Columna Política
En medio de la catarata de explicaciones que Lucía Corpacci ofreció el martes pasado, para mejorar la información que supuestamente debería tener la prensa, dijo “no manejo la Justicia y no he nombrado un solo juez”. Completamos nosotros la obviedad: el Poder Judicial fue conformado, desde cero, por los gobiernos de Arnoldo Castillo, Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral. La aclaración, en medio de un conflicto donde pareciera hay que aclarar hasta el grupo sanguíneo, surgió a raíz de que fue la Justicia, y nadie más que la Justicia, la que ordenó la semana pasada desalojar las rutas en Belén y Tinogasta como paso previo a la actuación de la Policía.
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Más allá del origen de un Poder Judicial que no conforma enteramente, hay que decir las cosas por su nombre. El conflicto minero que, con el paso de los años, tiene idas y vueltas, nunca fue abordado por los jueces con la seriedad que merece. Sus consecuencias, por no hacer algo, las estamos viviendo ahora. La virtual ajenidad con relación a los hechos concretos, en la práctica, han convertido a la Justicia en cualquier cosa menos lo que debe ser: un poder del Estado. Los amagues y definiciones abstractas de los últimos 15 días, por parte de las más altas autoridades judiciales, no sirvieron para distensionar. Por el contrario: tuvieron los efectos de un aval para el delito de cortar las rutas.
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El comportamiento judicial, sin embargo, viene de mucho más atrás. Por caso, la idea de plebiscitar la cuestión minera pudo ser resuelta por la Corte y no se hizo nada, a pesar de que un juez blandió la idea de hacer algo que, hoy, ya sería imposible de ejecutar. También los antimineros alguna vez presentaron un amparo, cuya resolución fue largamente demorada e impidió que se discutiera entre las partes, en la propia Justicia, el impacto ambiental que divide las aguas. Por éste y otros casos que comentaremos, es hora de preguntar sin ambages cuál es el real grado de compromiso de esta Justicia.
