El robo de niños fue un efecto de la política de desaparición de personas

Ampliar Foto

Martín Niklison es el fiscal del juicio por el plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura. Próximo a entrar en la etapa de alegatos, Niklison repasa en esta entrevista algunos ejes que surgieron del juicio que permitió por primera vez reunir 34 casos para la fiscalía y 35 para la querella. Entre otras cosas, explica por qué cree que la idea del robo de niños no surgió el 24 de marzo de 1976 sino que fue un efecto de la política de desaparición que obligó en determinado momento a poner en marcha el robo de niños. Habla de los jefes del Plan: Jorge Rafael Videla, Rey-naldo Bignone y Jorge “el Tigre” Acosta, entre otros; de la Iglesia y el rol que efectivamente cumplieron “montones” de “obispos, adjuntores y capellanes” que entregaron información a las familias y muestran que tuvieron “acceso a la información”. Habla de los documentos desclasificados y de la “importantísima” declaración del entonces funcionario norteamericano Eliott Abrams, que dijo que Estados Unidos sabía del robo de bebés y sugirió que intervenga la Iglesia: “Esto demuestra que el gobierno norteamericano quería que no los eduquen (a los chicos) de familias comunistas, por eso se lo bancaron. Y segundo, se ve en el memorándum que con los desaparecidos están, pero los chicos son un tema que les hace ruido”.

–¿Cuál es la imagen del juicio que más le impactó?
–Al principio hubo algunas muy fuertes, pero la declaración de Victoria Montenegro fue muy importante. Sabía lo que iba a decir, pero me pareció una persona que podía llorar y reírse, y contar su fanatismo por el militar que la apropió y decir lo contrario. Pudo manejar el drama, contarlo cuando dos o tres años antes seguía sosteniendo que era María Sol Tetzlaff. Fue importante cómo se animó a denunciar al fiscal Juan Martín Romero Victorica. Ella no sabía qué hacer. Yo le dije que hoy había gente en la Justicia que no quería tapar esas cosas. Otra faceta fueron las Abuelas. Uno escuchaba a la abuela de Paula Logares, Elsa Pavón, entrar y salir y buscar a su nieta como en una historia de detectives. Me baso en pensar que el poder las subestimó: nunca pensó que estas mujeres iban a hacer todo eso. Cuando ellas hacen esto, lo normal hubiese sido que nunca hubiesen podido averiguar casi ningún dato, y por eso en definitiva en el Juicio a las Juntas se probó sólo el caso de los hermanos Gatica, porque no se pensaba que ellas iban a tener el tesón que tienen hasta hoy. La dictadura tenía la certeza de que no los iban a descubrir. Por eso en el documento final de la Junta, el que ordena la autoamnistía ni menciona el tema de los chicos. Lo hacen pese a que hay un plateo de la APDH para que intervenga la Iglesia. Y está ese otro planteo que ahora nos enteramos que hace Abrams por el lado de Estados Unidos.

–Dice lo mismo: que intervenga la Iglesia.
–Y ellos deciden no hacerlo con la confianza de que esto nunca iba a saltar. En el documento desclasificado hablan del problema de sacarle los chicos a las “familias adoptivas”. También eso es importantísimo porque muestra que en algún lugar todavía hay documentación y la deben tener. No puedo creer que hayan prendido fuego o no hayan microfilmado a quién le dieron cada chico.

–Al comienzo del juicio, se dijo que la sucesión de casos iba a permitir ver el plan sistemático. ¿Qué se vio?
–La fiscalía tiene 34 casos. Sabemos que hay más. No sólo por las denuncias sino porque hay montones de condenas y sin embargo no forman parte del juicio. Pero estos casos fueron elegidos por los lugares donde se dieron: dentro de Buenos Aires, y a lo mejor es que el tema de los chicos se concentró acá aunque hubo casos en Córdoba, en San Juan o Santa Fe y alguno en otro lugar.

