Los gobiernos de Australia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Chile y México confirmaron que “desconocen los resultados del proceso eleccionario en Venezuela” al considerar que “no contó con las garantías” que requiere y que fue convocado “por una ilegítima Asamblea Constituyente”.

La decisión fue confirmada por los cancilleres de Argentina (Jorge Faurie), Chile (Roberto Ampuero), México (Luis Videgaray Caso) y Canadá (Jonathan Fried), y el vicesecretario de Estados Unidos (John J. Sullivan) durante una rueda de prensa en la plaza seca de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a la Plaza San Martín.

“Hemos entendido un grupo de los países que formamos parte del G20 que no podíamos mantener este encuentro sin hacer referencia a los resultados del acto eleccionario de Venezuela”, anticipó Faurie al hablar durante un alto en las reuniones que tienen lugar durante la Asamblea de cancilleres del G20.

Al respecto dijo que se siguió “con mucha atención” el proceso electoral del domingo y leyó un documento redactado en conjunto por los países firmantes.

“Los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Chile y México (...) desconocen los resultados del acto eleccionario convocado por una ilegítima Asamblea Constituyente”, afirmó Faurie al leer el documento.

Según los países firmantes no hubo “garantías” que permitieran un acto eleccionario transparente y “esta elección ilegítima es una clara afirmación de la interrupción democrática en Venezuela”.

En una declaración, leída por Faurie y acompañado por su pares de esos países, con excepción de Australia, se señaló que los comicios “no han contado con observación internacional independiente ni con garantías” como para que el proceso “pueda ser aceptado como libre, justo, transparente y democrático”.

El documento, titulado “Declaración sobre Venezuela”, expresa que los países que adhieren al pronunciamiento entienden que “esta elección ilegítima es una clara reafirmación de la ruptura de la institucionalidad democrática” en ese país.

Por ello y ante este resultado, anticiparon que “considerarán posibles medidas políticas y económico-financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando en ello no afectar al pueblo venezolano, que es la primera víctima de esta ruptura de la democracia venezolana”.

Reafirmaron que “la solución a la crisis de Venezuela debe ser alcanzada de forma pacífica y con el protagonismo de los propios venezolanos” y que “la comunidad internacional debe realizar su contribución a ese fin, impulsando acciones e iniciativas que permitan restaurar la democracia y el respeto de los derechos humanos en ese país”.

Se señala que “la crisis humanitaria –de orden social, económico y de salud- en Venezuela se ha agravado y profundizado de manera alarmante, ratificada por el creciente éxodo de los venezolanos que abandonan su país”.

Indicó que “más de 900.000 venezolanos han emigrado a diferentes países de nuestra región y esta situación de emergencia constituye una amenaza para la estabilidad y seguridad regional en lo sanitario-epidemiológico, migratorio, alimentario, social, educativo” y de otros órdenes, indica.

Ante esta situación, “los países de la región trabajamos en forma activa, junto a socios extrarregionales, para hacer frente a esta dramática crisis de un pueblo hermano”.

Los gobiernos firmantes del documento instaron por último “al régimen autoritario de Maduro a abandonar la indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo, reconociendo la crisis y, ante todo, estableciendo un canal humanitario que permita, sin demoras, recibir ayuda de la comunidad internacional en alimentos y medicinas que son las necesidades cruciales de esta hora del pueblo venezolano”.

Por último, cerró la lectura del documento diciendo: “Nuestros gobiernos instan al régimen autoritario de maduro a que reconozca la crisis y a que establezca un canal humanitario de alimentos y medicinas”.