Columna Política
Después de memorarse el segundo aniversario de la rebelión antiminera, las conclusiones del acto de Andalgalá resultan ciertamente auspiciosas. Tal como lo explicamos en nuestra edición de la víspera hubo mucha tensión, pero el alto criterio de los bandos en pugna hizo posible que la jornada terminara en un clima de paz y, detrás de él, se apreciara claramente que hay buenas razones para dialogar. El fundamentalismo del año 2010, por varios motivos, ha disminuido y resultó vital para evitar un choque entre catamarqueños que, por distintos caminos, persiguen un mismo objetivo: la seguridad y el progreso de Andalgalá.
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El discurso de la gobernadora, garantizando que los controles serán públicos y las empresas mineras deberán observar un comportamiento diferente del que tuvieron con el radicalismo a lo largo de 15 años, tuvieron alta incidencia en la decisión de la gente. Muchos andalgalenses de buena fe comprendieron que, con responsabilidad, se pueden desarrollar los proyectos y, paralelamente, cuidar el medio ambiente. Una marcha que se preveía agresiva y multitudinaria terminó tranquila y el sector antiminero pudo expresar sus motivaciones, válidas por cierto, sin que el odio y la ceguera hayan nublado la razón. No marcharon 2.500 ó 3.000 personas como habían estimado algunos, pero los 400 ó 500 que sí lo hicieron son catamarqueños y deben ser escuchados.
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Las diferencias no solamente se achicaron en el pago chico. También hubo consenso de los sectores en pugna sobre la actuación de la Justicia, que dejó mucho que desear. La cuestionaron desde los dos lados y quedó flotando la sensación de que, más que aplicar Justicia, los fiscales fueron a contemporizar. ¿Se puede pedir el fin de los cortes selectivos y autorizar los generales? No, de ninguna forma, porque cualquier corte se convierte en un delito. Sin embargo, en menos o en más, esa fue la postura de la Justicia durante la tarde-noche del miércoles, aparte de no garantizar seguridad a nadie (?).
