Columna Política
Que en los tiempos que vienen vaya a existir un padrón único para aspirantes a una vivienda familiar es una muy buena noticia. Esa es la intención, por ahora diáfana y excluyente, de las autoridades del Instituto Provincial. También sería una orden inapelable de la gobernadora. Su ejecución terminaría, quizá para siempre, con históricas injusticias que se provocan desde la clase política y que, paradójicamente, al final se vuelven en contra de los propios políticos. ¿O no es eso lo que ocurrió con la administración anterior, repudiada en las urnas por la inmensa mayoría de los que fueron tachados o desplazados de las listas originales?
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El padrón único, teóricamente, va a incluir a todos los aspirantes. Es decir miles y miles de personas, que serían ordenadas de acuerdo a estudios socio-económicos y la antigüedad del pedido. Una vez completado se publicará en los medios de comunicación y, con acceso al mundo entero, en la web. De manera tal que Juan o María sabrán en qué puesto se encuentran y esperarán el turno sin que haya ninguna sorpresa desagradable. El tema así enunciado parece simple, pero no lo es tanto. Los políticos en general, ministros, diputados, intendentes, concejales o punteros nunca pierden la tentación de cometer una transgresión sin saber, posiblemente, que ese “favor” que los deja tranquilos en lo personal es perjudicial para el gobierno que representan. ¿Podrán las nuevas autoridades “ipevianas” frenar las embestidas que, por ejemplo, no pudieron frenar los radicales? Difícil, muy difícil, pero no imposible.
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Mientras esperamos el padrón único, a modo de reflexión, también deberíamos sugerir al nuevo gobierno que sea inflexible con el cobro a los beneficiarios, lo cual va creando un círculo virtuoso a favor de combatir la falta de viviendas que existe a lo largo y ancho del territorio provincial. La última tiene que ver con las empresas contratistas: que cobren, pero terminen con las chapuzas que vemos en todos los barrios.
