresado cuánto les tenían que dar de presupuesto y, cuando no les dieron, la Dra. Baccarini elevó la protesta a la Federación de Cortes de Justicia, recomendando que no le saquen el presupuesto y allí utiliza el término de "conflicto de poderes” cuando dice: "El reducir inconsulta e injustificadamente el presupuesto presentado conforme a ley, impide el normal funcionamiento y provoca una intromisión ilegítima de un poder del Estado provincial, al tiempo que resulta reprochable”.
  -Cuando alude a la posibilidad de una conciliación, ¿una marcha atrás del Ejecutivo podría dejar sin efecto el planteo de conflicto de poder?
  -Mire, el problema no es dar marcha atrás o no dar marcha atrás. Tampoco pasa por el dinero sí o dinero no. Hay que respetar la facultad que no se puede tocar ese dinero del presupuesto. Por supuesto, queda claro que si no hay dinero suficiente en la Provincia, pues entonces tendremos que entrar en el terreno de las negociaciones; no hay problema de sentarnos a consensuar si hubiese una emergencia económica, pero el hecho está en que si nos sacan a nosotros para darles a otros, quiere decir que el dinero no falta.
  - Entendemos que ustedes reclaman lo que consideran justo les pertenece, sin entrar en comparaciones que pueden resultar odiosas con otro poder, en este caso el Legislativo. ¿Es así?
  - El Poder Ejecutivo no lo puede tocar a nuestro presupuesto, porque ahí está el nudo del conflicto: se atribuye facultades que no las tiene; esto es elemental. Lo que tendría que haber hecho el Ejecutivo si quería recortarnos el presupuesto, en última instancia, es haber elevado un pedido a la Legislatura, porque es la Legislatura la que nos puede sacar parte del presupuesto fundadamente y con nuestra participación, cosa que no existió. Ese es el problema: queremos que se nos reconozca nuestras facultades presupuestarias. En Catamarca, salvo este bache, se vino haciendo de consensuar los presupuestos para que alcance dentro de precariedad existente. Nosostros nos movemos en un marco de austeridad: un ejemplo es la Policía Judicial, para la cual nunca le compramos un auto. Ahora, debo decir, a mi entender, que hay un problema: hay como un poco de envidia o algo por el estilo, cuando se dice que no puede ser que en la Justicia se gane tanto. Y esto empezó cuando junto al Dr. Oviedo le dijimos a Arnoldo Castillo, antes de aceptar ir a la Corte, "no vamos a ir a la Justicia a administrar, entre otras cosas, los magros sueldos que tienen los jueces” y planteamos que tendría que haber un aumento. La respuesta fue positiva y se decidió el incremento de un 3% por antigüedad para los jueces, de manera tal que pasamos a ganar más que el gobernador. Recuerdo que al poco tiempo, durante el gobierno del Frente Cívico,  (Oscar) Oyarzo y Pablo Sánchez nos denunciaron penalmente al Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado porque estábamos cobrando más que el gobernador. Es decir que el problema nuestro, particularmente en materia de sueldos de los jueces y de todo el Poder Judicial, siempre estuvo. Lo que sí cabe agregar es que los sueldos en Catamarca, tanto de los empleados como de los magistrados, que parecen altísimos, están en la media a nivel nacional, e incluso algunos señalan que un poco menos que la media nacional. Parece mucho lo nuestro porque los otros cobran poco y lo bueno sería que no se nivele para abajo, por el contrario. Y en esto, la culpa no es nuestra. Es cierto que ganamos mejor, con una clara diferencia con otros sectores; se debe reconocer que son muchos los que ganan menos, en especial en el marco de los municipios. Ahí tienen a los bancarios, que con los últimos aumentos llegaron a un sueldo mínimo de 25 mil pesos. Debo señalar al respecto que cuando vino el ministro (Ricardo Aredes) de Hacienda, le hicimos notar que estaban pagando el 40% del sueldo en negro, algo que no corresponde. Nosotros pagamos todos los sueldos en blanco, por eso se fue el presupuesto un poco más arriba.
   -Sostiene en su pronunciamiento que lo hecho por el PE genera un estado de inseguridad jurídica y financiera al Poder Judicial. ¿Tan grave es?