–¿Los otros serían casos aislados?
–Pareciera que el grueso se dio acá. Hubo dos casos de este juicio de embarazadas que trajeron desde Córdoba. Pero por las declaraciones, para mí en Córdoba se dieron todas las situaciones: hubo a quienes se les devolvieron los hijos, hubo embarazadas fusiladas y algunos testigos hablan de la resistencia de los médicos de allá a prestarse para partos de mujeres secuestradas. Esa sería la explicación de por qué traen a la ESMA a María del Carmen “Pichona” Moyano de Poblete, por ejemplo. También hubo un caso con condena en el Hospital de Paraná el año pasado y se dijo que podría haber otros. Pero cuando se hizo la denuncia original de esta causa, hace 16 años, se eligieron estos casos y tiene su lógica.

–¿Qué características tienen en común?
–De los 34 casos, 33 madres desaparecen. Sólo queda viva Sara Rita Méndez, que la devuelven a Uruguay pero entregan a su hijo acá. Y desaparecen 32 padres, ni Abel Madariaga desapareció ni el marido de Sara Méndez.

–¿Qué significa eso?
–Mi idea es que cuando la madre iba a ser liberada, no le robaban los chicos. Y por supuesto la postura de la acusación no va a ser que el Ejército se convirtió en una banda dedicada a robar chicos. No es así. Hubo embarazadas a las que mataron directamente y otras perdían los embarazos en las torturas, pero en los demás casos está claro que las tenían esperando hasta que tuvieran los hijos, luego las desaparecían y en ese momento entregaban al chico. Casos de mujeres desaparecidas que hayan parido en cautiverio y que les devuelven los hijos hay muy pocos: uno en ESMA, uno en Vesubio y pareciera que dos en Córdoba, pero en general en eso hay una especie de regla.

–¿Qué pasó con los niños más grandes?
–De los 34 casos, 27 nacieron en cautiverio. Y 7 ya habían nacido, tenían entre 13 días y 4 años, como Anatole Julien, que lo llevaron a Orletti con su hermana, después a Uruguay, y los abandonan en una plaza de Chile. Creo que su edad generó el problema para entregarlo, con lo que lo llevaron a Chile para que no se supiera dónde estaban, por lo cual estaban desaparecidos. Uruguay tampoco se quiso hacer responsable.

–Una hipótesis indica que a los recién nacidos los apropiaban y los más grandes los entregaron a instituciones.
–Yo creo que ocurrió como en otras adopciones: la gente quiere adoptar un bebé recién nacido. A los chicos ya nacidos en general no los robaron. Supongo que no les sería tan práctico llevarlos a los centros clandestinos. Hay niños secuestrados en operativos que fueron devueltos y otros que no.
Alejandra Dandan - Página12

Tribunal y fiscales

El Tribunal que lleva adelante este juicio está integrado por los jueces María del Carmen Roqueta –presidenta- Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, interviniendo como juez sustituto Pablo García De La Torre. La Fiscalía actuante es la “Unidad Especial de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos” integrada por Martín Niklison; Félix Crous y Pablo Enrique Ouviña, del Poder Judicial de la Nación.

El robo sistemático

El juicio por el plan sistemático de robo de bebés contempla 34 casos de niños apropiados, la desaparición de todas las madres menos una y de todos los padres menos dos. Siete de esos niños fueron secuestrados cuando tenían entre trece días y cuatro años de edad, y los otros 27 nacieron en cautiverio. Todos fueron apropiados, la mayor parte por jefes, subordinados o allegados a hombres de las fuerzas armadas que, en general, optaron por los recién nacidos. A algunos de los más grandes los abandonaron en plazas o instituciones.
El fiscal federal Martín Niklison está a cargo del juicio y piensa que el juicio es representativo de lo que ocurrió en todo el país, entre otras razones porque la mayor parte de los robos de niños se concentraron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, por lógicas que incluyen cuestiones culturales. También cree que las maternidades “son los casos más claros del Plan, porque estaban muy organizadas”. Entre otras cosas, los traslados de embarazadas muestran una “coordinación interfuerzas y al interior de cada arma”. Las más importantes estuvieron en la ESMA, el Pozo de Banfield y el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde nacieron niños de mujeres encerradas allí o llegadas de otros campos.