Columna Política
El conflicto por la minería, que definitivamente no es de Catamarca sino del país entero, ha vuelto a poner sobre el tapete la absoluta falta de compromiso de la Justicia. Anteayer referimos, por solo dar un ejemplo, las oportunidades que como poder del Estado tuvo para contribuir a clarificar la puja entre pro y anti que, para bien de Catamarca, es necesario que (a la puja) la conozcan todos y a fondo. Si, como destino irrenunciable, vamos a ser una provincia minera, qué mejor que el cocimiento generalizado para que a nadie le queden dudas por qué se eligió esta alternativa económica. Para el Poder Judicial de Catamarca estas cosas parecen ser ajenas. Utilizando circunloquios que irritan, ha preferido ralentizar todos los procesos antes de capitalizar las chances de realizar aportes que pudieron ser muy importantes.
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También las cuestiones políticas son para la Justicia, y especialmente para la Corte, como tomar una brasa con la mano. El caso más patético se dio con el complicado proceso que, en los últimos tres años, se vivió en el municipio de San José (Santa María). Allí, la ex intendenta Mónica Hernández planteó un conflicto de poderes luego de haber sido destituida por los concejales que, a su vez, eligieron entre ellos al sucesor. Cuando la marcha institucional de la comuna “era un barco a la deriva”, más de un año después, la Justicia de Catamarca dictaminó que Hernández fue mal destituida. En lugar de solucionar la crisis, la ahondó.
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La ex intendenta, al volver a su cargo, trasladó sus iras contra el concejal que la había reemplazado: Pedro Lagoria. Hizo lo posible y consiguió que no reasumiera su banca. Esta vez, como era de prever, fue Lagoria quien reclamó a la Justicia que le devolvieran “su ropa” de concejal. El 10 de diciembre pasado terminó el mandato sin lograr el objetivo, de total legitimidad para cualquier leguleyo. Pero la Corte local tiene sus cosas: el 30 de diciembre comunicó el fallo favorable a Lagoria. Increíble, pero cierto.