  -Claro. Porque no hay previsibilidad. Lo que tenemos nosotros ahora es un remanente del 13% y no nos permitiría la creación de nuevos cargos que ya están presupuestados, como por ejemplo otras secretarías para las fiscalías que están aprobadas; hay un concurso que este año no lo podemos hacer, entonces esto nos afecta financiera y funcionalmente. Pero insisto: lo esencial es que se nos reconozca la facultad propia de nuestro presupuesto.
  -A todo esto: ¿tiene razón la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, cuando su presidente, Miguel Ángel Contreras dice que respalda el reclamo del Poder Judicial pero a su vez objeta de por qué el planteo no se realizó en otras épocas?
  -No es así. Demuestra una ignorancia clara el Dr. Contreras. Con el que más planteos de esta naturaleza tuvimos fue con el gobierno de Oscar Castillo. El más grave durante la gestión de Oscar Castillo fue cuando era ministro de Gobierno (Pedro Rodolfo) "Peter” Casas: de la noche a la mañana, nos enteramos por la prensa que el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto para que pase la entonces cárcel a la órbita del Poder Judicial. Ahí nomás sacamos una acordada durísima rechazando la iniciativa, logrando que se frenara. Pararon el proyecto, porque si se hubiese aprobado, íbamos a seguir haciendo los planteos jurídicos correspondientes. Por lo que eso de que en otras épocas no se hicieron planteos al PE, no es verdad.
  -¿Le llama la atención el silencio legislativo sobre este planteo al Poder Ejecutivo?
  -(Sonríe) Y, se ven beneficiados. El problema es la falta de respeto a un poder. Más le digo: en este afán de la reforma judicial, un punto clave es darle al Poder Judicial un presupuesto que no pueda ser modificado. Incluso el propio (Ricardo) Lorenzetti lo dice: el presupuesto debe ser elevado por el Poder Judicial a la Legislatura; lo hizo en una reunión de jueces. Es decir que cualquier reforma que se intente, hay que darle estabilidad económica a la Justicia para otorgarle independencia judicial. No puede haber independencia judicial si no tiene sus fondos propios.
  -Pasando a otro tema: ¿en qué cambió elevar de 3  a 5 el número de miembros de la Corte de Justicia?
  -Se puede administrar mejor; estamos viendo si se hacen salas nuevas o no. No hay atrasos y aquí también hubo una operación desde la Legislatura cuando denunciaron que teníamos miles de causas atrasadas; y no era así.
  -Usted no estaba de acuerdo con incrementar el número de los miembros de la Corte.
  -Fue por un problema legal. Dije sí, pero mejor si hacemos salas, pero también opiné que el asunto podía esperar, que había que dejarlo para otro momento porque hay otras prioridades que tiene la Justicia, que son muchas. Cinco creo que es el número correcto. Otra cosa que nos critican los legisladores es que cómo puede ser que nosotros ganemos más que ellos. Creo que la cuestión no pasa por ganar más o menos que otros, primero: nosotros somos full time, ellos no, recordemos que a veces iban algunos médicos a las sesiones con la chaquetilla para volver a su actividad profesional y segundo: acá se necesitan títulos; a los senadores y diputados ni el carnet de conductor se les pide. Creo que son cosas que justifican la diferencia.
  -Una pregunta que tiene que ver con el contexto social. Se admite desde todos los sectores que vivimos en el marco de una sociedad violenta. ¿Esta situación expone a la Justicia ante la opinión pública por la recurrencia de los hechos, algo que no se daba en otras épocas?
  -Estamos en una sociedad violenta. La misma televisión nos entrega a diario ciertos paradigmas de violencia que, por otra parte, existen, no se puede negar. Después, hay otros motivos fundamentales. Uno es la exclusión social, porque cada vez más se acentúa el hecho de una sociedad consumista a la que no le alcanza ningún aumento salarial; esa actitud consumista le va creando a la sociedad nuevas necesidades: hoy los chicos quieren el último teléfono celular y ahí nomás aparece y bueno, son muchos los que no llegan a tenerlo. Luego, está la penetración de la droga, algo terrible. La mayoría de los hechos violentos son producidos por gente que está drogada, gente que en ese estado no mide las consecuencias. Antes también se cometían delitos, pero ahora son más violentos porque se roba y se ataca para poder obtener la droga. Hay un contexto generalizado de violencia.
  -Desde el peronismo, en más de una oportunidad, se le endilgó ser un militante del radicalismo en el Poder Judicial. ¿Qué opina?
  -Que no es así. Cuando entré a la Justicia lo primero que hice fue cancelar mi ficha de afiliación partidaria.
  -Perdón por la interrupción: ¿cuándo entró a la Justicia?
  -Entré en el gobierno de (Hugo) Mott y cuando vino Ramón Saadi me sacaron, yo era camarista. Hace 25 años que estoy en la Corte. Volviendo a la anterior pregunta, es falso que un juez no pueda tener ideología política, un claro ejemplo fue el exintegrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (Eugenio) Zaffaroni, un hombre militante durante el kirchnerismo, abiertamente. Una cosa es tener una ideología política y otra que ello se traduzca en los fallos, de eso se trata. Yo no voy a fallar por el color político, sea cual fuere. (Carlos) Fayt, por citar otro caso, fue socialista toda su vida y jamás lo escondió. Dejé de ir a los actos partidarios y nunca fui a los cumpleaños de Oscar Castillo, de quien soy amigo y pariente además; quise evitar precisamente que luego se comente mi presencia en una reunión social que, por otra parte, no tiene nada de malo.
  -Se ha dicho y se ha escrito en reiteradas oportunidades que la Justicia es fuerte con los pobres y genuflexa con los poderosos.
  -Es un problema de vieja data. Viene del Derecho romano, los romanos decían que la Justicia es la que le conviene al más fuerte. Pero más allá de las consideraciones, la Justicia debe ser justa sin tener en cuenta que sean pobres o poderosos. En nuestra Corte se ventilaron numerosos juicios políticos, tales los casos de Gómez Bello o Cano; hasta la fiscal general tiene un sumario. No distinguimos, como Corte, determinados posicionamientos sociales o políticos; me gustaría que digan a quién está protegiendo la Justicia. Le puedo garantizar que a nadie.
  -Ahora está el jury de enjuiciamiento en contra del fiscal de Instrucción Nº 9, Roberto Mazzucco.
  -El jury se inicia por denuncia de la Corte, al margen de que hay otras denuncias. Eso demuestra que no protegemos a nadie, como le decía. Porque tenemos en claro que, antes que nada, nos corresponde dar el ejemplo.
  -Le preguntamos al ciudadano José Cáceres: ¿Cómo ve a la Catamarca actual?
  -En ese carácter, de ciudadano, creo que Catamarca no avanza como avanzan otras provincias y creo que uno de los problemas que tiene la Provincia es el excesivo nombramiento de empleados públicos; también otro inconveniente fue cuando se cayó la Ley de Promoción Industrial, fue un golpe duro porque aquí no abundan las fuentes de trabajo genuino. Otra cuestión es, como le decía hace algunos minutos, los bajos sueldos de muchos sectores laborales, de manera especial de los municipios del interior. Por eso insisto en la necesidad de nivelar para arriba cuando se habla de los salarios.
  -¿Y cómo ve la situación del país?
  -El país atraviesa un estado de transición muy complejo, muy duro. Pero no quiero abundar en detalles respecto a la situación del país, porque sería entrar en un análisis político y no me gustaría hacerlo.
  -¿Y qué dice cuando escucha que la Justicia es corrupta, sin caer por supuesto en la muletilla de "meter a todos en la misma bolsa”?
  -Considero que la Justicia no escapa a las generales de la ley: estamos en un país corrupto. Dígame una institución que no esté sospechada por actos de corrupción, sea por pedofilia o por lo que sea. Entiendo que no es (la Argentina) un país con corruptos, sí un país donde la corrupción se ha convertido en algo normal, increíblemente y lamentablemente.
  -¿Qué les dice a los que le apuntan con el "si ya está en condiciones de jubilarse, que se vaya”?

  -Es una utilización que han hecho para intentar desprestigiarme. Me critican a mí y nombran a otros que ya están jubilados, como es el caso de Dusso. Por más que legalmente me corresponda, nunca voy a hacer un planteo por cobrar además la jubilación; he renunciado a ese beneficio. No puedo pretender las dos cosas porque, reitero, nuestros sueldos son buenos y por una cuestión de ética.

Por Kelo Molas